Menores migrantes en HortalezaEstos son y así malviven los menores migrantes que llegan solos a Madrid

"Ni ropa limpia, ni algo de dinero, ni abono transporte, ni nada. Ni siquiera estudiar”. Así resume Abou, camerunés de 16 años, su situación y la de la mayoría de sus compañeros en el Centro de Primera Acogida de Menores Hortaleza, en Madrid. Desde hace algo más de dos meses, Abou duerme y come en este edificio donde sólo hay plaza para poco más de 30 chicos y chicas, pero donde se hacinan hasta 130 menores extranjeros no acompañados (mena) que han llegado solos a España en los últimos meses. “Quiero aprender español, quedarme aquí y trabajar, quiero ser mecánico”, dice junto al muro del centro que previamente ha saltado. "Esto no es una cárcel, los chicos pueden entrar y salir y muchos saltan la valla por no esperar a que abramos la verja", dice el vigilante de seguridad del centro.

Abou llegó a España en patera hace varios meses. Apenas le ha salido del todo la barba, pero ya ha cruzado una de las rutas migratorias más peligrosas. “Me fui huyendo de la guerra en mi país”, explica. Más bien, del conflicto en una parte de su país a la que un grupo de rebeldes ha bautizado como Ambazonia y pelea con las armas por la independencia del Camerún de habla francesa. Un conflicto del que se habla poco en Europa, a pesar de que enraíza en la descolonización alemana, inglesa y francesa y de que se nutre de recursos minerales que acabamos consumiendo en el norte rico del planeta.

"¿Solicitar protección internacional? Es la primera vez que alguien me habla de eso”, dice Abou

Abou, que llegó a Barbate (Cádiz), está ahora a salvo en Madrid, pero su madre y sus dos hermanos, dice, son parte de los más de 160.000 desplazados internos que la ONU estima que hay en Camerún por ese conflicto, junto a los más de 20.000 refugiados cameruneses que han pedido asilo en la vecina Nigeria desde que los rebeldes autoproclamaron la independencia de la región, en 2016. Su padre, explica el joven, no tuvo tiempo de huir. “Lo asesinaron cuando volvía a casa tras salir del trabajo”, en la ciudad de Bamenda, capital de la región en conflicto, detalla el adolescente. “¿Solicitar protección internacional como refugiado? Es la primera vez que alguien me habla de eso”, asegura el joven.

No es de extrañar que nadie le haya informado. “No hay tiempo material para una atención adecuada con tan pocos recursos”, afirma a Público José, un educador que trabaja en este centro desde 2001. El de Hortaleza es un lugar de acogida temporal, “de observación, diagnóstico y propuesta, no sólo para menores extranjeros, sino para cualquier menor en situación de vulnerabilidad”, puntualiza José. Sin embargo, desde hace ya tiempo, los menas son una aplastante mayoría en el centro. Los chicos deberían pasar por allí poco tiempo mientras se estudia su caso y se deriva a una plaza en otro centro permanente o en pisos tutelados que gestionan algunas ONG en convenio con la Comunidad de Madrid, que es quien ostenta la tutela de estos chicos.

Sin embargo, la espera está siendo cada vez larga, ya que las plazas son limitadas y la llegada a España de menores migrantes sin padres ha aumentado drásticamente en el último año, según le han explicado los educadores a Abou, que se impacienta tras más de dos meses en el centro. No le engañan. Si en diciembre de 2017 había en el país 4.760 menas en España, a fecha del pasado 30 de septiembre había registrados 11.174, un aumento de más de un 130% que ha desbordado los ya de por sí escasos recursos disponibles, sobre todo en Andalucía, Melilla o Catalunya.

En Madrid, la Fiscalía General del Estado contabilizó en su informe de 2017 un total de 478 menas en todo el año. Según el Ministerio del Interior, a cierre del pasado septiembre había 407 y, según la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la región, por sus servicios sociales han pasado más de mil en lo que va de año.

