El Tribunal de Cuentas gallego no investigará las facturas millonarias irregulares abonadas a las subcontratas del hospital de Pontevedra

El Consello de Contas de Galicia no va a investigar la denuncia de la asociación Batas Blancas que alertó de las irregularidades detectadas en varias subcontratas del hospital de Pontevedra, a pesar de que su coste supera los doce millones de euros, de que el propio organismo ya detectó puntos negros en las licitaciones, y de considera que, de resultar finalmente probadas, supondrían un incumplimiento de las normas de contratación pública.

Batas Blancas denunció el pasado mes de septiembre ante el Consello, que se encarga de fiscalizar los presupuestos y gastos del sector público autonómico, que el Complejo Hospitalario de Pontevedra (CHOP) seguía pagando a tres empresas proveedoras de servicios cuyos contratos habían expirado, y también los plazos legales por los que se prorrogaron. En concreto se trataba de la adquisición de materiales y equipos del laboratorio; el transporte, distribución y organización de almacenes de farmacia e historiales clínicos, y la explotación de la cantina del Hospital Montecelo, adscrito al CHOP.

Los tres contratos, que sumaban 12,1 millones de euros y se licitaron en el 2011 con duraciones de dos años los dos primeros y cuatro el tercero, fueron prorrogados y extendidos en el tiempo en las mismas condiciones. Según la normativa de contratación pública, el Servicio Galego de Saúde (Sergas), titular del hospital, debería haber convocado un nuevo concurso para licitarlos, más aún cuando las condiciones y costes de los servicios habían variado con los años.

En un escrito de respuesta a Batas Blancas, el consejero mayor del Consello de Contas, José Antonio Redondo López, admite que los dos primeros contratos fueron objeto de auditoría por ese organismo, cuyos inspectores hallaron numerosas irregularidades en la licitación inicial tal y como dejaron reflejado en el informe de fiscalización de las cuentas del Sergas 2012-2014. Y advierte de que los hechos denunciados podrían constituir “hechos presuntamente disconformes con la normativa de contratación” que deberían dar lugar a la actuación del propio Sergas o de los tribunales. Pero anuncia que el Consello de Contas no los investigará porque, según se deduce, no tiene tiempo ni medios suficientes.

“Actualmente el Consello está desarrollando, con carácter prioritario, las fiscalizaciones incluidas en el presente Plan de Trabajo comprometido frente al Parlamento de Galicia, por lo que no es posible acordar en este momento la realización de una fiscalización relativa a los hechos denunciados”, asegura Redondo, dando cuenta del acuerdo del pleno del organismo celebrado el pasado 21 de noviembre.

El Consello de Contas de Galicia está formado por el consejero mayor y otros cuatro consejeros, y cuenta con un presupuesto anual de más de 6,6 millones de euros. Según su último presupuesto publicado, de esa cantidad más de cinco millones se destinan a gastos de personal.