Las víctimas del amianto denuncian el olvido institucional y reclaman la consideración profesional de la enfermedad

José Luís Gómez lleva más de 30 años trabajando en la planta de la multinacional Federal Mogul (antigua Honeywell). Primero en El Prat de Llobregat y después en la Zona Franca de Barcelona, Gómez, al igual que el resto de sus compañeros de la empresa, dedicada a la fabricación de pastillas de freno para el sector de la automoción, ha estado expuesto al amianto como mínimo hasta el año 2012. Así lo constata el grupo de abogados Col·lectiu Ronda, que asesora a una parte del colectivo de afectados por el amianto, y que certifica el uso del material en sus instalaciones. Gómez es vicepresidente de la Asociación de Víctimas Afectadas por el Amianto en Catalunya (Avaac), una entidad que reclama, ante todo, un diagnóstico correcto de las enfermedades cancerígenas derivadas del ejercicio profesional por la exposición al producto y posteriormente alcanzar la jubilación anticipada a razón de seis meses por cada año trabajado.

Estas reivindicaciones se producen en un contexto en el que los efectos del amianto vuelven a estar en la agenda política. A mediados de noviembre, se aprobó que los presupuestos generales del Estado destinen 25 millones de euros en concepto de un fondo de compensación para las víctimas. Paralelamente, la Generalitat de Catalunya reanudó a mediados de diciembre la actividad de la Comisión para la Erradicación del Amianto. A pesar de estos avances, Avaac cree que las administraciones todavía no han afrontado la responsabilidad hacia las víctimas. "La Seguridad Social y las mutuas se pasan el balón y el conflicto termina resolviéndose en el ámbito judicial", lamenta José Luís Gómez.

El vicepresidente del Avaac recuerda que en Catalunya existían dos zonas focalizadas con una concentración alta de amianto: la histórica Uralita en Cerdanyola del Vallès y Rocalla en Castelldefels, donde se fabricaba el material hasta los años 90 y estaban ocupadas 600 personas. Antes del cierre de Rocalla, ésta fue absorbida por Uralita. "En nuestra empresa se fabricaban las pastillas de freno del metro de Barcelona", recuerda Gómez para ejemplificar la presencia del producto en los espacios públicos. De hecho, un estudio -elaborado por CCOO Catalunya en 2019- detectó que un 36,5% de los 802 trabajadores del metro en ese momento tenían afectaciones a consecuencia de la exposición al amianto.

La lucha por el reconocimiento

Entre estas afectaciones, la principal es el mesotelioma pleural, un tipo de cáncer no demasiado frecuente, en el que las células cancerosas atacan a la pleura (una membrana que rodea a los pulmones). Desde la asociación de afectados, insisten en que esta enfermedad se produce de forma exclusiva por la exposición reiterada al amianto. Ante esta evidencia, José Luís Gómez plantea la necesidad inexorable de reconocer como enfermedad profesional estos episodios, tal y como reclama la Unión Europea (UE) en una comunicación de octubre del año pasado.

Después de haberse aprobado el fondo de compensación, Avaac pone como ejemplo las actuaciones llevadas a cabo en Francia, donde se han destinado 350 millones de euros a las víctimas del amianto y las ayudas también orientan a la indemnización, no sólo a la compensación. "Está demostrado que la asbestosis que genera el contacto con el amianto es peor que la silicosis ocasionada por el trabajo en las minas. Por tanto, necesitamos que cualquier patología derivada de nuestro trabajo nos otorgue una jubilación anticipada con 50 años", explica José Luís Gómez.

La falta de reconocimiento de las víctimas es otro de los lastres que va arrastrando el colectivo. Así, la asociación admite que resulta casi imposible cuantificar la cifra de muertes o afectados por la exposición al material, mientras que la Seguridad Social tan sólo reconoce un 1% de las víctimas. Gómez describe la situación de una forma ilustrativa. "Se crean procesos judiciales largos, en los que están involucrados las empresas, la Seguridad Social y las mutuas, donde nosotros nos encontramos totalmente indefensos".

La ausencia de un censo de edificios

Ante el anuncio de la Generalitat de reactivar la Comisión para erradicar el amianto, José Luís Gómez se muestra prudente. "Se trata de una declaración de buenas intenciones, ya que todavía no se ha establecido un calendario para determinar el censo de edificios con amianto en Catalunya". Finalizada la reunión con la que se reanudó la actividad de la Comisión, la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, declaró que ésta es "una herramienta de transformación para trabajar en la mejora de la calidad de vida de los trabajadores y trabajadoras, de las familias y de los vecindarios afectados por el amianto y solucionar un grave problema de salud pública". El órgano se ha propuesto la eliminación total de este material en Catalunya en 2032, el año límite fijado por la UE. Antes, en 2028, se compromete a limpiar aquellos edificios o infraestructuras de carácter público, tales como hospitales o centros escolares. Aunque la Comisión admite que actúa en la elaboración de un censo de los edificios afectados y de los productos que contienen amianto, fuentes de la Generalitat consultadas por este medio no han querido concretar ninguna fecha sobre la publicación del documento.

Mientras, las víctimas alertan del agravio comparativo que sufren en relación con otros colectivos profesionales como los policías locales, que pueden beneficiarse de la jubilación anticipada por el riesgo que han soportado durante su vida laboral. "Estamos de acuerdo con estas medidas, pero las administraciones deben ser conscientes de que nosotros hemos estado expuestos hasta finales de 2002 y mantendremos el peligro durante el resto de nuestras vidas". Hace 20 años que se prohibió la utilización del amianto, aun así entre 1960 y 1990 se consideraba una joya como material de construcción por su resistencia, flexibilidad y bajo precio.