El paraguas económico del Estado cobija por vez primera en la historia a más de veintiún millones de personas como consecuencia de las medidas de articuladas por el Gobierno para atenuar las consecuencias del parón de la actividad económica por el confinamiento: hasta 21,4 millones de ciudadanos han pasado a tener las arcas públicas como la principal fuente de ingresos tras añadirse en apenas un mes los más de cuatro millones de asalariados afectados por los ERTEs (Expediente de Regulación Temporal de Empleo) extraordinarios y el millón largo de autónomos que se han acogido al cese de actividad específico puesto en marcha a mediados de junio.

Esos más de cinco millones de trabajadores se suman a los cuatro grandes grupos cuyos ingresos han dependido tradicionalmente de alguno de los tres niveles de las administraciones (estatal, autonómico y local), caso de los casi diez millones de pensionistas, los 3,2 de funcionarios, 2,95 de entes públicos, los 2,1 de desempleados que perciben una prestación y los 1,14 que reciben pensiones no contributivas y rentas de inserción autonómicas.

Esos 21,4 millones de personas suponen algo más de la mitad (54,5%) de los 39,25 millones de mayores de 16 años, la edad de final de la enseñanza obligatoria y de posible incorporación al mercado laboral, que según el INE (Instituto Nacional de Estadística) están empadronados en España, una tasa que a final del año pasado se situaba, con 16,17 millones, en el 41,2%.

El número de ciudadanos cuyo sustento depende ahora mismo de las arcas públicas es, en realidad, mayor, ya que el cálculo no incluye algunos colectivos, como los 1,38 millones de dependientes que contabiliza la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, ya que en muchos casos cuentan con otra fuente de ingresos pública, ni a quienes perciben subsidios por incapacidad laboral y por crianza ni tampoco, en este caso por la imposibilidad de cuantificarlos, a quienes con la pandemia han pasado a subsistir gracias a las ayudas de urgencia de los ayuntamientos (más de 16.000 familias) en la segunda quincena de marzo) o al creciente volumen de hogares que se ha acogido a las rentas de inserción y las ayudas de urgencia autonómicas en las últimas siete semanas, que suman casi 3.000 en unas semanas en una comunidad poco poblada como Aragón.

El sector privado se reduce a once millones de trabajadores

Estos últimos grupos van a crecer de manera exponencial en las próximas semanas, según pronostican los analistas y según han comenzado a certificar los ayuntamientos y las comunidades autónomas por un lado y, por otro, la última entrega de la EPA (Encuesta de Población Activa), cuyos registros ponen sobre la mesa los devastadores efectos del parón de la economía en un país donde entre el 16% y el 20% de la actividad discurre por cauces informales y donde la precariedad laboral alcanza cotas desmesuradas.

Así, la EPA revela cómo el número de hogares en los que nadie percibe ingresos se acerca ya a los 600.000 tras un aumento de más de 30.000 en el último trimestre y, también, cómo en ese mismo periodo las familias sin ocupados crecieron en 90.400.

Paralelamente, y pese a la activación de los ERTEs y el cese de actividad extraordinario, el inicio del ‘gran encierro’ tuvo unos efectos devastadores tanto en el tejido productivo, con el cierre de 85.000 empresas en marzo, como en el mercado laboral, con la destrucción de 898.822 puestos de trabajo en solo veinte días.

De hecho, tras una primera caída histórica del PIB del 5,2% en el primer trimestre (un mes de actividad supone algo más del 8%), las previsiones del Gobierno apuntan a una global del 9,2% que disparará la tasa de paro al 19% y dejará sin empleo a otros 1,2 millones de trabajadores un año antes de reducirla punto y medio tras una recuperación de la actividad del 6,8%.

Ese cuadro aboca al Estado a un aumento de los gastos por la necesidad de asistir a los damnificados y de socorrer a las empresas, en este caso asumiendo los costes laborales de más de medio millón de ellas a través de los ERTEs y aplazando el pago de impuestos para las de menor tamaño, junto con una reducción de los ingresos por la menor actividad económica, en la que al desplome del consumo se le añade el achique del mercado laboral.

La EPA ubica en el sector privado al cierre de marzo a 13,3 millones de asalariados  y 3,1 de autónomos tras sendas caídas de 280.000 y 3.000, aunque, con las suspensiones de contratos y los ceses, se reducirán a poco más de nueve y apenas dos, respectivamente.

Es decir, que su volumen pasará a equivaler a poco más de la mitad que el de los cobijados bajo el paraguas del Estado, en una relación que se invierte por primera vez como consecuencia de la pandemia y que se intensificará hasta otra de diez por 22,5 si efectivamente se suman ese 1,2 millones de parados.

"Recuperar ahora las plantillas es provocar despidos"

En ese punto, la desescalada y el reinicio de la actividad productiva sitúan al país ante varios dilemas, entre los que destaca el de mantener o no los ERTEs por fuerza mayor una vez normalizado el pago de las prestaciones. "Forzar a las empresas a recuperar la plantilla sin actividad equivale a provocar despidos", explica Antonio González, de Economistas Frente a la Crisis, que reclama "dar a las empresas la oportunidad de sobrevivir, porque eso facilitará el rebote" de la economía.

"Ahora mismo no volverían a tener trabajo más de un 30% de los trabajadores que se encuentran en ERTEs, y el mes que viene no serían más de otro 20%. El resto tardará", plantea, al tiempo que recuerda que "este año no se va a dar, o cuando menos no con la magnitud habitual", el repunte del empleo de los meses cálidos, que los últimos cuatro años osciló entre los 1,6 y los 1,8 millones de empleos.

En ese sentido, indica que "proteger el empleo es un factor estratégico. Cuanto más se hunda, más se hundirá la economía". "Que la salida sea con forma de ‘V’ o de ‘L’ depende de la recuperación del consumo y de la demanda, que marcarán la cartera de pedidos y la actividad de las empresas y que, a su vez, dependen en el plano interno del empleo y de las rentas", añade González.

No obstante, "las decisiones de consumo y de inversión de las familias se van a retrasar" por la situación de incertidumbre que plantea el futuro laboral de sus miembros, anota, mientras la evolución de la demanda externa está rodeada de incógnitas.

Para González, mantener la vigencia de los ERTEs para garantizar ingresos a los trabajadores y reducir los costes salariales de las empresas resulta una medida fundamental, en línea con los planteamientos de los sindicatos. "La crisis anterior generó un gasto de 245.000 millones en prestaciones de desempleo por no haber intervenido al principio", explica. "Todo lo que gastes ahora te lo ahorras después, que es cuando, con la recuperación de la actividad, podrás reducir el déficit fiscal que se produzca ahora", concluye.