Pese al aumento generalizado, trabajadores y varias ONG critican que el periodo de estancia en este centro madrileño lleva superando con creces lo razonable desde hace varios. “Cuando todo funcionaba, los chicos pasaban en el centro un mes, como mucho, dos. Ahora están de media unos cinco o seis meses”, apunta el educador entrevistado, que lleva denunciando la falta de recursos desde hace dos años y medio. “Hemos pasado de superar la capacidad del centro un 50% a sobrepasar el 300%”, lamenta. Mientras llega el momento de salir del centro, Abou se entretiene jugando a fútbol en el patio, yendo y viniendo con algunos compañeros y escuchando hip-hop en francés en su teléfono móvil.

Reparto ente comunidades autónomas

No ha sido hasta ahora cuando el llamado “problema de los menas” ha estallado a nivel nacional. Melilla y, sobre todo, Andalucía, que alberga a más de 5.600 de estos menores, casi la mitad de los que hay en el país, han pedido más apoyo y medidas— entre ellas, la devolución a su país de los menores marroquíes, los más numerosos— al Gobierno central, que parece reaccionar pero a pasos cortos y, sobre todo, lentos. El pasado agosto prometió 40 millones de euros para las comunidades autónomas que se ofrecieran voluntarias para acoger a parte de estos chicos y “descongestionar” las regiones más afectadas, pero de momento no hay noticias de este “reparto solidario” pese a que hace más de dos semanas que venció el plazo dado a las comunidades. Por el camino se han quedado dos altos cargos del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, cesados recientemente por la nueva ministra, María Luisa Carcedo, en este periodo sin acuerdo con las autonomías, según El País.

Desde que las regiones de la frontera sur dieron la voz de alarma ante el aumento —que coincide con el gran repunte de llegadas de migrantes por vía marítima—, el Gobierno de la Comunidad de Madrid también ha empezado a hablar “avalancha” y de “llegadas masivas” de menores migrantes provocada por “el efecto llamada” que, en palabras de varios representantes del Ejecutivo autonómico, ha generado Pedro Sánchez.

“Lo que no dice el Gobierno autonómico es que ha eliminado hasta 300 plazas para menas en los últimos años", afirma Raíces

“Desde la Comunidad de Madrid se habla ahora de avalancha y llegadas masivas, casualmente cuando desde el Gobierno central van a destinar fondos adicionales para el reparto de estos niños”, argumenta Lourdes Reyzábal, presidenta de la Fundación Raíces, una organización madrileña de apoyo social a adolescentes y jóvenes en situación de desigualdad o riesgo de exclusión social, entre ellos, los menores extranjeros no acompañados.

"Lo que no dice el Gobierno autonómico es que ha restringido y eliminado hasta 300 plazas para menas en los últimos años. Esto ha generado un efecto embudo por el que los niños entran en el centro de Hortaleza pero no salen porque no hay sitio al que llevarlos. Tendrían que estar dos o tres meses allí como máximo, pero desde hace años hay niños que pasan diez meses o incluso más tiempo allí”, relata. "El hecho de que ahora se hable tanto del desbordamiento de Hortaleza nos hace temer que detrás haya intereses económicos y quedar como una de las regiones más afectadas por estas llegadas de menores cuando no es así”, alerta Reyzábal, que habla abiertamente de “maltrato institucional” a unos menores cuyos derechos fundamentales “no se están garantizando”.

"Se me cae la cara de vergüenza cada vez que le digo a un chaval que tiene que dormir en el suelo", afirma un educador del centro

El resultado de este colapso lo sufren estos menores y también los educadores de un centro “totalmente desbordado” donde las peleas y los robos son constantes, donde los niños duermen en el suelo “en los pasillos, en las aulas o en el polideportivo, sobre una colchoneta, con una sábana y poco más”, afirma el educador. “Se me cae la cara de vergüenza cada vez que le digo a un chaval que tiene que dormir así”, reconoce. “Tienen que comer a toda prisa porque en el comedor sólo caben 35 y hay otros cien esperando. No podemos enseñar porque no caben en las aulas del centro. No podemos hacer nuestro trabajo más allá de la primera asistencia y la contención. La derivación de chicos a proyectos educativos y de inserción es prácticamente inexistente. Si salen cinco chavales del centro y entran diez, es claramente insuficiente”, lamenta José.

