Operación ChamartínLos vecinos denuncian el "pelotazo urbanístico" de Madrid Nuevo Norte

El pasado 29 de julio, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó por unanimidad el proyecto Madrid Nuevo Norte (MNN), una operación urbanística planteada hace más de 25 años, que actuará sobre tres millones de metros cuadrados y cuyo impacto económico se cifra en 18.260 millones de euros.

El que muy posiblemente será el megaproyecto urbanístico más importante de Madrid en los próximos 25 años transformará en profundidad el diseño de la zona norte de la capital y permitirá la construcción de 10.500 viviendas y 348 edificios de oficinas, así como la reforma de la estación ferroviaria de Chamartín.

Son cifras mareantes que reflejan bien a las claras la envergadura de un proyecto que se extenderá sobre una franja de 5,6 kilómetros de longitud (similar a la distancia existente entre la plaza de Cánovas del Castillo y plaza de Castilla) y que posibilitará la creación de más de 240.000 puestos de trabajo.

El consenso político sobre este proyecto faraónico ha sido absoluto, y solo falta para su aprobación definitiva el visto bueno de la Comunidad de Madrid, que es el organismo competente al tratarse de una modificación del Plan General de Urbanismo. Pero sobre Madrid Nuevo Norte pesa un recurso admitido a trámite por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 2018, presentado por Ecologistas en Acción y la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

Solo falta para su aprobación definitiva el visto bueno de la Comunidad de Madrid

En declaraciones a este diario, el responsable de Urbanismo y Vivienda del colectivo vecinal, Vicente Pérez Quintana, sostiene que la antes conocida como “Operación Chamartín” reúne todos los ingredientes como para ser considerada una “operación especulativa o pelotazo urbanístico porque constituye un ejemplo de manual: adquisición de suelo muy bien localizado a mitad del precio de mercado y reventa de ese suelo sin haber colocado un solo ladrillo”.

Un modelo archiconocido

“Somos contrarios”, explica Pérez Quintana, “a la venta de terrenos públicos centrales para hacer negocios privados. Estamos ante un ejemplo más de un modelo archiconocido: la socialización de las pérdidas y la privatización de los beneficios”.

En opinión de Pérez Quintana, la operación urbanística, tal y como se ha concebido desde el inicio, en nada ayuda al reequilibrio territorial de la ciudad porque se basa en el “esquema simplista” de distribución de los llamados “usos ricos del suelo” (vivienda de lujo, terciario avanzado y equipamiento de ciudad) en el Norte y los “usos pobres” (vivienda social, barrios dormitorio e infraestructuras con grandes impactos negativos) en el Sur.

Detrás de Madrid Nuevo Norte, según la FRAVM, solo hay una gran operación financiera-inmobiliaria con terrenos de titularidad pública en beneficio de una gran banco, el BBVA, cuyos intereses reales son los de ganar dinero. “Esperar otra cosa”, apostilla Pérez Quintana, “sería estúpido”.

En este contexto, el responsable vecinal critica a las administraciones públicas por haber abdicado de su obligación de defender y promocionar el interés general. “La realización de las plusvalías”, subraya, “se acometerá implicándose en la promoción directa o, lo más probable, troceando la edificabilidad y vendiéndola en paquetes a diferentes inversores o a uno solo”.

A su modo de ver, las noticias o bulos que circulan últimamente en el sentido de que el Banco Central Europeo quiere que el BBVA se deshaga de MNN apuntan a que la segunda opción es la más probable. “Da igual, en manos de un banco, la operación ha sido, es y será, primero, una operación financiera y, luego, inmobiliaria”, argumenta Pérez Quintana.

En cuanto a las repercusiones que causará la ejecución del megaproyecto, la FRAVM advierte de que barrios como el de San Cristóbal, Begoña y Valverde, así como las zonas de Las Tablas, Montecarmelo y el barrio del Pilar, sufrirán un empeoramiento de la movilidad que afectará a la zona norte de Madrid.

Problemas de movilidad

“Las cifras de MNN”, aclara Pérez Quintana, “son enormes una vez traducidas a nuevos residentes, población ocupada y visitantes. Es un gran foco de generación y atracción de viajes en un ámbito que ya sufre agudos problemas de movilidad. Hay que considerar además que en Alcobendas, Tres Cantos y San Sebastián hay previstos importantes crecimientos residenciales y de asentamiento de actividad económica, de modo que aumentará la presión. También es probable que MNN tire hacia arriba de los precios de las viviendas con el subsiguiente efecto de gentrificación y expulsión de la población actual más modesta. Solo el 20 por ciento de la vivienda prevista tiene algún grado de protección”.

Pérez Quintana reconoce que el anterior consistorio de Manuela Carmena intentó reconducir la Operación Chamartín bajo unas magnitudes significativamente más modestas y de acuerdo con criterios más acordes con lo que se puede denominar “urbanismo del cambio”.

Esa voluntad se plasmó, según el dirigente vecinal, en el despliegue de una metodología participativa y la introducción de unas mejoras técnico-urbanísticas. “El proyecto no nos satisfacía del todo, pues contemplaba muy poca vivienda social, pero apuntaba en la dirección correcta y era susceptible de mejorar gracias al proceso participativo. Pero luego todo se desplomó. Se denegó la asistencia de la FRAVM y de cualquier otra organización social porque no interesaba la transparencia. Los objetivos antiespeculativos se diluyeron y el urbanismo acaparador triunfó”.

Finalmente, y en cuanto a las posibilidades de que prosperen los recursos judiciales contra MNN, Pérez Quintana cree que hay fundamentos suficientes para que la justicia actúe, porque 25 años de acuerdos secretos son demasiados años. “Es inadmisible que el BBVA adquiera los terrenos a la mitad del precio de mercado, que los pague en 20 años y que no asuma los gastos de descontaminación de los terrenos. Los intereses públicos han resultado severamente lesionados”, concluye.