Un escrito interno, enviado desde la comisión de violencia de género de Jueces y Juezas para la Democracia a la junta directiva de dicha asociación, pone de manifiesto el malestar y la división interna que existe en esta institución por la manera de afrontar los temas de violencia contra las mujeres.

La chispa que encendió la mecha fue el comunicado suscrito por Jueces y Juezas para la Democracia, junto con las otras tres grandes asociaciones de jueces (la Profesional de la Magistratura, la Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente), en el que se hacía una durísima crítica a las principales organizaciones de mujeres a las que acusaban de "atacar su independencia y de "tratar de influir en las resoluciones judiciales". Manifestaciones en las que muchos han visto un cierre de filas en defensa de intereses corporativos, sin entrar en el fondo de las posibles irregularidades o fallos que se comenten en la justicia hacia muchas mujeres que denuncian la violencia de género.

Las organizaciones de jueces respondían así a una rueda de prensa realizada el pasado 12 febrero, en la que las principales organizaciones de defensa de las mujeres (la Federación de Mujeres Progresistas, la Federación de Mujeres Separadas y Divorciadas, la Fundación Mujeres, la Asociación de Mujeres Juristas Themis, la Asociación Mujeres Opañel y la Comisión de Investigación Malos Tratos) pedían al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigara los "malos tratos judiciales" que sufren muchas mujeres víctimas de violencia machista.

En su denuncia, las organizaciones de mujeres pedían al CGPJ que investigara el porqué en algunos juzgados se llega a denegar el 75% de las peticiones de órdenes de protección de mujeres, y la disparidad que existe en la aplicación de estas medidas entre unos juzgados y otros. También denunciaban la falta de formación de los operadores judiciales en materia de violencia de género".

En su comunicado de respuesta las asociaciones de jueces afirmaban que "tratar de influir en las resoluciones judiciales a través de denuncias sistemáticas ante el CGPJ y otros organismos cuando nos son desfavorables" constituyen un ataque directo a la independencia judicial y, por ende, al normal funcionamiento de la democracia". También afirmaban que "los miembros de la carrera judicial investigan, exclusivamente, hechos presuntamente delictivos. Una instrucción penal no es sólo correcta si el imputado resulta condenado".

Duras críticas internas

En un inusualmente duro escrito remitido al secretariado de la asociación, la comisión de violencia de género de Jueces y Juezas para la Democracia manifiesta su malestar por no haber sido siquiera consultada sobre la idoneidad de participar en el comunicado conjunto, y denuncia que esta omisión "en los últimos tiempos se ha repetido", mencionando el caso de Juana Rivas.

La comisión denuncia que la participación en el comunicado conjunto "ha supuesto ubicar a nuestra asociación en la misma posición que otras [organizaciones de jueces] y presentarnos como más preocupados en no recibir quejas de la ciudadanía que en garantizar y exigir una respuesta judicial en esta materia". 

En su texto, los miembros de la comisión de violencia de género resaltan que "las asociaciones de mujeres y los fines que las justifican, son parte de la realidad social y el sentir social del siglo XXI que tenemos que tener en cuenta al interpretar el ordenamiento jurídico", y añaden que las quejas de éstas iban dirigidas al trato que dan algunos algunos jueces o juezas a algunas víctimas, "poniendo el dedo en la llaga sobre la existencia" de decisiones muy dispares en materia de protección y cautela.

Las juezas afirman que, de pronunciarse sobre algo, hubiera sido mejor hacerlo sobre la necesidad de conocer los motivos que están detrás del alto número de ordenes de protección rechazadas y la disparidad "tan vergonzante" que existe en territorios y juzgados, "que probablemente" tenga que ver con motivos "distintos de los de ejercer la jurisdicción con independencia" ya que la ley es la misma en todos los territorios.  

Resaltan que las estadísticas judiciales son una herramienta fundamental para conocer la realidad en materia de violencia contra las mujeres, exigidas en tratados internacionales, y que su conocimiento y estudio debería ser "un estímulo para repensar el quehacer judicial que deberíamos haber protagonizado", en lugar de condenar a quien se ha tomado el trabajo de estudiarlas.

Añaden que participar de la afirmación colectiva de la bondad y suficiencia de la formación de los jueces y juezas de los órganos especializados en violencia de género, es no conocer lo que motiva algunas resoluciones judiciales "manifiestamente mejorables".

El escrito da un tirón de orejas al secretariado y afirma que "tildar de sistemáticas las denuncias contra miembros del Poder Judicial" por parte de las asociaciones de mujeres, "ni es cierto, ni visibiliza los ataques a la independencia judicial que sufrimos en algunas sedes por asociaciones y grupos de hombres organizados que denominan "feminazis a nuestro juzgados o criminales prevaricadores a sus titulares". "Por ello resulta lamentable que hayáis dirigido la fuerza asociativa que da la unión contra objetivos equivocados", afirman.

La comisión pregunta retóricamente en su escrito si de verdad consideran que la mejor respuesta que pueden dar es explicar a las asociaciones de mujeres que "las decisiones judiciales son susceptibles de recurso", en lugar de averiguar si los "integrantes del Poder Judicial en órganos especializados gozan y exteriorizan una formación específica y suficiente para la mayor efectividad de los derechos de las víctimas". "Podríais haber invitado al resto de asociaciones judiciales a reclamar una formación que haga posible un enjuiciamiento libre de estereotipos de género", añade la queja interna.