España está a la cola en tasa de homicidios, pero a la cabeza en el porcentaje de población en prisión y de tiempo medio de estancia entre rejas. Son datos contradictorios en uno de los países de Europa con las condenas más altas para muchos delitos contemplados en el Código Penal, que oculta el llamado penalismo mágico o populismo punitivo, la creencia cada vez más extendida de que a mayores penas de prisión, cuanto más gente encarcelada, más seguridad en la calle.

Jorge Elías Ollero, jurista de instituciones penitenciarias, mediador y ahora director del servicio de reinserción y justicia restaurativa en la Comunidad Foral de Navarra, es el creador del concepto penalismo mágico -variante jurídica del realismo mágico de la literatura latinoamericana-, sobre el que ha escrito un libro donde lo define de esta manera: "Es un término que sirve para describir gráficamente una idea muy arraigada en nuestra sociedad: la creencia mítica en el poder del castigo para solucionar complejos problemas sociales y políticos".

El magistrado Joaquim Bosch, miembro de la asociación Juezas y Jueces para la Democracia, calificó como muy acertado ese concepto en un artículo en el cual advirtió lo siguiente: "Ninguna democracia avanzada ha reducido sus niveles de delincuencia incrementando los castigos penales. Al contrario, los países con penas más severas, como EEUU, cuentan con porcentajes de criminalidad mucho más elevados que los nuestros".

Los datos, las estadísticas oficiales, describen un panorama muy diferente al que pintan quienes desde altavoces políticos, mediáticos y sociales claman por penas mayores, por más años de cárcel para quienes cometen delitos, un clamor que suele agudizarse cuando un asesinato particularmente escabroso conmociona a la sociedad.

La tasa de homicidios en España, según el Estudio Global de la ONU sobre Homicidios, se situó en el año 2021 en 0,61 crímenes por cada 100.000 habitantes , muy por debajo de los 2,2 de la media de Europa, el continente con las cifras más bajas del mundo. Nuestro país registra, además, el menor índice homicida entre los principales países europeos, por detrás de Italia, que está en 0,51.

Sin embargo, la tasa de población reclusa de España es de las más altas de Europa, con 117 presos por cada 100.000 habitantes, según la base de datos del World Prison Brief, entidad adscrita a la Universidad de Londres. Ese índice se encuentra bastante por encima de los 90 de Bélgica, 54 de Noruega, 60 de Países Bajos, 89 de Italia, 73 de Suecia, 72 de Alemania, 51 de Finlandia, 102 de Grecia y 111 de Portugal. Únicamente Francia, con 119, Reino Unido y Gales, con 133, y países del Este como Polonia, Lituania o Moldavia superan el porcentaje español de personas encarceladas.

A eso se añade que el promedio de tiempo que pasan los presos en las cárceles españolas es también de los más altos del continente, de acuerdo con el informe anual que publica el Consejo de Europa. En el que publicó en 2021, nuestro país figuraba en la quinta posición, con una media de estancia de 20,2 meses en prisión, una media solamente superada por tres países del Este, Rumanía, Moldavia y República Checa, y por Portugal.

La estadística reunida por Epdata con datos del Ministerio del Interior refleja, igualmente, que el número de asesinatos se ha reducido en España en una década, entre 2012 y 2022: de algo más de 350 casos en el cuarto trimestre del primer año a estar por debajo de esa cifra en el último. Y lo mismo ha ocurrido con los robos con violencia, que descendieron de los cerca de 100.000 a algo más de 60.000 en el mismo periodo analizado.

Las capas económicas bajas llenan las prisiones

El libro de Jorge Ollero sobre el penalismo mágico, publicado en 2021, también recoge datos que constatan el gran aumento de la población penitenciaria en España, multiplicada por ocho desde 1975, año del fallecimiento del dictador Francisco Franco: se pasó de 10.000 personas presas a 75.000 en 2010. Según este jurista penitenciario, la reforma del Código Penal en 1995, el último año de Felipe González como presidente del gobierno, supuso un punto de inflexión con un notable incremento de las penas. Fue, dice a Público, la antesala del populismo punitivo que luego se recrudecería con José María Aznar al frente del ejecutivo.

