Este artículo se publicó hace 3 años.
"¡Sinvergüenza! ¡En castellano!": denuncian que un socorrista increpó a una bañista en Calp por hablarle en valenciano
La Plataforma per la Llengua presenta una reclamación por un caso de discriminación lingüística y pide al Ayuntamiento de la localidad alicantina que sancione al trabajador.
Madrid-Actualizado a
La Plataforma per la Llengua ha presentado una reclamación ante la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat Valenciana tras conocer un posible caso de discriminación lingüística ocurrido en la localidad de Calp el pasado 1 de agosto. De acuerdo a la plataforma, un socorrista de la playa de la Fossa del municipio alicantino increpó a una bañista por hablarle en valenciano. La mujer se dirigió al trabajador para comentarle que las duchas para lavarse los pies no funcionaban, tras lo cual recibió como respuesta en "tono violento": "¡En castellano, señora!".
La bañista, según el relato de la Plataforma per la Llengua, recordó su derecho a hablar en valenciano y reprochó al socorrista su mala educación. Sin embargo, este siguió a la mujer mientras le gritaba: "¡Sinvergüenza! ¡En castellano! ¡Qué no tiene vergüenza!".
Además de la reclamación presentada, la plataforma ha pedido al Ayuntamiento de Calp que sancione al trabajador. El colectivo incide en que "el uso del valenciano está reconocido" por ley y que "es la lengua propia y tradicional de Calp y la lengua utilizada por muchos de sus vecinos". Asimismo, recuerda que el derecho de la ciudadanía a ser atendidos en esta lengua es también extensible a los trabajadores públicos y, como es el caso del socorrista, a los empleados de las empresas concesionarias de la administración local.
Del mismo modo, la Plataforma per la Llengua inciden en que existe un apartado en el contrato de prestaciones de servicios para el salvamento, socorrismo y transporte sanitario en las playas de Calp de "Obligaciones y derechos de las partes". Por lo cual, se considera "falta grave" los "malos tratos de palabra u obra a los usuarios del servicio, hecho que de manera evidente se produjo en el caso de la bañista". Este contrato de servicio determina que los incumplimientos graves del concesionario pueden ser sancionados con multa de 3.001 a 15.000 euros, según la plataforma.
Por último, el colectivo destaca una reciente resolución del Síndic de Greuges que recomendaba al Ayuntamiento de Calp garantizar "los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas a dirigirse a la administración de la Comunitat Valenciana en cualquiera de las dos lenguas oficiales y a recibir la respuesta en la misma lengua que han utilizado".
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