Violencia de géneroDenuncian que el Estado desprotege a las mujeres ante los ataques machistas en Internet

"Se está anulando la participación política de la mitad de la sociedad" y no pasa nada. Con esta rotunda frase resumía este miércoles la abogada feminista Laia Serra el informe que acababan de presentar ante el Congreso de los Diputados: una queja en la que exigen al Estado que no mire a otro lado y asuma sus responsabilidades ante la violencia que sufren a diario las mujeres activistas en las redes sociales.

No se trata, afirma el informe, de casos aislados e individuales, sino de "ataques masivos y en muchas ocasiones organizados y son particularmente graves porque suponen la expulsión de las voces de las mujeres de Internet", afirman las autoras del informe.

El estudio, llevado a cabo por la abogada Laia Serra con Pikara Magazine, el apoyo de las organizaciones Calala y Front Line Defenders y financiado por el Ayuntamiento de Barcelona, explica que la violencias de género en línea "constituyen una continuación de las violencias con las que se enfrentan las mujeres y las niñas fuera del entorno tecnológico" y que Internet se está utilizando en un entorno de discriminación de género estructural y generalizada". 

"El uso de las tecnologías de la comunicación sin un enfoque basado en los derechos humanos y sin la prohibición de la violencia de género, ha facilitado nuevos tipos de violencias y una brecha digital", afirma el estudio.

Organismos internacionales, como el Comité antidiscriminación de las Naciones Unidas (CEDAW por sus siglas en inglés), ya reconoció en 2017 que los delitos cometidos contra la defensoras de los derechos humanos, las políticas, las activistas o las periodistas, constituyen también formas de violencia por razones de género, que son especialmente atacadas y hostigadas o incluso asesinadas, "lo que demuestra la dimensión política de las violencias en las redes sociales contra las mujeres". 

También un informe del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de julio de 2018 analizó la gravedad de la situación y la deficiente atención que se da a este tema, así como la necesidad de cambios en la respuesta dada por los Estados", añade el documento.

Silenciar la voz de la mujeres

Poco después de conocerse los resultados de las elecciones andaluzas del pasado domingo, en las que Vox entró en el Parlamento de aquella comunidad con 12 diputados, la activista y coordinadora de Facktoría Lila, Iranzu Varela, recibió un mensaje a través de twitter que decía: "Pero qué ganas tenía de tirarte este meme". En la imagen, se veía el dibujo de un hombre apuntando con una pistola junto a un cartel de Vox. No es la primera ni la última amenaza directa que recibe Varela. Muchas otras periodistas y activistas feministas han sido amenazadas directamente o han recibido amenazas hacia sus familiares e hijos, como es el caso de la colaboradora de Público Cristina Fallarás, que ha recibido insultos, amenazas personales y hacia sus hijos. 

Pikara Magazine relata también las agresiones y amenazas que reciben muchas de sus colaboradoras habituales, especialmente las que tienen orígenes gitanos, racializados, son lesbianas o trans.

"Es una violencia que está pensada para que nos quedemos calladas porque les gustamos cuando estamos como ausentes. Todas las mujeres que hemos decidido desobedecer el primer mandato del sistema patriarcal, que es quedarnos calladas y quedarnos en el ámbito de lo privado y no saltar a la escena pública a decir nada de los que pensamos ni a reivindicar ninguno de nuestros derechos, hemos sido históricamente prevenidas, insultadas, amenazadas, encarceladas, torturadas o asesinadas", afirma Varela.

A pesar del potencial de movilización social y los avances que ha supuesto para las reivindicaciones de la mujeres, las redes sociales también se han convertido en una nueva herramienta que ha servido para nuevas manifestaciones de la misma violencia machista que existe fuera de las redes.

"Consideramos que las violencias contra las mujeres activistas van en aumento y el objetivo claro es acallar nuestras voces", afirma Fiona Montagud de Calala. Y es necesario dimensional el componente político que tienen estas agresiones, porque lo que buscan es expulsar a las mujeres del debate público. Ante esta realidad, afirma el documento, las respuestas de los Estados no está siendo la adecuada, y España no es una excepción.

"El Estado tiene la obligación legal de prevenir y sancionar, de garantizar la reparación y dar garantías de no repetición. Para ello tiene que ampliar el enfoque que está dando a este tema", afirma Serra. Porque el Estado "está incumpliendo sus obligaciones internacionales. 

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Medidas legales, políticas y tecnológicas

Atajar el problema de la violencia en las redes sociales contra las activistas requiere medidas de diversa índole, pero sobre todo de voluntad política para afrontar el problema. Así la queja presentada este miércoles ante el Congreso, exige cambios importantes en las políticas públicas, pero también cambios legislativos para asegurar que los marcos legales existentes o de nueva promulgación protejan adecuadamente la liberad de expresión de las mujeres y su privacidad. 

Las herramientas del código penal siguen sin recoger la dimensión política y discriminatoria de estas violencias y que lo enmarcan en el círculo de la responsabilidad individual, en que se carga a la mujer agraviada o agredida en tener que acudir a cuerpos policiales para denunciar a un determinado agresor en línea y que no resuelve el problema, cosa que raramente ocurre, porque las denuncias no tienen consecuencias. "Las violencias en línea tienen su origen individual, pero no se acaba de reconocer que hay campañas estructuradas y políticas comunicativas diseñadas para neutralizar a mujeres y colectivos de mujeres", denuncian en el informe.

Además de éstas acciones, el documento exige medidas dirigidas a las plataformas intermediarias de Internet, que deben tener la responsabilidad de respetar los derechos humanos, incluida la prevención de la violencia de género. "Este ágora de debate político está en manos privadas con políticas de moderación de contenidos que son absolutamente atravesadas por la moralidad que la mayoría de las veces excluye los posicionamientos y los lenguajes de los feminismos", afirma Serra.

"Tenemos la obligación de defender los derechos humanos en interne y se han empezado a estudiar cosas tan variadas como el análisis con perspectiva de género de los algoritmos", concluye Serra.