El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha recibido este lunes a un grupo de familias y personas migrantes y refugiadas sin recursos económicos que llegan a Madrid y permanecen desamparados durante semanas por falta de plazas en el sistema nacional de acogida para solicitantes de asilo. Una situación que lleva a muchos a dormir en la calle en pleno invierno, a pesar de las obligaciones del Gobierno de proporcionarles una atención básica durante el proceso y de la responsabilidad del Ayuntamiento de Madrid, que no cuenta con camas suficientes en sus albergues para situaciones de emergencia.

El grupo de demandantes de protección internacional, formado por unas 40 personas, ha interpuesto una queja en la que denuncian el "lamentable estado de las plazas de campaña de frío" habilitadas por el Ayuntamiento de Madrid y, por otra parte, la "irresponsabilidad del Gobierno central" al imposibilitarles el acceso a los programas de acogida a los que tienen derecho por su condición de solicitantes de protección internacional.

A la cita les ha acompañado la abogada Patricia Fernández Vicens, miembros de la Red Solidaria de Acogida y el párroco de San Carlos Borromeo de Vallecas, Javier Baeza. La letrada ha recordado que las quejas de este colectivo por la misma situación han sido reiteradas en el último año, aunque esta ha sido la primera vez que Marugán les recibe personalmente en su oficinas. También denuncia que no se hayan tomado medidas contundentes para paliar estas carencias, ya que "estas personas atraviesan aquí una situación penosa y padecen un sufrimiento físico y psicológico tremendo después de pasar en la calle tanto tiempo". Según han explicado los solicitantes de asilo congregados, el Defensor del Pueblo les ha trasladado que "acoge el sufrimiento de estas personas" y que cursará las actuaciones correspondientes ante las instituciones responsables.

Según los propios afectados y las organizaciones que les prestan apoyo, "la situación no es nueva y la respuesta siempre es la misma: el Ministerio de Inclusión, Asuntos Sociales y Migraciones y el Ayuntamiento de Madrid se echan culpas uno al otro, estigmatizan a las personas solicitantes sugiriendo que están desbordados, pero no se plantean en serio mejorar el raquítico sistema de acogida del Estado español destinado a familias en esta situación, ni tampoco, en el caso de Madrid, ampliar y mejorar la calidad de las pocas plazas disponibles para las personas en situación de exclusión social".

Al mismo tiempo, afean la total ausencia de la Comunidad de Madrid, de quien aseguran que "ni está ni se la espera" en este problema, más allá de haber colaborado con el Ayuntamiento en la donación de varios módulos prefabricados que albergarán próximamente viviendas de emergencia para estas familias en Villa de Vallecas.

"Ya son meses de lucha de vecinos y asociaciones y de las propias personas afectadas, que dormían al raso a las puertas del Samur Social, para exigir a las Administraciones trabajen en conjunto para ofrecer una solución de acogida real y digna para todas", recuerda la RSA.

Alerta ignorada desde 2015

El Defensor del Pueblo lleva alertando de la situación de colapso en el sistema de acogida desde el año 2015, tal y como recordó en su última respuesta a una queja presentada en noviembre de 2019. En su informe anual de 2018 advirtió de que "el sistema no ha sido capaz de generar nuevas plazas a la velocidad que requería la cantidad de nuevas solicitudes que se formulaban, dejando a muchos ciudadanos en una situación de total desprotección", sobre todo, en casos en los que la situación afecta a menores.

La institución recuerda que la ley de asilo y protección subsidiaria dispone que "se proporcionará a las personas solicitantes de protección internacional, siempre que carezcan de recursos económicos, los servicios sociales y de acogida necesarios con la finalidad de asegurar la satisfacción de sus necesidades básicas en condiciones de dignidad.