"¿Falta alguna infraestructura en el ámbito del Plan de cuenca? ¿Faltan interconexiones en la cuenca para garantizar las demandas, para dar una mayor garantía? ¿Se necesita agua de otra cuenca, por tanto, es necesaria una transferencia desde otra cuenca?".

Estas son, según un documento de trabajo del Ministerio de Medio Ambiente al que ha tenido acceso Público, "las cuestiones más importantes que se plantean" en el Pacto Nacional del Agua que el Gobierno central quiere tener cerrado antes del próximo verano, y cuya negociación política va a coincidir con eventuales factores de tensión: unos de carácter territorial, como el conflicto catalán y el debate sobre el futuro del sistema autonómico tras la aprobación del 155, y otro hidrológico, con una sequía que, además de causar una situación crítica en arco mediterráneo, ha llevado a aplicar restricciones en el Duero y el Ebro, las cuencas más caudalosa del país, y a hacer que capitales de la mitad norte como Teruel cierren sus fuentes.

El documento, que sirve de base para un vertiginoso proceso de participación pública de un mes en el que las confederaciones hidrográficas, a las que el Ministerio de Medio Ambiente ha ordenado cerrar las consultas en octubre, se reúnen, sin contacto ni envío de documentación previos, con agentes del ciclo del agua como regantes, industriales, empresas hidroeléctricas, administraciones y organizaciones ecologistas para sondear sus posturas, revela cómo el Gobierno pretende dejar en un segundo plano los efectos del cambio climático para poner el acento, de nuevo, en las obras públicas y los trasvases.

El primer objetivo

En este sentido, señala que "la ejecución de nuevas infraestructuras, la interconexiones dentro de la misma cuenca y el aporte de recursos de otras cuencas puede ser una necesidad si se quieren mantener las demandas de agua y la estructura socio-económica de algunos territorios".

Propone hacerlo dentro de "una gestión integrada de todos los recursos hídricos, que posibilite un uso sostenible del agua", aunque dejando en un segundo plano medidas como la reutilización de caudales, la desalación y "la optimización y la modernización de los regadíos", que consumen más del 85% del agua del país, y relegando el cambio climático a la categoría de "variable" a tener en cuenta, ya que "podría hacer más vulnerables algunos sistemas".

La "atención de los déficit hídricos", que plantea solucionar "con una visión amplia, a escala nacional, donde se llegue a un entendimiento común", abre el listado de cuatro grandes bloques de ese Pacto Nacional del Agua.

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, presenta la campaña de lucha contra incendios forestales en un año con "riesgo elevado" debido a las altas temperaturas y la ausencia de lluvias y con el reciente y devastador ejemplo de Portugal. EFE/Luca Piergiovanni

Trasvases e impuestos al agua

Le siguen, como objetivos ambientales y junto con la implementación de los planes de sequía y de riesgos de inundación, el impulso al "saneamiento y depuración en todos Ios ámbitos competenciales" y la conservación de los humedales; especialmente del Delta del Ebro, Doñana y el Mar Menor, tal y como exige la UE, que tramita un expediente sancionador por su deterioro.

Y, por último, la propuesta incluye una serie de modificaciones en cuestiones de gobernanza entre las que prioriza la puesta en marcha de "nuevas medidas de tributación ambiental que permitan una mayor recuperación de los costes asociados a los servicios del agua".

El Gobierno desliza en el documento que espera tener cerrado el catálogo de trasvases e impuestos, para el que el ministerio que dirige Isabel García Tejerina comenzó a sondear a las comunidades autónomas en julio, "el próximo verano", tras iniciar "a principios de 2018 las negociaciones con los distintos grupos parlamentarios, a la vez que se sigue trabajando a nivel técnico".

La política hidráulica de hace un siglo

Esos contactos para el Pacto Nacional del Agua, al que ya han mostrado su oposición 36 organizaciones ambientalistas, irían en paralelo a la tramitación de los nuevos planes hidrológicos. Los primeros documentos de cada cuenca saldrán a información pública a principios de año, mientras que la revisión del nacional (PHN) quedó activada en enero, con el decreto que, al aprobar los de demarcación, ya advertía de "la existencia de una serie de situaciones de necesidad de recursos hídricos que, a decir de algunos planes, no pueden ser atendidas en el ámbito territorial del propio plan; y que por consiguiente deben ser elevadas para una futura revisión del Plan Hidrológico Nacional".

