El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha suspendido el desahucio de una familia con tres menores previsto para este miércoles en el madrileño barrio de San Cristóbal, según ha informado la Coordinadora de Vivienda de Madrid.

Se trata del lanzamiento de Richard Rodríguez, Josefina Hernández y sus tres hijas de corta edad, quienes llevan viviendo desde hace más de seis años en un piso ocupado propiedad del fondo de inversión estadounidense Cerberus Capital Management L.P. Richard y decenas de activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) mantenían desde el lunes una protesta en la puerta de la sede en Madrid de esta compañía, en la calle Serrano, para exigir la paralización del desahucio y negociar un alquiler asequible.

Tras dos días de protestas, la noticia de la suspensión llegó alrededor de las 14.30 horas. Entre gritos de "sí se puede", Richard ha roto a llorar abrazado a varios de los activistas que le han acompañado a lo largo de este último proceso.

La familia ya ha logrado paralizar nueve intentos de desalojo. Primero por parte del banco BBVA, antiguo propietario del inmueble, hasta que lo vendió junto a otros activos a este fondo buitre que, según diferentes colectivos antidesahucios, no negocia alquileres asequibles con familias en situación de vulnerabilidad.

Javier Rubio, abogado de le familia y miembro del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES), ha confirmado a Público la suspensión, aunque solo la ha conocido de forma verbal. Fuentes de la plataforma antidesahucios confirman que Cerberus había solicitado también su paralización y se había puesto en contacto con ellos después de que comenzaran las protestas.

Por el momento desconocen las razones de esta decisión judicial, aunque todo apunta a que el desahucio se ha suspendido en virtud del Real Decreto 21/2021, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Se trata de una medida implementada por el Gobierno destinada a paralizar desahucios a familias vulnerables durante la pandemia y que estará en vigor hasta el 28 de febrero. Rubio había solicitado su tramitación ya que la familia se ajustaba a los requisitos y contaba con el informe de vulnerabilidad pertinente.

En declaraciones a Público, Richard ha mostrado su agradecimiento a todas las organizaciones sociales que le han apoyado. Respira aliviado al menos tres meses más, aunque insiste en que "nunca hay una tranquilidad total" porque "siempre está el interrogante de qué va a pasar después".

La familia, que percibe el Ingreso Mínimo Vital y cuenta con pocos ingresos complementarios, lleva solicitando una vivienda pública desde hace 14 años a la Comunidad de Madrid y más de ocho al Ayuntamiento de la capital.