MADRID
Un junio más llegó la Selectividad y con ella la polémica. Ese examen de tres días que muchos jóvenes y sus padres viven como la sentencia de futuro de sus hijos. Nervios, llantos, preocupación, ese sentir de que se lo juegan todo, y una constante que se repite a lo largo de los años: una sensación de injusticia generalizada.
En esta ocasión han sido los alumnos de Valencia los que denunciaron que les había tocado el “examen de matemáticas más difícil de la historia” y crearon una petición en la plataforma change.org -que ya tiene 36.863 firmas- en la que pedían ayuda para resolver la prueba. El año pasado fueron los examinados de Andalucía los que consiguieron más de 40.000 firmas en la misma plataforma para que se repitiera su examen de matemáticas. No lo consiguieron.
Pero en los últimos años las quejas y reclamaciones alrededor de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) también conocido como EvAU superan el anecdotario, y plantean un problema de fondo más complejo. ¿Estamos ante un examen que sigue los criterios de igualdad para nuestros estudiantes? ¿Son justos los criterios de corrección ? ¿Los jóvenes se preparan todo un año para preparar un examen y en qué lugar queda un aprendizaje más sólido? ¿Hay una diferencia entre comunidades autónomas lo suficientemente expresiva como para llevar a cabo una prueba única? Y otra pregunta que queda en el aire y se escucha menos:¿Hasta dónde el nivel socioeconómico de los alumnos influye en el resultado final?
Examen único
Entre todas estas cuestiones la que genera más debate es la de si continuar con un examen diferente en cada comunidad o cambiar radicalmente y establecer una prueba única. Con las notas en la mano los estudiantes pueden acceder a cualquier universidad de España, es lo que se conoce como distrito único, sin embargo los exámenes son diferentes en cada comunidad, y las tasas, y las fechas, y de nuevo la sensación de injusticia: “Al final todos los jóvenes creen que en las otras comunidades es más fácil, es una barbaridad lo que estamos haciendo con ellos”, nos dice Pilar Álvarez, presidenta de la Asociación por un Acceso a la Universidad en Igualdad.
Esta semana la ministra de Educación y portavoz en funciones del gobierno, Isabel Celaa, reconoció que existían diferencias, pero también dijo que serían “fácilmente corregibles”. Los defensores de una prueba única, como es el caso de Álvarez -doctora en Castilla y León-, nos argumenta su propuesta con el siguiente planteamiento: “Nuestra comunidad es la tercera que saca mejores notas en el informe PISA (la evaluación que realiza la OCDE a los estudiantes de 15 años), cómo puede ser que dos años después los mismos alumnos estén entre los que sacan peor resultado en la Selectividad, y los que aparecían en los últimos puestos del PISA, como Canarias o Extremadura, estén entre los que tienen mejores notas en la prueba de acceso a la universidad”.
Castilla y León es una de las comunidades que se siente más perjudicada y la catedrática de Bioestadística de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, Cristina Rueda, en el informe Manu que presentó en 2016, asegura que comprueba científicamente “las diferencias abismales" entre las comunidades: “Me encontré con datos alarmantes como que en Canarias el 30% de los alumnos sacaba un sobresaliente en el examen de selectividad de Biología, mientras que en Castilla y León, sólo un 3% conseguía esa nota en la misma materia. Unas diferencias tan grandes no las explica el azar. Los datos demostraron que sistemáticamente salían beneficiadas unas comunidades y otras más perjudicadas”, le explica a Público la catedrática. Rueda reconoce que ella no ha estudiado las causas que hay detrás de estas diferencias y dice que tampoco le corresponde porque no es su área pero pide que alguien lo haga: “Hemos solicitado mil veces reunirnos con la gente del ministerio de Educación, con los rectores, pero no nos hacen caso. Lo único que pedimos es que se monte un grupo técnico de expertos y estudie el problema, yo tengo datos científicos que confirman la desigualdad”.
La catedrática de Valladolid dice que también tiene soluciones: “Soy partidaria de hacer una prueba única, pero entiendo que eso es como decir ‘quiero la paz en el mundo’, está bien aspirar a ello pero me parece imposible conseguirlo. Lo que sí se puede hacer es acabar con esas diferencias con una nueva forma de medición”. Ahí entran las matemáticas, y sigue: “Ahora mismo se evalúa con la nota neta, yo planteo que se haga con el percentil. Si un alumno saca un 7 pero el 90% de los alumnos han sacado menos, lo que digo que ese 7 se evalúe como un 9, es cambiar la forma de medir, como pasar de litros a galones”.
Los criterios de corrección
Los criterios de corrección están en entredicho. Lo señala un informe realizado por investigadoras de la de la Universidad Complutense de Madrid Judit Ruiz y Coral González que ponen como ejemplo las “diferencias sustanciales en la estructura, en los bloques de contenidos y en los criterios de corrección” del examen de Lengua Castellana y Literatura. Según una investigación del diario El Mundo los criterios en corrección ortográfica varían significativamente de una comunidad a otra: “Baleares contempla la posibilidad de aprobar con 13 faltas de ortografía; Asturias no especifica; Extremadura y Castilla-La Mancha suspenden el examen, pero sólo si hay más de cinco errores. Castilla y León quita 0,25 puntos por falta y 0,50 por tilde mal puesta, pero únicamente a partir de la décima. Las pautas de corrección más duras son las de Cataluña (que descuenta 0,1 por cada error “sea del tipo que sea sin limitación”) y la Comunidad de Madrid -0,5 puntos)”, afirma este diario.
