Henry Zuleta, de 39 años, alquiló en 2014 un piso de protección oficial (VPO) en la urbanización La Montaña, a las afueras de Aranjuez, en Madrid, por poco más de 350 euros al mes. Allí viven desde entonces su mujer, su hijo de 11 años y su madre, una anciana dependiente con un 75% de discapacidad que no recibe ninguna pensión al ser extranjera y no haber cotizado. "No sabía que era VPO hasta que firmé el contrato y entendí por qué me pedían tantos requisitos", explica.

Siete años después, Zuleta y otras 24 familias de la misma urbanización se han declarado "bloque en lucha" con el apoyo del Sindicato de Inquilinas de Madrid ante lo que consideran "subidas abusivas" del precio de sus alquileres, que en última instancia dependen del Banco Santander, dueño de la promoción de viviendas (14 edificios) desde su construcción en 2005.

El año pasado, en plena crisis del coronavirus, venció su último contrato de arrendamiento, aunque la familia pudo acogerse a varias prórrogas gracias a los reales decretos del llamado escudo social que el Gobierno puso en marcha para evitar "aumentos abusivos de los precios" durante la pandemia. Para esta familia fue todo un alivio, ya que la nueva empresa propietaria, Global Licata, se negaba a renovar los contratos e imponía una subida del 65% del precio, además del pago por parte de los inquilinos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), de las cuotas de la comunidad, del impuesto de recogida de basuras y de un seguro de impago, detalla a Público Zuleta.

"En total, pasaba a pagar 575 euros al mes de alquiler. Con los otros gastos superaba los 600 euros", describe el afectado. La alternativa era marcharse en medio de una pandemia y buscar un nuevo alquiler en una de las regiones con los precios de la renta más tensionados. "Nunca han querido negociar los nuevos contratos y las subidas son inasumibles, además de que sólo se comunican a través de otras empresas administradoras y por correo electrónico", lamenta el afectado. Para su familia, con "dos salarios mileuristas" y un elevado gasto en medicamentos y cuidados para la abuela, la situación económica era difícil de asumir. Decidieron resistir.

Según explican los afectados, la empresa propietaria de las casas ha cambiado hasta en tres ocasiones, aunque siempre han sido sociedades vinculadas al banco y han mantenido las condiciones de los contratos sin poner problemas para renovarlos. Hasta que en 2020, en pleno estado de alarma, empezaron a llegar notificaciones que hablaban de nuevos contratos y, sobre todo, de nuevas condiciones.

Fue cuando descubrieron que la nueva propietaria desde 2018 era Global Licata, cuyo socio único es el banco de Ana Patricia Botín y cuenta entre sus numerosos apoderados con el fondo buitre estadounidense Cerberus. Según el Sindicato de Inquilinos, este fondo de inversión también tendría una participación en la empresa que ahora se niega a renovar los contratos.

Presiones, desahucios y abandonos

Ante la imposibilidad de negociar y con sus prórrogas a punto de expirar, Zuleta se puso en contacto con los activistas del Sindicato de Inquilinas. Le recomendaron poner carteles en el edificio para ver si esta situación se repetía con otros vecinos. Y así fue. "Creamos un grupo de WhatsApp que sumó hasta 48 familias", apunta Verónica Krumov, hermana de otro de los inquilinos de estos pisos.

Su intención es permanecer en las viviendas sin firmar nuevos contratos hasta que la propietaria se siente a negociar unas subidas asequibles. Aunque desde que comenzaron a organizarse el pasado abril, algunos vecinos han sido ya desahuciados y otros han decidido abandonar las viviendas. "Llevamos tiempo recibiendo llamadas para presionarnos y que nos vayamos. Otras veces nos ofrecen dinero o hacerse cargo del pago de otro alquiler durante un tiempo con tal de que dejemos libres las casas", sostiene Zuleta.

"Algunos lo han aceptado para evitar líos, otros han salido del grupo en cuanto han llegado las primeras órdenes de lanzamiento. Aquí la mayoría de los vecinos son familias con hijos o padres dependientes a cargo, madres solas, víctimas de violencia de género... Gente con preocupaciones a las que esta situación les complica todo mucho más", apunta Verónica. En su casa viven también su abuelo de 88 años, con una discapacidad mental del 80% y física del 100%, detalla. Hace seis meses, en medio de esta pelea, falleció su padre, que llevaba años arrastrando un cáncer. Su familia ha decidido demandar a la propietaria por estafa procesal, ya que los nuevos contratos no son en régimen especial de vivienda protegida, a pesar de que les consta que siguen siendo VPO hasta 2030.

A pesar de que los contratos han vencido, no han dejado de pagar el alquiler, aunque eso no ha impedido que Global Licata haya interpuesto ya varias demandas por expiración de plazos. Cinco familias ya cuentan con una orden judicial de desahucio que, por el momento, está suspendido al menos hasta marzo de 2022 por la moratoria del Gobierno. Sin embargo, la incertidumbre y la tensión aumentan cada día.

Público ha intentado recabar la versión de Global Licata para dar a conocer sus explicaciones, sin haber sido posible contactar con la empresa.

Junto al Sindicato de Inquilinas de Madrid, varios de los afectados se manifestaron la semana pasada en la calle Serrano de Madrid, sede de la empresa propietaria. Insisten que se siente a negociar unos contratos asequibles. Aunque no parece fácil, los activistas recuerdan que la situación es similar a la de más de cien de inquilinos de Torrejón de Ardoz, que se declararon en rebeldía contra las subidas abusivas de su alquiler por parte de Fidere, la filial española de otro gran fondo buitre estadounidense, Blackstone. Después de dos años y medio de lucha junto a los activistas, más de 80 familias lograron el pasado noviembre renovar por siete años sus contratos con prácticamente las mismas condiciones que tenían antes de que Fidere intentara aumenta el precio entre un 80% y un 100%.