A principios de junio el Consejo de Ministros aprobaba un Real Decreto con medidas urgentes para paliar la sequía provocada por el bajo nivel de agua disponible. El descenso de lluvias durante la temporada primaveral se ha situado un 23% por debajo de la media, siendo especialmente seco el mes de abril con una caída del 60%. Esto nos sitúa ante la primavera más seca desde 1965, según la Agencia Estatal de Meteorología. Las medidas contempladas en el decreto implantan la sequía en tres cuencas hidrográficas –Júcar, Segura y Duero-, así como la moratoria en el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, la condonación del canon y la tarifa correspondientes al año 2017 o créditos presupuestarios para paliar el descenso de ingresos en las confederaciones hidrográficas. Junto a las disposiciones dirigidas a agricultores y ganaderos, el Real Decreto establece el aumento del canon a las eléctricas por producción de energía hidráulica; y permite la compraventa de derechos del agua eliminando las restricciones impuestas hasta la fecha.

En circunstancias normales la declaración de sequía vendría acompañada de una restricción en consumo del agua por parte de los grandes acaparadores de este recurso, amén de echar mano de las reservas acumuladas en los embalses a lo largo del año. No sucede así en España. A pesar de contar con el mayor número de embalses por superficie y población del mundo –en términos generales, España ocupa el quinto lugar por detrás de China, Estados Unidos, India y Japón-, el nivel de reserva hídrica se encuentra 16 puntos por debajo del volumen de agua acumulada por estas fechas el año pasado.

Tanto organizaciones ecologistas como la oposición política señalan la absoluta preponderancia del regadío (con la connivencia del Ejecutivo y las comunidades autónomas) como el principal causante de la ínfima cantidad de agua embalsada. Según la última encuesta del INE (2015) sobre el uso del agua por sectores, el regadío acapara el 84’3% del agua de España, mientras que el abastecimiento a la población y el consumo industrial ocupan el 15’7% restante.

Si tenemos en cuenta los retornos a través de las redes de suministro, Ecologistas en Acción eleva la cifra de consumo de agua del regadío al 90%: “De cada diez litros de agua que se van para el regadío sólo vuelve uno al río, mientras que en el agua para el abastecimiento humano vuelven ocho de cada diez. Tenemos que pensar que los consumos por habitante se han reducido en las últimas décadas. Madrid en 1991 consumió 600 hectómetros cúbicos, con cuatro millones y medio de habitantes. Actualmente ha aumentado la población a seis millones y medio y consume menos de 500. Ha caído el consumo más de un 30% por habitante y estamos viendo situaciones impensables hace veinte años, como disputas por quién se queda las aguas residuales de Madrid para usarlas en riego. Parece 'Mad Max', pero es la realidad”, subraya el responsable de aguas de la organización Santiago Martín.

En su último informe sobre los efectos del cambio climático en nuestro país, Ecologistas en Acción alarmaba sobre la pérdida del 20% del agua disponible en los últimos veinticinco años. Una de las principales causas reside en la sobreexplotación de los acuíferos por parte de los regantes. Especialmente preocupante es la situación de Doñana, en cuyo entorno se encuentran 3.000 hectáreas ilegales de regadío que han reducido los humedales en un 80% y en más del 90% el volumen de lagunas estacionales poco profundas. Estas cifras publicadas por World Wide Foundation en su campaña Salva Doñana, se suman al medio millón de pozos ilegales que la propia organización calcula que existen en España. Según fuentes del Ministerio de Agricultura consultadas por este diario, la cifra se elevaría a más de un millón de pozos “aunque no se dan las cifras oficiales para no alarmar a la población”.

Frente a la política de embalses implantada con la dictadura de Primo de Rivera -y continuada por la Segunda República, el franquismo y durante la vuelta a la democracia-, ecologistas y catedráticos sostienen que la mayor fuente de acumulación de volúmenes de agua para etapas de sequía no son los grandes embalses, sino la preservación de los acuíferos. “Las sequías se gestionan en tiempos de normalidad, que es lo que no hemos estado haciendo. Hemos sobredimensionado las demandas y eso lleva a que cuando no prevés la gestión del agua y hay una pequeña falta de lluvias todo el sistema se viene abajo”, defiende Pedro Arrojo –creador de la Fundación Nueva Cultura del Agua y diputado de Unidos Podemos en el Congreso-. En la misma línea se expresa Santiago Martín de Ecologistas en Acción: “Vivimos constantemente al día a día y derrochamos agua sin pensar en la próxima sequía. Seguimos aumentando cada año hectáreas de regadío para aumentar la exportación alimentaria, pero realmente estamos exportando agua que es lo que nos hace falta”.

