España se posiciona con el resto de la Unión Europea (UE), Estados Unidos (EEUU), Japón y otros países ricos en contra de la exención de patentes de las vacunas contra la covid mientras dure la pandemia. Este viernes se celebró una reunión informal del Consejo de El Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) de la Organización Mundial del Comercio (OMC). Se volvió a debatir la propuesta de India y Sudáfrica de suspender la aplicación de las patentes y otros mecanismos de propiedad intelectual para todas las tecnologías para facilitar el acceso universal a todas las vacunas.

"El Acuerdo ADPIC, junto a los principios incorporados en la declaración de Doha de 2001, es adecuado para responder a los desafíos que plantea la pandemia, en el terreno de la propiedad intelectual, y permite las flexibilidades necesarias a todos los países para la protección de los derechos de propiedad intelectual, incluso en el caso de una emergencia sanitaria, como la actual pandemia de la COVID-19", explican fuentes de la Secretaría de Estado de Comercio a Público sobre la posición del Gobierno de España respecto a la propuesta de India y Sudáfrica.

Sin embargo, pese a los posicionamientos que hay ahora, no está todo perdido. Este viernes se ha celebrado una reunión informal para argumentar los posicionamientos. El próximo 10 de diciembre habrá una reunión formal y, finalmente, el 17 de diciembre debe salir el informe que avale o no la propuesta. Pero, pese a que queda un mes por delante y a que muchas organizaciones están pidiendo un cambio de posición, la UE parece dispuesta a mantener su rechazo a esta medida.

Los países más pobres y a los que realmente les afecta la desigualdad de renta mundial no opinan lo mismo. Las organizaciones internacionales sanitarias que trabajan sobre el acceso a las vacunas y a los medicamentos tampoco lo creen. 

Médicos Sin fronteras ha mandado una carta abierta al Parlamento Europeo pidiendo apoyo para la propuesta. Más de 100 organizaciones internacionales, entre las que se encuentran Oxfam y Amnistía Internacional, la han apoyado. 16 son de España. Algunas de ellas son la Asociación por un Acceso Justo al Medicamento, la Federación de Asociaciones para la Defensa por la Sanidad Pública, Salud por Derecho o la Coordinadora ONGs España.

"La petición es apoyar la propuesta que permitiría la exención de patentes en medicamentos, vacunas y pruebas de diagnóstico hasta que se logre una inmunidad de grupo a nivel mundial. Hay muchas iniciativas para esto y se ha reconocido la necesidad de un acceso global pero, pese a las declaraciones para que los productos sean de bienes públicos mundiales, hasta la fecha se ha logrado bien poco", lamenta Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. 

Los países ricos argumentan, como España, que hay flexibilidades en los acuerdos ADPIC e iniciativas internacionales que van a hacer que las vacunas sean bienes globales, pero los datos no señalan que vayamos en ese camino. Un informe de la ONG Oxfam del mes de septiembre, tras analizar los acuerdos de las empresas de AstraZeneca, Sputnik, Moderna, Pfizer y Sinovac, muestra que el 51% de dosis de estas vacunas ya han sido compradas por naciones que representan tan solo al 13% de la población. Ahora, el porcentaje de dosis compradas de forma anticipada aumentaría tras los últimos acuerdos que han ido cerrando bilateralmente las farmacéuticas con los distintos gobiernos. Mientras que en concreto de la vacuna Pfizer ya el 80% de las dosis se han vendido a países ricos que representan el 14% de la población.

"Las farmacéuticas no han cambiado su modo de operar al firmar contratos que excluyen a poblaciones vulnerables y desatendidas. Hay países que están hablando de dejar una parte de las vacunas que han comprado de forma anticipada para zonas de contexto humanitario y emergencia sanitaria, pero esto no es suficiente y las preadjudicaciones lo muestran. Si dejamos de respetar los acuerdos ADPIC vamos a poder tener vacunas para todos mucho antes y a precio de coste. Si no lo hacemos ahora, en pandemia y en emergencia sanitaria, ¿cuándo lo vamos a hacer?", plantea González.

Fernando Lamata, médico y experto en Salud Pública, que ha ocupado altas responsabilidades en materia de gestión sanitaria tanto en el Ministerio de Sanidad como en Castilla-La Mancha, también lamenta los posicionamientos de los países ricos: "El acuerdo de los ADPIC es una barrera ene l acceso a todos los medicamentos porque da a los fabricantes un monopolio de 20 años. Las empresas pueden poner un sobreprecio porque no hay competencia. Cuando se hizo, en 1994, estaba pensando en dar protección para que se cobrara lo suficiente como para recuperar lo que se gastó en investigación y así se aumentara la innovación".

Sin embargo, Lamata explica que esto no ha beneficiado porque no ha aumentado la innovación y, como ocurre con las vacunas contra la covid, hay una fuerte inversión pública para la investigación. Según el experto, esto hace que los fabricantes lleguen a aumentar sus beneficios hasta un 50% al permitir igualmente que se pongan precios muchos más alto del coste y, al mismo tiempo, limitar la fabricación. La consecuencia es que muchos países no tengan capacidad de pagar estos altos costes. Algo que pasa desde hace muchos años. Un estudio del Grup de Recerca d’Indústria i Territori de la URV de Tarragona ha publicado una investigación que señala que en los países en desarrollo habita el 85% de la población mundial y padecen el 93% de los casos provocados por enfermedades infecciosas pero solo absorben el 18% de la producción internacional de la inmunización. 

Estos datos muestran que las flexibilizaciones que hay ahora sobre los ADPIC no valen. Pero, además, hay ejemplos del pasado. Cuando se aprobaron los ADPIC, el sida estaba en fase expansiva. Países como Sudáfrica se vieron gravemente afectados. El Parlamento sudafricano, bajo el Gobierno de Nelson Mandela, legalizó la suspensión de las patentes par poder importar versiones genéricas de los medicamentos antirretrovirales sin ahogarse económicamente. "Mandela consiguió una movilización mundial que lo permitió, pero tuvo un juicio por ello. En la práctica hay muchas dificultades jurídicas", recuerda Lamata. Hasta 39 farmacéuticas le demandaron. Es uno de los ejemplos de represalias que hay contra los países pobres cuando hacen uso de cláusulas sobre casos extraordinarios.

Por esto los expertos y las organizaciones reclaman: "La alternativa más rápida y sensata es la suspensión de patentes. Abaratará el precio y aumentará la producción. Como dijeron India y Sudáfrica: si la UE quiere seguir usando las patentes, que dejen a los demás que las suspendan para que puedan acceder a las vacunas sin tantas limitaciones", insiste Lamata. "Vamos a seguir insistiendo y reclamando a la UE y al resto de gobiernos que cambien de posición. No vamos a tirar la toalla", avisa González.