El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Sumar ha vuelto a poner el foco en el Sistema Nacional de Salud (SNS), que aún arrastra el peso de los recortes derivados de la crisis financiera de 2008. La reducción de las listas de espera, estableciendo por ley unos tiempos máximos, ha sido uno de los compromisos estrella que han adoptado las dos formaciones progresistas para un futuro Gobierno. La propuesta, sin embargo, ha sido acogida con cierto escepticismo.

Cuestionar la utilidad del Ministerio de Sanidad “porque las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas” no resulta ya ninguna novedad. Durante la primera negociación del Gobierno de coalición en 2019 hubo quien llegó a plantear que gestionar esta cartera no era demasiado relevante, dado que el porcentaje de presupuesto que maneja es “pequeño” en comparación con otros gabinetes. 

Son “ministerios de gasto, no de Estado”, apuntaban algunos politólogos. Una lógica que la llegada del coronavirus dejó en evidencia, precisamente por la importancia capital que cobró. Con todo, la capacidad de este Ministerio para influir en la vida de las personas y en su salud se sigue poniendo en duda. 

En este contexto, Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han firmado que los tiempos máximos de las listas de espera para todo el país serán de 120 días para intervenciones quirúrgicas, 60 días para consultas externas especializadas y 30 días para pruebas complementarias. También los pacientes de salud mental menores de 21 años serán atendidos en un plazo máximo de 15 días. 

Pero, ¿es viable y realista su promesa?

Un buen lugar desde el cual empezar a ahondar en ello es repasar propuestas similares que se hayan impulsado con anterioridad. Hace apenas un año, el grupo parlamentario de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad de Madrid presentaba, precisamente, una Proposición No de Ley con referencias muy parecidas a las que plantean ahora PSOE y Sumar. 

Una iniciativa que el partido de Mónica García, de hecho, incluyó en su programa de cara a las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo. El objetivo era mejorar la gestión de listas de espera y ofrecer garantías de plazos máximos en la asistencia sanitaria que evitaran poner en compromiso la salud de la gente u obligar a los ciudadanos a tener que recurrir a la sanidad privada para agilizar su diagnóstico. 

El éxito de la medida pasa necesariamente por homogeneizar la forma de contabilizar las listas de espera en los distintos territorios

En este sentido, la hoja de ruta que marque el Ministerio de Sanidad es clave, asegura Javier Padilla, número dos de Más Madrid. “Lo que descansa dentro de la responsabilidad del Ministerio es generar el marco legal y normativo de ese derecho en la población. Después, las comunidades autónomas tienen que adoptar la forma de gestión para que el ciudadano disponga, efectivamente, de ese derecho”, afirma.

Sanidad también marca la ruta de otras cuestiones fundamentales como, por ejemplo, la cobertura sanitaria (ahora mismo existen barreras al acceso de mucha población, especialmente migrantes en situación de irregular) o la regulación de los contratos con empresas de la sanidad privada y la externalización de servicios.

Transparencia y rendición de cuentas

Para llevar a cabo la propuesta de PSOE y Sumar, la acción ministerial en términos administrativos se debe centrar en dos niveles, explica Padilla: “Por un lado, es necesario homogeneizar cómo se contabilizan las listas de espera en los diferentes territorios. Es decir, transparencia. Y, por otro, hay que establecer unos tiempos máximos concretos que no se pueden sobrepasar, de acuerdo con los reclamos del Consejo Interterritorial de Sanidad”. 

En España, la existencia o no de sistemas de información de listas de espera depende en ciertas especialidades, como psicología, de la discrecionalidad de cada Gobierno autonómico. Así, por ejemplo, en Madrid no se contabilizan listas para psicología, pero sí para psiquiatría. Como consecuencia, a la hora de analizar la situación del servicio, la imagen que se puede captar es muy parcial. De ahí la importancia de unificar criterios.

Una vez delimitado lo anterior, el siguiente paso sería evaluar si se cumplen o no esos tiempos establecidos y, en su caso, “crear diferentes mecanismos, tanto de gestión como de compensación a los usuarios, que habrá que manejar en el marco del diálogo con las comunidades”, apunta Padilla. “Se trata de asegurar la trazabilidad y rendición de cuentas”, insiste el también médico.

Aquellas comunidades en las que ya de por sí exista un déficit de personal sanitario tendrán que contratar más para adecuarse a estos imperativos legales. Asimismo, “habrá que poner en marcha una intensificación en el uso de los recursos ya existentes”, explica Padilla. Esto es, no solo contratar más gente, sino lograr que lo que ya existe funcione de una manera más eficiente.

“En la Comunidad de Madrid, aunque las listas de espera para consultas externas han aumentado de forma dramática en los últimos cuatro años -tenemos más de 600.000 personas esperando para una consulta-, lo que nos dicen los gerentes de los hospitales es que la Consejería no permite abrir por la tarde a los hospitales de gestión directa. Sin embargo, en los de gestión privada, la Consejería permite pasar consulta extra por la tarde para liberar ese tiempo”, ejemplifica Padilla.

“Eso es algo que depende de la gestión. Si existiera el imperativo legal de que una primera consulta fuera atendida en menos de 60 días, ya te digo yo que sí que dejarían los hospitales de gestión pública tuvieran que realizar esas consultas por la tarde”, añade.

En cuanto al resto de prestaciones, como la salud bucodental, salud visual o salud mental, consistiría en incorporarlas a la Cartera Básica de Servicios del SNS mediante una orden ministerial. Un procedimiento más sencillo, al no tener que pasar necesariamente por la aprobación de una ley.