"Esto es lo que ha hecho -explica Jorge Ollero- que en las prisiones españolas haya mucha gente cumpliendo condenas muy largas por delitos no muy graves. Tenemos el mayor grupo de reclusos por delitos contra el patrimonio -robos y estafas-, en su mayoría de clase socioeconómica baja que delinque por carencias materiales. Y el siguiente grupo mayoritario es el de los que cometen delitos contra la salud pública -tráfico de drogas-, que también sufren unas condiciones de vida difíciles. Vemos entonces que se castiga ante todo la pobreza, los delitos de base económica".

Pero meter mucha gente en prisión no soluciona el problema, según Ollero, que ha trabajado varios años en prisiones. Y no lo solventa, entre otras razones, porque faltan recursos para atender a tanta población interna, argumenta. Falta personal de tratamiento (psicólogos, educadores, trabajadores sociales) y sanitario en las prisiones, algunas de las cuales carecen ya de médicos y tienen que recurrir a servicios externos. "Más recursos y menos reclusos, era el lema de una campaña de Enlace -Federación andaluza de atención a las adicciones-, que es muy acertado", señala.

El penalismo mágico, a juicio del creador de este concepto, la veneración por el castigo como si fuera una varita mágica que todo lo arregla, va en la dirección contraria a la solución del problema que se pretende subsanar. "Una política pública basada únicamente en el Código Penal -advierte- no funciona. El camino es más cuidados, más justicia social, y menos castigos. España es uno de los estados con más desigualdad y con menos políticas sociales. Tenemos una ratio de un psiquiatra por cada mil habitantes, mientras que en otros países de Europa tienen 18. Tenemos una tasa de pobreza del 26% de la población, nuestro gasto en educación es el sexto más bajo de la UE. Todo va sumando. Pero si nos igualásemos en inversión en sanidad, educación, dependencia, gastaríamos menos en castigos."

“El populismo punitivo, una herramienta electoralista muy potente”

La abogada Pastora Filigrana, con una larga trayectoria como activista en la defensa de los derechos humanos, "mestiza gitana" como se presenta en su cuenta de X es la autora del prólogo del libro sobre el penalismo mágico. Y ella tiene muy claro el origen de tal creencia: "El populismo es una herramienta electoralista muy potente que parte de una falacia: profundos problemas sociales con causas complejas se pretende solucionarlos con el endurecimiento del castigo. Y los datos demuestran que eso no funciona. La seguridad material, la reducción de la pobreza es lo que reduce esos problemas", explica a Público.

A juicio de Filigrana, el sistema penitenciario no está enfocado, además, a la reinserción social que se le asigna en la Constitución. Por el contrario, dice, está centrado en el castigo, lejos de buscar la reparación del daño a la víctima y de la justicia restaurativa: "Nos encontramos con cárceles que son máquinas de aumentar la violencia, de donde lo más probable es que la persona que entra, salga igual o más delincuente todavía".

Lo que hay dentro de las cárceles, según esta abogada, es sobre todo gente pobre y con un sesgo de colectivos racializados, migrantes y gitanos, fundamentalmente, mayor aún entre las mujeres reclusas. "Un estudio de 2001 reflejaba que las mujeres gitanas representaban en la calle el 1% de la población, pero en prisión suponían el 21%. Eso es un porcentaje altísimo, mayor incluso que el que se da en las prisiones de EEUU con otros colectivos", subraya.

Para cambiar estos datos, Pastora Filigrana aboga por otros modelos de justicia "que no se ceben con las capas sociales más vulnerables", que son las que cometen más delitos contra la propiedad privada y de tráfico de drogas como parte de sus "estrategias de supervivencia". "La justicia penal -añade- es una venganza oficial, porque mide el daño que un delincuente ha causado para imponer una pena proporcional a ese daño. Tiene un espíritu vengativo. Las otras variantes, la reinserción social, no están como objetivo primordial, y la reparación del daño causado a la víctima es poco frecuente".