El relato lo confirma Juan Jesús, un chico de 17 años que vive en el centro desde hace “dos meses y dos semanas”. Juan Jesús cuenta cada día que pasa en esas “condiciones de mierda”. Habla un castellano perfecto que aprendió en su país, Guinea Ecuatorial, antaño conocida como la Guinea Española. Unos antiguos territorios coloniales en África a los que el dictador Francisco Franco permitió independizarse en 1968 tras un referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU. Ahora, Guinea Ecuatorial es el cortijo familiar del dictador Teodoro Obiang y su prole. “Yo no vine en patera, llegué en avión hace más de ocho meses. He vivido en un piso con un compatriota hasta que se ha ido a Francia. No podía vivir solo en el piso así que me vine al centro”, explica.

Juan Jesús quiere ser jugador de fútbol profesional y pensó que en Madrid podría conseguirlo, “pero es más difícil de lo que pensamos en Guinea”, reconoce frustrado. Su intención era conseguir el visado para estudiar en España, pero ahora lo único que tiene es la colchoneta del centro y las pocas cosas que trajo consigo y que otros compañeros “sobre todo los marroquíes que llevan aquí más tiempo”, le pueden robar en cualquier momento, relata. Aun así, este joven es de los afortunados. “Hago un curso para ser camarero y trabajar en hostelería. Voy por la tardes a hacer prácticas tres días a la semana gracias a la Fundación Tomillo. Pero necesito un sitio tranquilo donde estudiar cada día y aquí es imposible porque nuestra habitación son los pasillos”, lamenta. "He hablado con siete educadores del centro y todos me han dicho lo mismo, que tenga paciencia, que salir de aquí lleva tiempo”, asegura.

El caso de Juan Jesús refleja a la perfección una de las carencias del sistema que más denuncia la Fundación Raíces. “Nos preocupa que no se individualicen los casos y no se busque el interés superior de los niños. No se puede decir que son menas, como si fuera un cajón de sastre, porque cada chico tiene su propia historia y sus necesidades específicas”, critica Reyzábal. José, el educador del centro, destaca que “no es lo mismo un niño magrebí que llega a España tras vivir varios años en la calle que un subsahariano con un proyecto migratorio más o menos claro o que una niña posible víctima de trata o un menor con algún tipo de trauma psicológico grave”.

Todas estas circunstancias conviven en Hortaleza, duermen en el mismo suelo, van a las mismas clases y sufren la misma falta de recursos. “No esperaba que España fuera esto”, afirma Omar. Él es de Costa de Marfil, tiene 17 años y llegó hace algo más de cinco meses a Tarifa tras lanzarse al Estrecho en una patera. Quiere quedarse en España, trabajar de cocinero, formarse, aprender español y dejar atrás el doloroso y cruel viaje que las numerosas cicatrices de sus brazos revelan. “Prefiero no hablar de lo que me ha pasado porque no pararía de llorar. Pasé dos años en los montes de Marruecos. No son heridas de las vallas, me las hicieron los policías marroquíes”, dice enfundado en su gorra y unas grandes gafas de sol.

De Cádiz a Madrid

Omar sólo quiere hablar del futuro, pero de momento está atascado en un sistema de protección que hace aguas de sur a norte del país, no sólo en Madrid. Antes de llegar a la capital, el joven pasó dos meses en un centro para menores migrantes en la localidad gaditana de Jimena de la Frontera. “Allí había chicos que llevaban más de un año en la misma situación, sin hacer nada, sin clases de español ni nada de nada. Yo no quería estar parado, así que pensé que en Madrid todo sería mejor, pero ahora veo que es muy parecido”, relata.

Omar se marchó del centro gaditano junto a Abou. Ambos llegaron a una estación de autobuses, donde una persona que encontraron allí les compró un billete para Madrid. “Quiso ayudarnos” relata agradecido, ya que él no tiene padre ni madre. Ni a los educadores ni a las ONG les extraña que muchos decidan marcharse a otra comunidad autónoma o a cualquier otro lugar. “Cuando ven cómo tienen que vivir aquí o cuando otros chicos les roban o les pegan sin que pase nada es muy normal que no vuelvan por el centro”, asegura José. Según un informe de Save the Children, 825 niños y niñas desaparecieron de los sistemas de protección en 2016 y se desconoce su paradero. Cifras que este año habrán aumentado considerablemente.

