El restaurante Medusa Beach Club de Playa de Palma no tenía licencia para la terraza que se hundió el pasado jueves, causando cuatro muertos y 14 heridos, por lo que acoger clientes en esa zona del edificio era ilegal.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha explicado este martes en rueda de prensa que tanto la planta sótano del inmueble, donde se ubicaba un bar musical, como la planta baja, con uso de restaurante, sí disponían de las preceptivas licencias.

Martínez ha señalado que la conclusión preliminar de los Bomberos de Palma, recogida en un informe remitido a la Policía Nacional, es que la terraza ilegal se derrumbó por la "combinación" del sobrepeso derivado de obras realizadas de forma irregular en ese espacio y la sobrecarga de clientes que se encontraban sobre esa primera planta cuando se vino abajo.

El Ayuntamiento de Palma ha enviado también sus informes a la Fiscalía y el alcalde ha anunciado que el consistorio se personará en la causa si se abre un procedimiento judicial contra los posibles responsables de la tragedia.

El jefe de Bomberos de Palma, Eder García, ha apuntado a la posibilidad de que una recolocación de las mesas para acoger a un grupo de 12 personas acabara por provocar el colapso que desembocó en el derrumbe. En la terraza, ha añadido, habría en aquel momento una veintena de personas.

Respecto al contenido de los informes, el del área de Actividades confirma que la planta sótano dispone de licencia de bar musical, la baja tiene licencia de restaurante, mientras que la terraza, como ha adelantado el alcalde, no tenía ni licencia de actividad ni de ocupación.

El informe de Obras, por su parte, constata que no había ninguna solicitud de licencia de obras y el de Disciplina Urbanística, que se abrieron expedientes en 2013, aunque ninguno referido a la zona del derrumbe.

Sin embargo, en aquel año sí que se hicieron unas obras en el local que, entre otras medidas, supuso la aplicación de una capa de mortero y el recubrimiento de baldosas, lo que provocó el sobrepeso al que se ha referido el jefe de Bomberos.

En 2023, además, el inmueble recibió una Inspección Técnica de Edificios (ITE) desfavorable, aunque no se comprobó si la propiedad había ejecutado las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias.

En este punto, el alcalde de Palma ha apelado a la responsabilidad de los propietarios. "No podemos poner un funcionario en cada uno de los 5.000 locales que hay en Palma. Parece una obviedad, pero no se pueden hacer obras ilegales ni se pueden llevar a cabo actividades prohibidas en locales de pública concurrencia que no tengan licencia de actividad", ha reiterado.