La Generalitat de Catalunya está a punto de resolver el que será el concurso público más grande de la legislatura: el servicio de gestión del transporte sanitario urgente y no urgente. A este megacontrato de 2.400 millones, que se ha dividido en 10 lotes, han optado 12 empresas. El concurso de las ambulancias aprobará el presupuesto por el periodo 2025-2030 y se han presentado a él multinacionales, compañías familiares y empresas locales.

Precisamente, las condiciones del anterior concurso, presentado hace casi una década y que se ha recorrido dos veces, han enfrentado tradicionalmente a los grandes grupos empresariales con las compañías más pequeñas, que lamentaban las dificultades para acceder al concurso. Desde el Govern se señala que se han articulado mejoras en el proceso, entre las cuales destaca priorizar la calidad del servicio por encima de la oferta económica, además de reducir el contrato a cinco años, la mitad del que se establecía hasta ahora.

Además, para limitar la concentración de las adjudicaciones, las empresas solo podrán obtener tres lotes por operación. Aun así, los sindicatos y los representantes de los trabajadores rechazan la propuesta, mientras no se avance en la internalización del servicio y se equiparen las condiciones laborales de las plantillas a la de los empleados del Sistema d'Emergèncias Mèdiques (SEM).

Justo después de las últimas elecciones autonómicas en el Parlament de Catalunya, el pasado mayo, el Tribunal Catalán de Contratos del Servicio Público suspendió el concurso del servicio de gestión de las ambulancias, atendiendo una impugnación de la Asociación Catalana de Empresarios de Ambulancias (ACEA). La patronal esgrimía que el presupuesto, superior a los 2.000 millones, "resultaba insuficiente y provocaba pérdidas", además de remarcar otros cálculos erróneos, como las velocidades medias de los vehículos, el precio de las bases o los descuentos en la compra de las flotas. ACEA afirma que "las condiciones no se sostienen en ningún informe objetivo".

En cambio, la Plataforma Salvem les Ambulàncies pone el foco en la necesidad de avanzar en la proposición de ley sobre la internalización del transporte sanitario. El colectivo señala que de las más de 1.300 ambulancias de Catalunya, más del 90% son gestionadas por multinacionales y empresas privadas que, mediante la subcontratación del servicio por parte de la Generalitat, "tienen como prioridad hacer negocio de un servicio esencial".

Fiscalización de los contratos

Salvem les Ambulàncies denuncia el estado lamentable de los vehículos, la obsolescencia de los materiales, los incumplimientos en materia de formación y la precariedad laboral de los 5.000 profesionales del sector. Así, advierte sobre "una deficiente gestión asistencial y una nula fiscalización de los incumplimientos concursales", lo que aboca a las empresas adjudicatarias a estar lejos de ofrecer un servicio de calidad. A falta de la publicación del contrato del concurso, la entidad plantea la importancia de que "los recursos públicos destinados se utilicen para garantizar un transporte sanitario de calidad y que una dotación presupuestaria tan elevada tendría que estar correctamente fiscalizada".

En la anterior legislatura, Salvem les Ambulàncies y representantes del sindicato CGT Catalunya presentaron la realidad del sector a los diputados del Parlament de Catalunya. Uno de los datos más ilustrativos es el agravio comparativo que existe entre el 10% de los vehículos públicos y el 90% restante privado. Por esta razón, argumentan que "el camino más corto para la equiparación de las condiciones laborales de los profesionales es la internalización del servicio". En este caso, precisan que la Generalitat, en las últimas décadas, no ha sido capaz de revertir la mala gestión de las firmas adjudicatarias, lo que ha acabado afectando el servicio recibido por los usuarios.

Una de las soluciones que se plantea es que el Govern, a través del CatSalut, asuma la gestión de la totalidad del servicio de transporte urgente y no urgente, además del personal. Para avalarlo, aseguran que "si tenemos un cuerpo de bomberos público, si tenemos un cuerpo de Mossos d'Esquadra público, ¿por qué no merecemos tenemos también un transporte sanitario, en sus modalidades urgente y no urgente, que también sea público?"

Servicio público esencial

El sindicato CGT Catalunya señala que después de un proceso de negociación sectorial de casi una década, que ha acabado sin un consenso entre la patronal y los representantes, ahora es necesario reforzar los mecanismos de equiparación salarial y laboral, que quedaron fuera de los anteriores Presupuestos de la Generalitat. Por este motivo, insta a "solucionar la falta de voluntad política con la recuperación de los servicios públicos esenciales sin que haya por el medio intereses de empresas privadas o la internalización del mismo como se recoge a la propuesta de ley inicial".

Precisamente, este lunes está prevista una reunión entre la consellera de Interior, Núria Parlon, y miembros del comité de empresa del 112 de Reus y de la Zona Franca, el teléfono de emergencias, para abordar la internalización del servicio. Hace más de dos años, el mismo PSC, partido que gobierna la Generalitat, presentó una propuesta parlamentaria de resolución para internalizar el 112 en plazo de tiempo más corto posible.

En Catalunya, el 112 es un servicio privatizado en el cual los trabajadores se rigen por el convenio de telemarketing. Además, los trabajadores de los centros de Reus y el de la Zona Franca llevan un año de huelga en protesta por las condiciones laborales. Los representantes de la plantilla comentan que "el hecho de prescindir de la empresa intermediaria es un ahorro por la Administración y acabar con el afán de lucro en las emergencias que provoca que no se contraten los trabajadores suficientes".

En ambos casos, los actores implicados reafirman que la gestión pública y la posibilidad de disponer de un convenio propio son garantías de unas emergencias de calidad. El objetivo es garantizar la excelencia en la calidad asistencial