El tribunal rechaza como prueba un vídeo con la confesión del pederasta de Maristas

El tribunal que juzga al pederasta confeso de los Maristas de Sants  ha rechazado admitir como prueba un documental en que este profesor admitía los abusos practicados cuando daba clases de educación física, al haberse producido su declaración en un ámbito "extrajudicial". En la sección 21 de la Audiencia de Barcelona ha arrancado este lunes el juicio a Benítez, después de que la defensa y las acusaciones no han llegado a un acuerdo para reducir la petición de condena a cambio de la admisión de los hechos.

En el juicio, la Fiscalía acusa al pederasta confeso de los Maristas de Sants por haber abusado sexualmente de cuatro alumnos menores de edad cuando era profesor de educación física y pide para él una pena de 22 años de cárcel y 14 años de inhabilitación. El inicio del juicio estaba previsto para las 10:00 horas pero la posibilidad de que la defensa y las acusaciones llegaran a un acuerdo, tal como han señalado fuentes cercanas al caso, ha retrasado el comienzo de la vista hasta alrededor de las 11.45 horas.

El padre de una de las víctimas había colocado como línea roja una pena de 16 años para aceptar un acuerdo a cambio de que Benítez reconociera los abusos que se le imputan

Manuel Barbero, el padre de una de las víctimas, que fue quien destapó en 2016 el escándalo de pederastia de Los Maristas, había colocado como línea roja una pena de 16 años para aceptar un acuerdo a cambio de que Benítez reconociera los abusos que se le imputan y las víctimas no tuvieran que revivir el dolor con sus declaraciones. Pero al inicio del juicio, los magistrados no han admitido como prueba la confesión que Benítez hizo en el documental Shootball en 2017, en el que reconoció todos los abusos practicados cuando era profesor de educación física en la escuela Maristas Sants-Les Corts por haberse producido en un ámbito "extrajudicial".

Tras las cuestiones previas, se ha colocado una mampara entre Benítez y el lugar donde se sentarán las cuatro víctimas, que declararán a puerta cerrada, tal como acordó el tribunal para proteger su derecho a la intimidad ante la expectación mediática del caso.

La Audiencia así lo dictó al considerar que "los hechos objeto de acusación tienen una connotación social que puede llegar a ser estigmatizadora, además de gravemente atentatorios a la intimidad y dignidad de la persona y se habrían producido siendo las víctimas todavía menores de edad".