En términos de sobredimensionamiento de nuestros recursos hídricos, el Partido Popular ha encontrado un gran nicho de mercado desde su llegada al gobierno en la producción masiva de agroalimentos, principalmente herbáceos (cereales, arroz), frutales y hortalizas que son los que más agua consumen. La facturación de la exportación del sector agroalimentario ascendió de 15.053 millones en 2009 a 48.300 en el último año. La propia ministra Tejerina cifraba a principios de julio, en la Jornada sobre "Crecimiento empresarial y competitividad", el aumento de las exportaciones del sector en un 51% desde 2011. Fruto de esta meteórica carrera por salir de la crisis a través de la producción agroalimentaria, el sector ha optado por que cultivos históricamente de secano -como el olivo o la vid- pasen ahora a producirse en regadío para aumentar su extensión y lograr mayores beneficios.

Aunque los herbáceos siguen representando más de la mitad del uso de agua del sector (55’2%), el olivar y el viñedo ya ocupan el cuarto lugar de consumo de regadío. Ecologistas en Acción aboga por una moratoria en la concesión de nuevas hectáreas de regadío y, según sus cálculos, para lograr cierto reequilibrio hídrico habría que reducir de los 4’1 millones de hectáreas actuales a -como máximo- 3’2. Desde Unidos Podemos, Pedro Arrojo aboga por un redimensionamiento de las explotaciones y las demandas similar a la reforma aprobada por el Gobierno en materia pesquera.

La sequía, “una excusa para liberalizar los mercados de agua”

Una de las denuncias que se vienen acumulando con cada declaración de sequía es el oportunismo para abrir a manos privadas la compraventa de los derechos del agua. El camino iniciado con la Ley de Aguas de 2001 abría la puerta a la liberalización de los mercados del agua, pero limitando los intercambios a situaciones de sequía y desde el sector agrícola al sector urbano a un precio fijado por el gobierno.

El segundo empujón al liberalismo hídrico vendría de manos socialistas en 2007 eliminando las dos restricciones mencionadas. Sería en la época de mayoría absoluta del PP cuando este, en unos de sus habituales decretazos, eliminaría la necesidad de reconocer el excedente de agua para realizar un trasvase de una cuenca hidrográfica a otra. Con el presente Real Decreto, el Gobierno popular da el espaldarazo definitivo y vuelve a levantar las restricciones para el libre mercado del agua permitiendo la venta total de la concesión del agua, vaya a ser utilizada en un futuro o no.

“Lo que están incentivando es que los pequeños productores más débiles sean expulsados y obligados a vender su concesión a grandes regantes y productores por un módico precio. De este modo, están pasando a utilizar el agua como una mercancía que tiene el valor de lo que indique tu concesión; lo que en el mundo ambientalista llamamos “aguas de papel”, opina Pedro Arrojo.

El Gobierno incluye sólo tres cuencas en la declaración de sequía
Otro conflicto surgido del decreto ministerial tiene que ver con la decisión del Gobierno de haber limitado al Júcar, Segura y Duero la declaración de sequía, dejando fuera al resto de cuencas de las medidas contempladas. Desde la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), ponen el acento en la temporada de invierno y primavera anómalamente seca y cálida que ha afectado a su comunidad, a Catalunya y Cantabria: “No entendemos por qué han dejado fuera la Ebro del decreto de sequía. Con los parámetros que usa el propio Ministerio resulta que el Ebro, desde Cantabria hasta Aragón y la margen derecha, tienen los mismos parámetros de falta de lluvias y agua disponible que las demás cuencas que han entrado en el Decreto”. “Lo que reclamamos es que entrará el Ebro de forma parcial porque en las zonas de los Pirineos no habido escasez de lluvia. De hecho, en los mapas que manejaba el Ministerio, aparecían en rojo las zonas de Cantabria y la margen derecha del Ebro”, añade el presidente de UAGA José Manuel Penella.

Desde el partido Unidos Podemos, su portavoz en la Comisión de Medio Ambiente va más allá y critica el uso equivocado que el Gobierno realiza del concepto de sequía: “Si atendemos a las estadísticas del ministerio resulta que el Júcar y el Segura han tenido los niveles más altos de precipitaciones de los últimos treinta años. Con lo cual el Duero es el único que ha tenido una sequía meteorológica como tal. El Gobierno mezcla dos conceptos de escasez diferentes que no dependen tanto de la meteorología, sino de la mala gestión realizada en torno al agua. El déficit hídrico que arrastra el Segura es un buen ejemplo de ello y están pagando las consecuencias del pésimo diseño del trasvase Tajo-Segura. La Unión Europea ya nos ha dado un toque de atención para que separemos los dos conceptos de escasez antes de finales de año”.