En este sentido la ministra Celaa señaló que "si en un sitio una falta ortográfica se puntúa de manera muy negativa hasta descontar equis puntos, y en otro no, esa diferencia se puede corregir y creemos que las comunidades autónomas estarán en disposición de aunar criterio”, dijo el pasado miércoles, después de subrayar que “la selectividad funciona bien” y que no está en los planes de Gobierno modificar el examen hacia una prueba única: "Si por única entendemos exacta no, no es necesario, sería un empobrecimiento del currículo".
En la misma línea se manifestó la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE): "Consideramos que la EvAU es una prueba de acceso a la universidad que funciona bien y que, por ese motivo, cualquier intento de cambiarla debería hacerse desde el más amplio consenso educativo y tras un riguroso análisis de la realidad”. La CRUE recuerda que cada comunidad autónoma decide, dentro de unos márgenes "muy tasados", qué examen concreto pone, y añade que "no hay ningún informe académico que sostenga con datos contrastados que hay pruebas más fáciles que otras”, decía en un comunicado.
Sin embargo, un mes antes, el rector de la Universidad de Córdoba y nuevo presidente de la CRUE, Juan Carlos Gómez Villamandos, se mostró partidario de implantar una prueba de acceso a la universidad común en todas las comunidades autónomas para asegurar la "igualdad de oportunidades" de todos los estudiantes españoles. Una opinión que desdijo la última semana.
“Si en el CRUE hubiera más mujeres esto funcionaría mucho mejor, nosotras somos más técnicas, atendemos a los datos y solucionamos. Pero no nos hacen ni caso, y encima insisten con que no tenemos datos científicos que avalen esas diferencias. Que lean mi investigación y que acepten reunirse con nosotras”, le dice a Público, Cristina Rueda.
Cuando las notas dependen del código postal
La CRUE es precisamente la que plantea un problema de fondo que va más allá de esos tres días de examen, y es el de hasta dónde el nivel socioeconómico de los alumnos influye en los resultados y genera una desigualdad estructural. “Las diferencias que pueda haber en los resultados de la EvAU no se explican por la mayor o menor dificultad de las evaluaciones, sino por otro tipo de condicionantes socioeconómicos”.
Según una investigación del eldiario.es, en la Comunidad de Madrid las cifras confirman esta teoría. “Los alumnos de los centros ubicados en zonas de mayor nivel socioeconómico obtienen mejores resultados para poder acceder a las carreras que desean”. Fue la conclusión que llegó este periódico tras analizar los datos de las notas medias de la PAU de 295 centros del municipio de Madrid entre 2013-2017. Las diferencias se acentúan entre los colegios concertados y los públicos (mejor nota para los primeros) y esa desigualdad disminuye si los colegios públicos y concertados se encuentran en un barrio de mayor renta.
Si le preguntamos a Gema Soto, miembro de la Plataforma por la Defensa de la Educación Pública de Vallecas y vicepresidenta del AMPA del IES Villa de Vallecas, las conclusiones son idénticas: “Ahora se habla mucho de la selectividad pero todos los días asistimos a una diferencia de trato abismal entre los institutos públicos y los concertado y privados. Diferencia de recursos, de ratio de alumnos por aula, de miles de cosas que provocan una desigualdad enorme en función del barrio y del colegio al que vaya tu hijo. Eso me parece mucho más grave que el tipo de examen para entrar a la universidad”. Dicho esto, Soto se manifiesta partidaria de un examen único: “Si hay distrito único para acceder a universidades de toda España, el examen también debería ser único”, dice tajante.
Entre las preguntas que quedan en el aire, decíamos antes, está saber hasta dónde es positivo o enriquecedor que los jóvenes dediquen un año de su vida a prepararse en exclusividad para una prueba. Saber si como sociedad hay que darle más importancia al resultado final de un examen, que a un aprendizaje sólido y pausado. Quien contesta ahora es Olivia Claudia Szalaj, minutos antes de entrar a su examen de Economía, el último que le queda para dar por cerrada su Selectividad: “Es una pena cómo está planteado 2º de Bachillerato. Todo se enfoca a la EvAU, y lo que se hace es aprender de memoria un temario, nadie se cuestiona nada, sino que memorizan los apuntes y si le haces una pregunta un poco fuera de lo estipulado no saben qué contestar. Te aseguro que tal y como lo memorizamos, se olvida en pocos días”. Nos lo dice esta joven de 17 años con una media en Bachillerato de 8,61 y que aspira a entrar en un doble grado de Turismo, Ciencia y Gestión en Ingeniería de Servicios, una carrera que se estrena este año.
Si le hacemos la misma pregunta a la catedrática Cristina Rueda, nos responde: “Por supuesto que es un sin sentido que se dedique un año a un examen antes que aprender con mejores criterios, pero si te digo la verdad, la prueba está ahí. No tenemos una formula mejor para acceder a la universidad, hay que pasarla”.
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