Abou y Omar no quieren moverse más, aunque nada les impide salir del centro y acabar en Catalunya, donde ya hay 1.074 menas, muchos durmiendo en el suelo de comisarías cuando llegan ante la falta de plazas en centros de acogida. No obstante, no todos piensan lo mismo en Hortaleza. Varios adolescentes marroquíes que deambulan por el barrio y también residen en el centro explican —aunque son de pocas palabras— que aquí no hay nada para ellos. Unos quieren llegar a Francia, otros, a Barcelona. Otros (una “muy pequeña parte de ellos”, destaca un educador del centro) prefieren vivir en la calle, sin normas ni control, antes que dormir hacinados en los pasillos.

Es el caso de Soufian, que ya lleva en España más de dos años. Si le preguntan la edad le gusta bromear. “¿Cuál prefieres, la de Marruecos o la de España?”, responde. En su país tendría 14 años pero aquí, “la Fiscalía dice que tengo 12”, apunta. Explica que no residen en el centro, ya que él ingresó en otro para menores de 14 años, pero su adicción a inhalar disolvente le llevó a un centro para tratar adicciones. “Ya no tomo pegamento desde hace meses, pero tampoco puedo ir al centro de acogida porque me escapé del de desintoxicación”, relata el chaval, que vive en la calle con otros compañeros, en un parque a pocos metros del centro donde pueden verse varios botes de disolvente vacíos, calcetines, latas de cerveza y alguna camiseta hecha ya jirones.

"Yo me fui a Ceuta porque en Marruecos no hay trabajo ni hay de nada. Viví en el puerto de Ceuta hasta que me escondí debajo de una caravana cuando subía al ferry que cruza a Algeciras”, recuerda. “Pronto voy a volver al centro, en un mes más o menos”, dice antes de levantarse del bordillo y marchase sin decir nada más.

Mientras Soufian pasa por la puerta del centro de Hortaleza, varias cámaras de televisión graban las declaraciones que varios cargos públicos hacen a la prensa tras una visita a las instalaciones. Allí, la concejala del distrito por Ahora Madrid, Yolanda Rodríguez Martínez, describe la situación que ya han narrado los menores a Público. Insiste en que se trata de un “problema en el que todas las administraciones deben trabajar unidas” y critica la negativa del alcalde de Tres Cantos (PP) a usar como centro de acogida de menores un palacio propiedad del Ayuntamiento de Madrid que está actualmente vacío. “Desde el Ayuntamiento estamos intentando buscar más espacios disponibles y pedimos a la Comunidad que también los busque, porque estoy segura de que disponen de ellos”, afirma la concejala.

Por su parte, la diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid Isabel Serra, que lleva años denunciando esta situación, pide “recursos urgentes” para acabar con unas circunstancias que “no tienen que ver sólo con que llegan más menores, sino con la falta de recursos en toda la red de protección a la infancia en la región”. La parlamentaria recuerda que su grupo ya ha registrado una propuesta de reprobación a la consejera de Políticas Sociales y Familia, María Dolores Moreno, porque la Administración lleva “vulnerando los derechos de la infancia desde hace años de forma flagrante”.

Por su parte, el director general de la Familia y el Menor del Gobierno regional, Alberto San Juan Llorente, insiste en la “llegada masiva” de menas y afea a otros partidos que “utilicen a estos menores como un arma arrojadiza para sacar rédito político”. Explica que se están generando nuevas plazas, 50 la pasada semana y otra 50 que están a punto de crearse, aunque sin precisar dónde ni cuándo. “Es una situación de emergencia, llegan muchísimos, más de los que podemos afrontar”.

"Lo más triste es que todo esto ya está contado y denunciado. Hablamos de niños desamparados y absolutamente abandonados por la administración, que sólo habla de problema y avalancha cuando no es así”, zanja Reyzábal.