El Supremo da la razón a los ecologistas y ordena la demolición de las construcciones de Isla Valdecañas

La Sala III del Tribunal Supremo ha dado la razón a la organización de Ecologistas en Acción y ha mandado la demolición de todas las construcciones realizadas en la urbanización Marina Isla de Valdecañas, ubicada en una zona protegida de Cáceres, Extremadura. 

De esta manera, queda revocada la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX) en la que estipulaba que sólo se derruiría aquello que estaba a medio construir y se mantendrían aquellas edificaciones ya finalizadas por "imposibilidad material" de ser demolidas. 

Motivados por esta sentencia, con la que, según Ecologistas en Acción, "se podía instaurar un peligroso precedente ante vulneraciones palmarias de la legislación urbanística y ambiental", presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo. Este fue admitido en mayo del pasado 2021 y este martes ha sido estimado. 

Con este recurso, según señaló la propia organización, buscaban "evitar que se utilicen argucias" para no ejecutar sentencias de demolición de obras "nítidamente contrarias" a la legislación urbanística y ambiental. 

14 años de juicios

La organización ha celebrado que, tras 14 años desde que se iniciara el proceso judicial, la sentencia del Tribunal Supremo ordene la demolición del hotel y las viviendas construidas en el complejo de Valdecañas, que, según Ecologistas en Acción, se diseñó en "plena zona Red Natura 2000, un espacio teóricamente protegido y no urbanizable". 

Además, han señalado que este "largo proceso judicial y todos los gastos" que ha traído consigo se podrían haber evitado si, desde un primer momento, el TSJEX hubiera decretado "la paralización cautelar de las obras, apenas iniciadas en 2012 cuando dictó su primera sentencia en contra de Marina de Valdecañas". 

Ecologistas en Acción opina que es "difícil encontrar un caso tan rotundo de vulneración de la legislación ambiental y urbanística como este" en el que distintas sentencias contra el TSJEX, del Supremo y del Constitucional, así como informes del CSIC, avalan "la necesidad de demoler esta urbanización ilegal".