Un macroproyecto turístico en unas marismas desecadas del Guadalquivir, justo enfrente del parque nacional de Doñana, entre Jerez y Sanlúcar de Barrameda, ha puesto en pie de guerra a organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y culturales contra el Ayuntamiento de Trebujena, un bastión de IU en la provincia de Cádiz en el que ha gobernado durante 37 años.

En 190 alegaciones presentadas a la modificación del PGOU sometida a información pública, estas entidades advierten de las graves consecuencias que supondría este planeamiento en una zona inundable para un ecosistema muy sensible y el enorme gasto de agua que generaría su mantenimiento. El alcalde, en cambio, asegura que se trata de un proyecto de desarrollo sostenible que propiciará una diversificación de la economía del pueblo.

Sobre la mesa de operaciones está el planeamiento de una gran urbanización turística con 300 villas, de hasta 300 metros cuadrados cada una en dos plantas -de ésas que en el argot inmobiliario suelen denominarse de alto standing-, hoteles y un campo de golf en un ‘balcón’ con vistas privilegiadas a Doñana. Y su extensión -más de dos millones de metros cuadrados- casi triplica la de un pueblo de 7.000 habitantes, cuya economía depende ahora en gran medida de los viñedos y la producción de vino y mucho del trabajo en hospitales de Sevilla y Cádiz, y también de otras provincias, que ocupa a cerca del 10% de su población gracias a un centro de formación sanitaria para auxiliares de enfermería, técnicos de rayos x o celadores que se abrió hace unos años en esta localidad.

El proyecto no es nuevo, data de 2003, pero había decaído cuando la crisis económica azotó todo el país y llevó a la quiebra a su primer promotor, Bernard Devos, un belga que naufragó con otra urbanización turística con campo de golf en Benalup, también en la provincia de Cádiz.

Lo que no entienden las organizaciones que han presentado las alegaciones contra la modificación del PGOU (WWF, Ecologistas en Acción, Sindicato Andaluz de Trabajadores y Ateneo Cultural El Zarandaó de Trebujena, entre otras) es que un ayuntamiento gobernado por IU haya retomado ahora un macroproyecto de este tipo después de los estragos causados por la burbuja inmobiliaria, que además acarrea notables efectos ambientales y adolece –dicen- de escasa transparencia. “Creíamos que todo esto estaba parado. Aquí no sabíamos nada”, asegura Dolores Rodríguez, del Ateneo El Zarandaó, que organiza todo tipo de actividades, incluidas las de recuperación de la memoria histórica.

Vista aérea donde se señaliza en rojo el espacio en el que se ubicará el proyecto | Google Maps

Peligroso como el dragado del Guadalquivir

En el plano medioambiental, las alegaciones presentadas advierten de que el complejo turístico se construiría sobre una zona inundable (marismas desecadas en los años 70 para dedicarlas a pasto) y generaría graves problemas para la recuperación del estuario del río Guadalquivir, que desemboca unos kilómetros más allá de Trebujena, en Sanlúcar de Barrameda. “Los terrenos de marismas colindantes al Guadalquivir deben ser restaurados y recuperar su tradicional función de llanuras de inundación del río, lo cual se hace más necesario si tenemos en cuenta las previsiones relativas al aumento del nivel del mar en esta zona debido al cambio climático y que podría acabar afectando a poblaciones ribereñas como Sanlúcar”, señala WWF.

A juicio de esta organización, la ocupación de las llanuras de inundación del estuario como la que se pretende con este macroproyecto urbanístico es igual de perjudicial para el futuro de Doñana que el dragado del Guadalquivir para aumentar su calado y la llegada de barcos de mayor tonelaje a Sevilla, iniciativa que ha sido vetada recientemente por el Tribunal Supremo.

Por su parte, Ecologistas en Acción subraya que la modificación del PGOU de Trebujena no se ha sometido a la preceptiva Evaluación Ambiental Estratégica que obliga a justificar las propuestas urbanísticas, realizar consultas previas y estudiar alternativas. “Esto es una barbaridad. Se están rescatando proyectos que habían quedado parados con la burbuja inmobiliaria”, afirma Juan Clavero, histórico ecologista andaluz al que en 2017 tendieron una trampa para intentar involucrarlo en un asunto de drogas cuando defendía unos caminos públicos en la sierra gaditana.