"Abren la puerta a la interconexión de cuencas y a los mercados de derechos de agua, vamos encaminados a la mercantilización del agua, a que las comunidades y los usuarios puedan vender parte de sus concesiones a los de otras cuencas", señala Laura Sánchez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua, una de las entidades que ha participado en las reuniones previas.

"Están justificando que hay un proceso de participación sobre algo que no sabemos lo que es y sobre los que no tenemos unos indicadores de gestión mínimos para estudiar y debatir. Solo hay cuatro puntos genéricos", anota Javier Celma, de Ecodes (Fundación Ecología y Desarrollo), que echa en falta la escasa atención a factores como el cambio climático en los planteamientos del Gobierno.

"Hablar de trasvases en estos momentos sin más ni más parece una locura", anota Celma, "porque es necesario cambiar la gobernanza del agua. No tiene sentido mantener la misma política hidráulica que hace cien años y como si no hubiera pasado nada". "Lo que estamos haciendo ahora no se va a sostener en treinta años", añade.

Bruselas, Tarragona y Toledo

Los planes trasvasistas de Rajoy y de García Tejerina, sin embargo, encuentran obstáculos prácticos de varios tipos, entre los que destacan tres de tipo institucional.

Por una parte, el rechazo de la UE a las grandes transferencias de agua entre demarcaciones hidrográficas y al quebrantamiento del principio de unidad de cuenca.

Y, por otra, la tirantez con dos comunidades autónomas cuyo apoyo resultaría clave para este tipo de proyectos como son Catalunya, en cuya zona sur la oposición a las captaciones del Ebro roza la unanimidad, y Castilla-La Mancha, que ve cómo el Tajo está quedando esquilmado por las transferencias al Segura.

Rajoy está decidido a mantener la política hidráulica que su partido defendía el siglo pasado

Sin agua por ceder en las grandes cuencas

Por otro lado, los datos de la propia Administración ponen en tela de juicio la viabilidad de los objetivos políticos del Gobierno, ya que el mismo decreto de aprobación de los planes de cuenca recoge como el Ebro, la cuenca que en el último siglo ha sido señalada como principal donante en todos los proyectos trasvasistas (soporta ocho que suman 250 millones de metros cúbicos al año), no tiene agua suficiente para cubrir las demandas de su territorio: "Una vez realizados los ajustes con el modelo de simulación general, los recursos totales asignados para regadío y ganadería se cifran en 7.681 hectómetros cúbicos al año, con un déficit de 875", señala.

Eso, a expensas de que puedan cumplirse las previsiones científicas que apuntan a una merma de los recursos de hasta el 20% como consecuencia del cambio climático.

Paralelamente, la aplicación de la Directiva Marco del Agua comunitaria, que prima la resolución de los déficit hídricos con medidas de ahorro y reutilización de caudales, ha reducido de manera considerable la magnitud de lo que hasta finales del siglo pasado se consideraban carencias estructurales.

Margen de ahorro

En este sentido, el plan hidrológico de la cuenca mediterránea andaluza contempla actuaciones para reducir el déficit de 300 a apenas 100 hectómetros cúbicos anuales, mientras el del Guadalquivir prevé medidas para disminuir el suyo en más de 260 (de 560 a menos de 450 con un aumento de la demanda de 140) y el de las cuencas internas catalanas, que siguen registrando un desajuste de 104, recoge ahorros por 98 en una década.

Eso, a pesar de que las plantas de desalación del litoral, previstas para cubrir el consumo urbano, apenas producen cada año 130 de los 400 hectómetros para los que, teóricamente, tienen capacidad.

Mientras tanto, los planes del Segura y el Júcar cifran la necesidad de transferencias hacia esos territorios, respectivamente y a falta de las medidas de ahorro, en 400 y 265 millones de metros cúbicos anuales. Greenpeace sostiene en un informe que el déficit de la demarcación murciana no existe en realidad, ya que esta dispone de “entre 500 y 800 hectómetros cúbicos de recursos renovables más al año de los que la Administración reconoce”.