La fiebre de la energía solar se ha desencadenado en todo el País Valencià –o, para ser más concretos, en sus comarcas interiores–. Las demandas de licencia por la instalación de placas fotovoltaicas en tierras agrícolas se han multiplicado los últimos meses, hasta el punto que las empresas promotoras han exigido en la Generalitat que se dedique más personal administrativo para la revisión de las propuestas. Hasta 10.000 hectáreas se podrían dedicar a la producción de energía eléctrica por este sistema, la mayoría en tierras agrícolas de secano. En comarcas como la Hoya de Buñol o el Valle de Cofrentes se podría cubrir con placas hasta el 2,7% y el 2,1% de la superficie agrícola, respectivamente.

El 7 de agosto se dio el pistoletazo de salida con la aprobación del Decreto Ley 14/2020 que pretende "acelerar la implantación de instalaciones por el aprovechamiento de las energías renovables por la emergencia climática y la necesidad de la urgente reactivación económica". En esta carrera desenfrenada, hay las grandes empresas energéticas españolas, con Iberdrola al frente, pero también fondos internacionales de inversión italianos, chinos o israelíes, así como empresas inmobiliarias.

Pero la extensión de algunos de estos proyectos, de centenares de hectáreas, han puesto en estado de alarma los municipios donde quieren instalarse. En Monóvar (Alacant) o Chiva (València) ya han aparecido plataformas ciudadanas opuestas a los macroparques. Vicente Serena, presidente de la Plataforma de Estudio y Conservación de la Sierra de Chiva, denuncia que el parque fotovoltaico quiere instalarse "pegado al parque natural, en un valle de uva, algarrobos y almendros con un gran valor cultural y recreativo para el vecindario". En Chiva, la empresa italiana Falk Renewables Power ha pedido la autorización para instalar 420 hectáreas de placas fotovoltaicas –a los que caldría sumar los parques previstos en los municipios vecinos de Cheste o Buñol–, un proyecto que ha desencadenado una oposición generalizada en el municipio. El consistorio votó en contra por unanimidad y se han recogido más de un millar de alegaciones.

"Mucha gente vendió sus parcelas engañada por una inmobiliaria local y ahora se arrepienten, el impacto paisajístico de un parque así es enorme y amenaza el hábitat de especies protegidas de rapaces, así como el espacio con más algarrobos monumentales del mundo", continúa Serena, quien reconoce que no se oponen al parque sino "a su ubicación", y lamenta que "los pueblos de interior, que tenemos menos consumo eléctrico, hayamos de pagar por el consumo de la costa. También podrían poner algunos parques allá donde está el consumo, ¿no?"

La comunidad energética como alternativa

Precisamente –producir la electricidad allá donde se consume– es una de las bases de las comunidades energéticas, una propuesta impulsada por la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática conjuntamente con otras administraciones, cooperativas eléctricas locales y asociaciones de consumidores y vecinales.

"Hemos querido crear una comunidad muy imbricada de nuestros valores, de bajo hacia arriba, cooperativa y sin ánimo de lucro", explica a Público Empar Puchades, presidenta de la comunidad energética de Castellar l’Oliveral, una pedanía de València. Aquí, la iniciativa surgió de la Oficina municipal de la Energía, que consiguió la cesión de la azotea del centro cívico para instalar las placas. Estas serán sufragadas por los mismos consumidores y la electricidad se distribuirá a través de la cooperativa eléctrica local. "En el pueblo ha despertado un interés enorme –continúa Puchades– y por ahora se han apuntado entre 50 y 60 familias, y esto porque solo podía alcanzar aquellas que viven a 500 metros alrededor del centro cívico. Ya estamos buscando más azoteas donde instalar placas para poder dar servicio a más gente". Puchades asegura que con una buena gestión y una revisión de los estilos de vida "cada casa se puede llegar a autoabastecer completamente" y solo lamenta no poder "desconectarse completamente de los oligopolios". Por ahora, los miembros de esta comunidad energética continuarán conectados en la red general y la cooperativa local les dará la cobertura legal y técnica, al ser una distribuidora.

Una transición ecológica local

En el País Valencià quedan 16 de las 21 las cooperativas eléctricas locales que existen en toda España, aquellas que resistieron a la absorción más o menos forzada después de la Guerra Civil, cuando se creó el actual oligopolio. Sus redes de distribución son fundamentales a la hora de crear las comunidades energéticas. "Es que tener una distribución propia, como tienen por ejemplo en Crevillent, es un auténtico tesoro", explica Lucía Armiño, portavoz de la Plataforma valenciana por un Nuevo Modelo Energético. Para esta activista, garantizar el consumo eléctrico gracias a las comunidades energéticas no es ninguna utopía, sino más bien lo contrario: "lo que es irreal es pensar que las renovables podrán mantener nuestro estilo de vida actual". Por eso, plantea que la transición ecológica no puede ser un simple cambio de fuentes energéticas, sino que también "tiene que ser decrecentista, eficiente y destinada a cubrir las necesidades".

Desde su plataforma se fijan en los casos de Holanda y Alemania. En este segundo país, la suma de producción eléctrica de las comunidades energéticas las convertirían en la cuarta compañía del país, con 79 teravatios (TW). "Pero para lograr estos niveles hace falta pedagogía y voluntad política para multiplicar las comunidades –continúa Armiño– pero en el otro bando tenemos el poder de unas grandes empresas que están intentando impedir que esto llegue".

Armiño también alerta de "la actual burbuja" de los parques solares, "más relacionados con las ayudas europeas y el apoyo estatal que a las necesidades productivas, puesto que, de hecho hay una potencia instalada sobredimensionada que tampoco beneficia la capacidad de gestión del sistema". "El único que quizás tendría sentido –concluye– es que toda esta producción se quisiera orientar hacia la exportación a Europa, que es un modelo que nosotros vemos peligroso. Pero con la excusa de la emergencia climática se evita el debate".