Los datos muestran que la cuarta ola ya se ha consolidado. Y, ante esto, las comunidades autónomas temen tener que afrontar parte de ella sin el estado de alarma y que sean los jueces los que decidan sobre las restricciones. El debate se tendrá este miércoles en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Varias autonomías insisten en que la única fórmula para poder controlar la pandemia es el estado de alarma aunque otras se abren a buscar una "alternativa" jurídica. Además, hay dirigentes autonómicos que creen que el Ejecutivo reculará aunque no lo hará hasta después de las elecciones de Madrid el próximo 4 de mayo. Por otro lado, la oposición y los socios del Gobierno piden un 'plan b' desde el Congreso.

El Gobierno, de momento, no retrocede en su plan. El Ministerio de Sanidad asegura a Público que la decisión se tomará en base a la situación epidemiológica y a "lo que digan los expertos", aunque el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mantenido este mismo martes que la "intención" sigue siendo que no haya "más prórrogas". Frente a las demandas de los portavoces autonómicos, Sánchez sostiene que gracias al proceso de vacunación el escenario a partir del 9 de mayo será distinto al del año pasado. También ha alegado que el Consejo Interterritorial es el "espacio" de toma de decisiones durante la pandemia y que "los tribunales han avalado sus decisiones y que sus acuerdos son de obligado cumplimiento". "El marco jurídico va a ser el del Consejo con el filtro y control de los tribunales. Tenemos suficientes herramientas como para abordar la pandemia en este estadio", ha insistido.

Sin embargo, en mayo no habrá avanzado lo suficiente la vacunación como para que se note un efecto en los contagios. Según uno de los últimos informes del Grupo de Biología Computacional y Sistemas Complejos (Biocomsc) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), esto no llegará hasta que buena parte de la población mayor de 50 años esté vacunada. El mes que viene se prevé que se termine de inmunizar a los mayores de 80 años y con esto se conseguiría reducir la mortalidad en un 60% pero no se conseguiría frenar la cuarta ola y las hospitalizaciones tan solo en un 28%. De hecho, países como Malta relajaron mucho las medidas por haber avanzado más rápido con la vacunación y, tras eso, han batido récords de contagios y han vuelto a tomar restricciones. Además, el parón de la inmunización con Janssen tras la recomendación de la FDA y los CDC de Estados Unidos dificulta que se cumplan los objetivos más próximos.

Sobre el debate jurídico, el abogado de Red Jurídica Daniel Amelang opina que es "evidente" que las comunidades no podrán limitar la movilidad sin el estado de alarma. "La libre circulación de personas es un derecho fundamental reconocida expresamente en el artículo 19 de la Constitución. Y la Ley Orgánica 4/1981, que regula los estados de alarma, excepción y sitio establece que solo se podrá limitar un derecho fundamental mediante la declaración del estado de alarma. Concretamente, el artículo 11 de esta Ley dice que se podrá 'limitar la circulación o permanencia de personas [...] en horas y lugares determinados, o condicionarlas al cumplimiento de ciertos requisitos' durante el estado de alarma", explica a Público.

Por tanto, el experto incide en que no se podrían acordar cierres perimetrales o toques de queda mientras que en el aire estarían otras restricciones como el cierre de bares ya que no afectan a "un derecho fundamental". Sin embargo, los tribunales durante la pandemia han suspendido incluso la clausura de la hostelería a determinadas horas, como ocurrió en el mes de agosto en Aragón.

La intención del Gobierno, además, contrasta con el camino que está tomando Alemania, que ha enmendado la ley para luchar contra la covid-19 y asumir la gestión de la pandemia de las zonas con peores datos. Toda Europa está en alerta por la evolución de las distintas variantes en sus territorios ya que, sobre todo la británica, es predominante en muchas zonas, como ocurre también en España.

Temor a que los tribunales decidan sobre las restricciones

Las comunidades que más claramente se han posicionado a favor de que se prorrogue el estado de alarma han sido Euskadi, Murcia y Andalucía. Los consejeros de Sanidad de estas tres autonomías ya iban a pedir la prórroga en el Consejo Interterritorial del pasado miércoles aunque no se llegó a tratar en profundidad por el debate en torno a la administración de la vacuna de AstraZeneca. Sin embargo, más dirigentes se han posicionado en las últimas horas.

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha considerado que mantener este instrumento es la "solución menos mala". Mientras que la Generalitat opina que es "prematuro" el planteamiento: Si los indicadores dicen que la pandemia va de bajada tenemos que plantear no renovar el estado de alarma, pero si no es el caso la decisión deberá tomarse en función de estos datos", afirmó la portavoz catalana, Meritxell Budó. 

Otra opción la ha puesto sobre la mesa el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco:. "A lo mejor no tenemos que tener el mismo estado de alarma, sino buscar otro estado de alarma con otras circunstancias y peculiaridades", afirmó declaraciones en RNE, donde también volvió a reclamar una reunión de la Conferencia de Presidentes para tratar este asunto. Mientras que la socialista del Gobierno balear Francina Armengol se ha centrado en reclamar que las comunidades tengan "la potestad" de ordenar el toque de queda cuando finalice el estado de alarma.

Otros dirigentes como el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, se han mostrado más tranquilos pero él mismo ha reconocido que porque los tribunales de su comunidad siempre han ratificado las restricciones, entendiendo que otras regiones como Euskadi teman que los tribunales no les permitan tomar medidas.

Sin embargo, en conversaciones privadas, varias de estas comunidades apuntan a este medio que creen que el Gobierno reculará aunque no lo hará hasta que pasen las elecciones autonómicas de Madrid el próximo 4 de mayo. Los plazos serían muy justos pero aseguran que habría margen para convocar una sesión extraordinaria para aprobar la prórroga o incluso realizar un nuevo decreto de estado de alarma. Y, según confirman fuentes del Congreso, daría tiempo de que se hiciera.

Socios de Gobierno y oposición reclaman una alternativa

El debate ha llegado hasta el Congreso donde se han posicionado también los socios del Gobierno a lo largo de este martes pidiendo al Ejecutivo alternativas. Andoni Ortuzar (PNV), Íñigo Errejón (Más País), Joan Baldoví (Compromís), Ferrán Bel (PDeCAT) y Mertxe Aizpurua (EH Biludu) se han manifestado en este sentido al pedir un plan jurídico pactado con los partidos y con las autonomías. 

El PP también se ha posicionado sobre esto entre una serie de reproches a la gestión de la pandemia de Sánchez. Cuca Gamarra no defendió la prórroga del estado de alarma pero sí el 'plan b' que los conservadores llevan reclamando desde hace meses. En noviembre ya llevaron una proposición no de ley para reformar la ley de Medidas Espaciales en materia de Salud Pública porque, según el PP, así se podrían tomar las restricciones sin estado de alarma.

Este miércoles se prevé que este debate sea uno de los focos del pleno del Congreso. Algunos dirigentes creen incluso que el Ejecutivo ya está trabajando en la alternativa aunque otros temen que se deje la decisión para última hora.