La marea de pellets que inunda buena parte de las playas de Galicia revela un problema de incapacidades políticas. Más allá de la inacción del presidente de la Xunta –que a pesar de conocer el vertido desde mediados de diciembre y tardar más de 20 días en emitir una alerta ambiental–, la contaminación del litoral pone de manifiesto que Europa no está preparada para afrontar este tipo de catástrofes, al menos desde el punto de vista normativo. Tanto es así que Bruselas no dispone de una legislación específica para atajar el problema de los pellets.

"Actualmente no hay una norma que regule específicamente estos vertidos", denuncia Xavier Curto, biólogo y coordinador de la ONG europea Surfriders, que lleva años presionando para que Bruselas apruebe un reglamento específico sobre pellets. "A diferencia de lo que puede ocurrir con otros vertidos de plástico, en estos casos siempre es un origen industrial. Es decir, para reducir la presencia de colillas en las playas sobre todo se trabaja en mejorar la conciencia ciudadana, pero con los pellets hace falta una normativa que regule la cadena de valor, que imponga medidas preventivas a las empresas para evitar vertidos y que las obligue a responsabilizarse de los mismos", agrega el ecologista.

En los últimos años, Europa ha impulsado y mejorado sus normativas y directivas europeas sobre consumo de plásticos. La última directiva, la cual fue asumida por España en 2022, sí estrecha el cerco sobre los microplásticos, pero sólo con prohibiciones específicas sobre productos de consumo determinados, como pajitas, bolsas, tapones y otros recipientes. De esta forma se atajaba tan solo la cara visible del problema, dejando fuera del marco regulatorio a los compuestos de pellets, de tamaño diminuto, que se emplean para fabricar todos los plásticos del mercado.

"La principal forma de transportar plástico actualmente es en forma de pellets o granos. Son compuestos pequeños que ocupan menos y que, al ser termoplásticos, al llegar a destino se les da la forma que se desea con calor. Es decir, una empresa compra los pellets y con ellos fabrica un envase de una forma concreta", explica Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción.

Pese a ser una práctica común en la industria, el transporte no se acoge a una regulación concreta que dicte, entre otras cosas, qué cantidad de pellets puede llevar un barco, un tren o un camión o cómo informar sobre pérdidas y fugas. Dicho de otro modo, se transportan por mar y tierra como si fueran alimentos, y sin tener en cuenta que contienen estabilizadores químicos con impactos ambientales y con ciertos niveles de toxicidad. 

Ethel Eljarrat, directora del Instituto de Diagnóstico Ambiental y Estudios del Agua (IDAEA) del CSIC, destaca la "contaminación química" de este tipo de pellets. "Al contacto con el agua absorben otros contaminantes que están ya en el mar y añaden toxicidad. Además, con el sol y la marea se van a ir fragmentando poco a poco, y se vuelven más tóxicos ya que los animales los ingieren con mayor facilidad y penetran más rápido en sus células", valora.

Un problema que va más allá de Galicia

La petición de los ecologistas de una regulación específica sobre el uso de pellets de plástico no es nueva ni nace tras la catástrofe de Galicia. Los problemas con estas sustancias son más que recurrentes, en tanto que la propia Comisión Europea reconoce que las pérdidas de pellets son la tercera fuente de contaminación por microplásticos de Europa. Cada año, según los datos de Bruselas, se pierden entre 52.140 y 184.290 toneladas en entornos naturales. 

En España, de hecho, ya ha habido un vertido de pellets que apenas tuvo impacto mediático y político. En 2018, la Agencia Catalana del Agua detectó un derrame masivo de pequeñas bolitas de plástico qe se acumularon en la playa de La Pineda, en Tarragona. Meses después, el vertido se extendió a otras zonas del litoral, con la playa de Llarga y la playa de L'Arrabassada afectadas. Desde entonces, la costa catalana ha sufrido habitualmente vertidos que llegan desde las fábricas de plástico asentadas en la zona, las cuales producen el 70% de este material en España.

En los últimos años, Rethink Plastic y Surfrider Foundation Europe han detectado vertidos importantes en El Mar del Norte, con más de 500 millones de pellets arrojados al océano, y en la Costa de Ópalo, Francia, con 8 toneladas de microplásticos contaminando el litoral.

La falta de regulación no exime responsabilidades

Aunque no haya una normativa puntual que detalle cómo transportar los pellets y que establezca un protocolo de actuación en caso de accidente, la legislación española y europea si disponen de bases suficientes para actuar. "Que no exista regulación específica sobre un determinado material no significa que no existan obligaciones legales de prevención y notificación de vertidos desde buques", valora Jaime Doreste, abogado especializado en derecho ambiental que ha representado en ocasiones a Ecologistas en Acción. 

De hecho, varios actores sociales y políticos han decidido actuar ya. Ecologistas en Acción y la plataforma Plademar Muros-Noia han presentado una demanda penal contra la empresa propietaria del buque Toconao y contra el capitán, a quién acusan de un presunto delito contra el medio ambiente y los recursos naturales. 

La Fiscalía, además, ya ha abierto una investigación al considerar que existen "indicios de toxicidad" en el vertido. Al concluir las pesquisas, el Ministerio Público podría plantear penas de entre seis meses y cinco añospara la armadora propietaria del buque, en base al artículo 325 del Código Penal que regula los delitos que atentan contra el medio ambiente. 

La propuesta de Bruselas que olvida el transporte marítimo

La presión de los colectivos ecologistas ha obligado a Europa a mover ficha. El pasado mes de octubre, la Comisión presentó una propuesta para aprobar el primer reglamento sobre vertidos y pérdida de pellets durante el transporte y los procesos de producción.

La normativa, que previsiblemente será aprobada este año, supone un avance importante y pone obligaciones a las empresas productoras y de logística. No en vano, los colectivos ecologistas denuncian que la presión de la industria del plástico ha conseguido diluir el texto del reglamento y dejar fuera el transporte marítimo, así como eximir de auditorias a las compañías que produzcan menos de 1.000 toneladas de pellets.

La ONU busca una regulación

Ana Barreira, directora del Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), pone el foco en la falta de una regulación internacional para el transporte marítimo de este tipo de materiales. "Es un tema que lleva tiempo trabajándose desde la Organización Marítima Internacional (OMI), pero todavía no hay un convenio específico que ponga normas para el transporte de pellets", indica la jurista.

"Igual que hay normas sobre cómo se transporta el petróleo, tiene que haber una norma sobre esto. Este tipo de convenios internacionales permiten reducir los accidentes. Cuando ocurrió el derrame del Exxon-Valdez se impulsó una norma internacional, primero en EEUU y luego en Europa, para obligar a los buques petroleros a disponer de un doble casco que redujera los riesgos de fuga", zanja Barreira. 

La directora del IIDMA considera que hay otras acciones que emprender, al margen de que la OMI apruebe o no el tratado internacional: "El Gobierno de España debería impulsar de forma urgente, ante la OMI, que los pellets se incluyan bajo el Anexo III de MARPOL [el convenio que establece las reglas para prevenir la contaminación por sustancias perjudiciales transportadas por mar en bultos] y la adopción de medidas en el plano internacional necesarias para evitar que se vuelvan a producir vertidos de pellets tanto en el medio marino como en tierra".