Ni siquiera las medidas encaminadas a aliviar las perdidas y los gastos derivados del temporal son acogidas con buenos ojos por los agricultores y ganaderos. Anunciadas a bombo y platillo, tanto las medidas contempladas en el Real Decreto como el adelanto del dinero por parte de Bruselas de la Política Agraria Común (PAC) -anunciado hace un par de semanas por la ministra Tejerina- no vienen a resolver la situación de los trabajadores del campo, sostiene Nicolás Chica de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA): “Que adelanten el dinero de la PAC no es ninguna novedad, se lleva haciendo los dos últimos años. Establecer en un decreto una reducción del coeficiente de módulos no es una medida real. Si no hay actividad, no hay ingresos ni beneficios. Apliques el coeficiente fiscal que sea al final será cero porque no habrá beneficios. Como que afirmen que van a exonerar del pago de las cuotas de la Seguridad Social durante seis meses. Mire usted, lo que está estableciendo es un periodo de carencia y me está permitiendo que retrase el pago, pero dentro de medio año voy a tener que pagar el doble”.

Otra de las medidas fuertemente atacadas por los agricultores y ganaderos ha sido la vinculación de las ayudas a la existencia de un seguro agrario. Mientras el Ministerio de Agricultura obliga a la contratación del agroseguro, detalla el presidente de UAGA, el Ejecutivo no ha parado de recortar el presupuesto para este fin. En los presupuestos para 2018 recientemente aprobados, el recorte en seguros agrarios ha sido de diez puntos respecto al ejercicio anterior. “La política del Gobierno está siendo cicatera. Por un lado, pide el aseguramiento del sector y, por otro, está desincentivando a los trabajadores con los recortes y la subida de los seguros a dejar de contratar los mismos”, explica José Manuel Penella. Pedro Arrojo se expresa en otros términos y achaca al Gobierno la falta de unos seguros que abarquen al regadío, dado que en la actualidad los agroseguros sólo cubren a las explotaciones de secano. “Las aseguradoras están dispuestas a asegurar el clima adverso, pero no la insensatez humana derivada de los sistemas de riego. Como ha pasado este año, que por culpa de una mala gestión y un sobredimensionamiento de las demandas existan problemas de escasez de agua cuando llueve menos”.

Un canon hidroeléctrico que incumple la Ley de Aguas

El Gobierno del Partido Popular sorprendía a mediados de junio a las eléctricas con una subida del gravamen por utilización de las aguas continentales para la producción de energía eléctrica. El oligopolio eléctrico malacostumbrado al gozar del apoyo gubernamental atacó con vehemencia la subida del 22 por ciento al 25’5% del canon hidráulico. Unos 35 millones de aumento, según cifras del diario Cinco Días y posteriormente ratificadas por el sector. La medida anunciada por el escaso volumen de agua en los embalses permitirá al Gobierno paliar el consiguiente descenso de ingresos proveniente de la producción de energía hidráulica.

Como es habitual en cualquier subida decretada por el Ministerio de Energía, las eléctricas no tardaron en afirmar que la medida repercutirá en la factura de los consumidores. Además, consideran injustificada la subida puesto que el gravamen se introdujo para reducir el déficit de tarifa y, en estos momentos, ya existe superávit. Este hecho no es cierto dado que, aunque el desequilibrio haya sido menor del esperado hasta el mes de abril, el déficit de tarifa se situó en 1.345 millones de euros.

Esta decisión, tal y como contempla la Ley de Aguas, tiene como leitmotiv el mantenimiento del dominio público hidráulico; con la obligación de que el dinero recaudado mediante el canon revierta en la mejora de los cauces y la calidad de las aguas. Mediante pregunta parlamentaria, el coportavoz de Equo Juan López de Uralde denunciaba que el dinero obtenido por la producción de energía eléctrica no se está reinvirtiendo en actuaciones hidrográficas. “Solamente un tercio de lo recaudado va a la mejora de las aguas. De los 194 millones obtenidos sólo se destina a calidad de las aguas 64 millones. No sabemos cuál es el destino de 134 millones y se está incumpliendo la ley porque no se destina el 98% de la recaudación a la mejora del dominio público hidráulico como marca la Ley de Aguas”, afirma el diputado de Equo.