Las organizaciones que se oponen a este macroproyecto también advierten del peligro que supondría el gasto en agua de una urbanización con campo de golf, amplias zonas ajardinadas, hoteles y 300 casas, y que calculan en más de 800.000 metros cúbicos al año, una cantidad, a su entender, que aumentaría el impacto ambiental aún más en una época de cambio climático en los que los recursos hídricos tienden a la baja.

Terreno sobre el que se construirá macroproyecto,situado junto al río Guadalquivir y frente a Doñana | Ecologistas en Acción

Ingreso de dinero en el ayuntamiento

La puesta en marcha de este complejo turístico ya ha supuesto ingresos para el Ayuntamiento de Trebujena. En el convenio que el Consistorio firmó con la sociedad Zanona SA del entonces promotor Bernard Devos, la empresa se comprometía a abonarle algo más de 5,5 millones de euros cuando se aprobara la modificación del PGOU de suelo rústico a urbanizable que hiciese posible el proyecto.

Sin embargo, en 2012 se firmó un nuevo convenio que redujo la compensación a 3,3 millones, ya que, tras la intervención de la Junta de Andalucía, se había bajado de 750 a 300 casas la edificabilidad máxima, según Miguel Guerra, portavoz del grupo socialista municipal, que en las pasadas elecciones locales se quedó a 200 votos de la mayoría absoluta que revalidó IU con siete concejales, frente a seis del PSOE. Ningún partido más obtuvo representación en esta Corporación.

Lo que se pregunta Guerra es qué ha hecho el Ayuntamiento con los 1,8 millones de euros que ya le ha transferido la empresa como parte de esa contraprestación por la modificación urbanística, dinero que el Consistorio reconoce haber recibido. El grupo socialista aún no ha decidido qué postura va a tomar en torno a este macroproyecto turístico, aunque sí critica la falta de transparencia en el proceso tras haber solicitado sin ningún éxito al alcalde que les facilitara una reunión con los nuevos promotores –la empresa Costa Guadalquivir SL, de origen belga como Bernard Devos- para conocer de primera mano sus intenciones.

El alcalde, Jorge Rodríguez Pérez, niega la falta de transparencia y señala al respecto el escrupuloso cumplimiento del procedimiento de información pública al que se ha sometido la modificación del PGOU para que se puedan presentar alegaciones. A su juicio, detrás de las críticas hay un interés político de una organización muy concreta, Podemos de Trebujena, que se ha quedado sin representación en el Ayuntamiento tras las pasadas elecciones municipales, a las que concurrió por separado de IU, y de la que forman parte, asegura, muchos de los que han hecho las alegaciones más viscerales.

El regidor trebujenero asegura que todas las alegaciones serán estudiadas por los técnicos municipales y llevadas luego a pleno para su aprobación definitiva, entre septiembre y octubre. “Compartimos que el proyecto urbanístico de Costa Guadalquivir puede tener un impacto ambiental, que se está analizando, pero esto tampoco puede implicar al desarrollo de todo el proyecto en un suelo que, además, no tiene protección ambiental”, subraya Jorge Rodríguez.

En defensa de la viabilidad del complejo turístico, el alcalde hace el siguiente diagnóstico: se trata de un proyecto de desarrollo sostenible, previsto en un suelo que lleva 50 años sin apenas actividad, carente de protección ambiental, que no es apto para el cultivo, donde no se construiría por encima de las dos plantas y se levantaría una vivienda por cada hectárea y media, y que permitiría diversificar la economía de Trebujena.

El desarrollo sostenible no lo ven, en cambio, en otra de las entidades que han presentado alegaciones al proyecto, el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), una organización que reemplazó al Sindicato de Obreros del Campo de los históricos líderes jornaleros como Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo. “Lo que quieren hacer es capitalismo salvaje”, dice Juanjo Fernández Vega, miembro del SAT que trabaja en un hospital como tantos otros vecinos suyos y que no entiende cómo Izquierda Unida puede facilitar que se lleve a cabo un proyecto de “especulación urbanística” que reproduzca los males de la burbuja inmobiliaria.

Tampoco lo entiende Dolores Rodríguez, del Ateneo El Zarandaó, que considera que este macroproyecto turístico “es un atentado al pueblo, al Guadalquivir, a Doñana y a la historia de Trebujena”. Para esta mujer, lo que se pretende desde el Ayuntamiento es fomentar un turismo masivo, para gente rica, que sólo traerá consigo empleo precario y la vuelta a la burbuja inmobiliaria que propició la grave crisis económica de la que España aún no se ha terminado de recuperar. “Nosotros queremos un turismo sostenible de verdad, no esto”, recalca.