El Supremo declara ilegales otras 12 devoluciones de menores a Marruecos

El Tribunal Supremo ha condenado en una segunda sentencia a la Delegación de Gobierno y a la Ciudad Autónoma de Ceuta por la devolución de agosto de 2021 a Marruecos de menores no acompañados que llegaron a Ceuta durante la crisis fronteriza de mayo de ese año.

El fallo llega cuatro días después de que el Supremo se pronunciara de manera idéntica sobre las repatriaciones de ocho menores marroquíes en la misma operación. En este caso son 12 los chicos cuya expulsión fue recurrida por la Coordinadora de Barrios y la Fundación Raíces por la falta de garantías y de protocolos aplicados por la Delegación de Gobierno de Ceuta el 16 de Agosto de 2021.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal reproduce los mismos fundamentos por los que consideró ilegales las ocho devoluciones anteriores. Según la sentencia, no consta que la autoridades españolas realizaran ningún otro trámite o diligencia, "más allá de tomar nota de los nombres de los menores retornados". Acepta por unanimidad la "excelente exposición" de la Fiscalía sobre el derecho fundamental a la integridad física y moral, basada en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y acredita que "no admite réplica" alguna.

De esta forma, el Supremo desestima el segundo de los recursos de casación interpuestos por Delegación de Gobierno y la Ciudad Autónoma de Ceuta contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, al que recurrió después de que el Juzgado de Ceuta fallara también de la misma forma.

Ninguna de las instancias judiciales por las que han pasado los casos han mostrado discrepancias. Los menores fueron expulsados sin aplicar los requisitos de la Ley de Extranjería, sin ponderar el interés superior del menor, sin comprobar sus circunstancias individuales y vulnerando su integridad física y moral, lo que supone una "violación del artículos 15 de la Constitución".

El Gobierno central y el ceutí llevaron a cabo por sorpresa y en pleno agosto la devolución de más de 50 menores a Marruecos hasta que la justicia las suspendió de forma cautelarísima tras la petición de la Coordinadora de Barrios y de la Fundación Raíces. Para el Supremo no hay dudas de que estas devoluciones suponen una expulsión colectiva de extranjeros, prohibidas "de manera lapidaria" por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Las organizaciones denunciantes recuerda que de los ocho menores de la anterior sentencia, todos han cumplido ya 19 años y uno tiene 20. Todos fueron devueltos y solo dos consiguieron volver a Ceuta, arriesgando de nuevo sus vidas. "De los seis que se quedaron en Marruecos, todos están localizados, uno de ellos en una situación de abandono absoluto, viviendo en la calle desde entonces y en una situación de enorme deterioro y riesgo", lamentan.

De los 12 niños de esta nueva sentencia dos siguen siendo menores. Uno está en Ceuta y otro en Marruecos. Cinco de ellos han cumplido los 18 años, cuatro tienen 19 y uno, 20 años. "A día de hoy, seis de estos menores y jóvenes están en España, bien porque su repatriación fue paralizada gracias a las medidas cautelares adoptadas por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Ceuta, bien porque tras ser repatriados volvieron a cruzar la frontera por sus propios medios poniendo su integridad nuevamente en riesgo", añaden.

"Nos llevaron engañados a la frontera"

"Dijimos que éramos menores. Nadie nos escuchó. La Policía nos llevó

engañados a la frontera, nos dijeron que nos llevaban a otro centro de acogida en Ceuta", destacaba en una entrevista con Público Abdelhakim Zerrad, uno de los chicos expulsados que volvió a Ceuta nadando durante tres horas y media en agosto de 2022. Actualmente trabaja en Vigo como ayudante de cocina en un restaurante colaborador del Programa Cocina Conciencia de Fundación Raíces.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el martes que las devoluciones se llevaron a cabo desde el "pleno convencimiento" de que se estaba respetando la ley y el interés superior del menor.

Para Lourdes Reyzábal, presidenta de Raíces, "es muy preocupante que en un Estado de derecho, sea el ministro de Interior y el Gobierno quien no asuma la jurisprudencia y quien niegue validez a los hechos probados en los tribunales. El Supremo lo dice alto y claro:

nadie veló por el interés superior de los menores".

La bogada Patricia Fernández Vicens, de la Coordinadora de Barrios, lo ocurrido supone "una gravísima violación que puso en grave riesgo a

55 niños", y espera que este pronunciamiento del Supremo contribuya a "poner coto a las violaciones de derechos en nuestras fronteras".

Ambas organizaciones van a pelar por la ejecución de ambas sentencias y exigirán la repatriación de menores y jóvenes expulsados que siguen en Marruecos y pedirán con efecto retroactivo los derechos que España les negó de forma ilegal: el permiso de residencia y trabajo y, en su caso, un visado para que los que siguen en Marruecos puedan viajar a España.