Joaquim Bosch: “el delito se debe al desarraigo social”

El magistrado Joaquim Bosch cuenta a este periódico que durante sus guardias en los juzgados de Moncada (València) se topa con muchas situaciones de "serio desarraigo social" que se hallan detrás de la comisión de un delito. Un desarraigo causado por la falta de empleo, por no tener las necesidades básicas cubiertas, por sufrir una adicción. "Si fuera un problema de maldad de las personas, en todos los países habría más o menos el mismo número de delitos. Si hay grandes diferencias entre unos países y otros, se debe a que el delito es un fenómeno social, se debe a razones de desarraigo social", precisa.

Por ese motivo, Bosch sostiene que el derecho penal no puede solucionar por sí solo unos problemas que son de índole social y económica. "Lo que necesitan muchas personas -subraya- es ayuda, ayuda para superar sus adicciones, su exclusión social. El problema es que los mecanismos de protección social son muy precarios. Es frustrante ver que el derecho penal no puede solucionar algunas cosas. Lo que hay muy a menudo en un juzgado no son problemas de gente malvada, sino con problemas sociales no resueltos".

Este magistrado pone como ejemplo las ocupaciones ilegales de viviendas, cuya alta incidencia rechaza de plano: "Es absolutamente falso que entren en nuestra casa mientras vamos a comprar el pan. Pero sí existe el delito, porque hay mucha gente que no tiene vivienda y un lugar donde vivir y hay muchos inmuebles vacíos. Desde el ámbito penal, los jueces tenemos que ordenar el desalojo, pero esas personas luego vuelven a ocupar porque siguen en la misma situación. Y lo que necesitan es que se garantice su derecho constitucional a una vivienda".

Y la prisión, a juicio de Joaquim Bosch, no resuelve todas estas carencias, entre otras razones porque se ha invertido poco en reinserción. "Estamos -dice- en los niveles más altos de población reclusa por habitante, porque tenemos uno de los códigos penales más duros en delitos contra la propiedad, contra la libertad sexual, mientras otros países juegan más con medidas alternativas a la prisión".

La criminalización de las drogas

Los delitos contra la salud pública, es decir el tráfico de drogas, son uno de los principales motivos de ingreso en prisión en España, donde un gran porcentaje de internos es, además, consumidor y adicto a alguna sustancia. Tan es así que el 31,2% de la población reclusa reconoce que ha recibido alguna vez en su vida tratamiento para dejar o controlar el consumo de drogas, según la Encuesta sobre Salud y Consumo de Drogas en Población Interna en Instituciones Penitenciarias de 2022.

Constanza Sánchez Avilés, directora de Ley, Políticas Públicas y Derechos Humanos de Iceers, politóloga y doctora en Derecho Internacional, considera que la criminalización de las drogas es también una forma de criminalizar a determinados grupos sociales, fundamentalmente los más vulnerables.

"La mayoría de las personas que están en prisión -explica esta experta- sufren exclusión y tienen problemas de adicciones. Están encerrando, por tanto, a un determinado tipo de personas que lo que necesitan es apoyo, no castigo; se están obviando otras cuestiones. Y las drogas son un método bastante efectivo para el control social de determinados grupos. A través del control del uso y tenencia de drogas consigues intervenir y detener a grupos que, de otra manera, sería muy complicado criminalizar".

Sánchez Avilés está haciendo un estudio, precisamente, sobre la economía social de las drogas en la provincia de Cádiz, uno de los puntos más activos del narcotráfico y con los peores indicadores sociales del país en paro, pobreza, esperanza de vida y niveles educativos. Y ya ha descubierto algunas circunstancias llamativas: "Estoy encontrando una política de estado que se centra únicamente en aplicar la ley contra las drogas, en más policías, más incautaciones como una garantía de éxito de su política, pero que excluye los factores socioeconómicos que alimentan todo eso".

La secuencia que sigue esa política sería la siguiente, según Sánchez Avilés: estigmatizar por las drogas, sin tener en cuenta otros factores socioeconómicos que puedan concurrir alrededor de ello, luego criminalizar y después perseguir. "Y esto no funciona -subraya-. Si consideras que incautar una tonelada más que el año pasado significa que eso va bien, no acabas con el problema. Simplemente, estás activando una maquinaria policial, judicial, política para lanzar el mensaje de que estás haciendo algo para controlar un problema, pero no estás haciendo inversiones en cuidados para los eslabones más débiles de la cadena, porque es más fácil meterlos en prisión".

Aunque Constanza Sánchez Avilés está a favor de la regulación de las drogas, no tiene claro que esa sea la opción contraria al populismo punitivo que promueve más penas de cárcel para quienes cometen delitos. A su juicio, lo más opuesto al penalismo mágico es el apoyo a la inversión social, para sostener la vida de las personas en situación vulnerable, y a la lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción que detraen un montón de dinero de los presupuestos públicos.

"La regulación de las drogas es una pata de la solución a estos problemas, para que haya una gestión más humana. Pero también hay que ver cómo se regula, que no se dé todo el peso del mercado legalizado a unas empresas multinacionales, porque así tampoco solucionas el problema de la exclusión social. Las soluciones siempre tienen que estar centradas en las personas, en los derechos humanos y en la salud", recalca.

En su libro sobre el penalismo mágico, Jorge Ollero afirma que "las políticas prohibicionistas de drogas han causado estragos globales, han generado daños irreparables a las personas y al medio ambiente, han intensificado la violencia estatal y mafiosa, y no han conseguido, ni de lejos, su objetivo de lograr un mundo libre de drogas".

La violencia machista en prisión

Ollero también analiza en su libro el tratamiento de la violencia machista en las prisiones, ya que los hombres encarcelados por esos delitos ocupan el tercer grupo más numeroso en los centros penitenciarios españoles. "Si consideramos -afirma- que la violencia, la jerarquía y la sumisión son valores esencialmente patriarcales, podemos afirmar, sin dudarlo, que la cárcel es una institución patriarcal. La cárcel se basa y fomenta una masculinidad tóxica (…) como puro ejercicio de violencia. La masculinidad tóxica, como construcción cultural, alimenta el sistema penal reforzando el ciclo de violencia que dice querer prevenir y es lo que provoca que la mayoría de personas encarceladas sean hombres".

A juicio de este jurista penitenciario y mediador, la cárcel no puede ser la única solución para la violencia de género, porque el sistema penitenciario reproduce roles patriarcales que están detrás del maltrato a las mujeres. La prevención de esa violencia, el apoyo a las víctimas y otras medidas deben complementar, a su entender, la condena penal del agresor.

La abogada Pastora Filigrana también sostiene que la solución al problema de la violencia de género requiere algo más que penas de prisión. "El miedo de las mujeres es real, lo que hay que pensar es qué medidas necesitamos para que ese miedo deje de existir. Y eso no pasa solo por la cárcel y por una cárcel, además, que no está orientada a la reinserción, porque se ha visto que el índice de violencia no baja", advierte.

Finlandia frente a El Salvador

Frente a la creencia en el poder salvador del castigo, del aumento de las condenas, Ollero pone como ejemplo los logros de un país como Finlandia, con los mejores niveles de educación del mundo y la menor tasa de población en prisión de Europa, la mitad que la de España. "Apostando por más políticas sociales tendremos una sociedad más segura. La mejor política penal es una buena política social", concluye.

Esa apuesta va en la línea contraria al estado penal que avanza en España y en el resto del mundo en detrimento del estado de bienestar social, según este experto, quien avisa: "Esto nos lleva, en circunstancias extremas, a Bukele -presidente de El Salvador-, a un estado penal que solo se preocupa por el mantenimiento del orden, aunque aquí aún estamos muy alejados de eso".

Filigrana también advierte de ese peligro, del avance del populismo punitivo como herramienta electoralista de gran potencia que aleja a la democracia de los derechos humanos. "La izquierda transformadora se equivoca comprando estos marcos. La seguridad consiste en no tener miedo a perder la vivienda por no poder pagarla, por ejemplo", recalca la abogada.