Decenas de personas se han concentrado este miércoles frente a la sede del Gobierno regional, en la Puerta del Sol, para exigir que las 40 residencias de mayores que se construirán en la región hasta 2030 y las que actualmente funcionan como concertadas sean de "gestión 100% pública".

Los manifestantes, convocados por una quincena de organizaciones, han acudido ataviados con pancartas y camisetas reivindicativas en las que se leían proclamas en favor de la pública y se han unido al grito de "7.291", con el que se han referido a la cifra de fallecidos sin derivación hospitalaria durante la primera ola de la pandemia, un número que el Gobierno regional rebajó la semana pasada a 4.100.

Tres representantes de las entidades convocantes han leído un manifiesto en el que han repetido la exigencia principal y han impelido a la población a que se movilice. "Exigimos que estas 40 residencias sean totalmente públicas, con personal público y mecanismos de participación para residentes, familiares y representantes de personas trabajadoras", han proclamado.

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"El proyecto presentado por la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, en el Debate del Estado de la Región supondría una cesión de terrenos públicos por parte de los ayuntamientos y una inversión de más de 500 millones de euros y la construcción y explotación a cargo de empresas privadas. Es una operación claramente en favor de los fondos de inversión y de las grandes corporaciones", han leído frente a la Puerta del Sol.

En este sentido, las organizaciones han considerado que el modelo de colaboración público-privada, mediante el cual se construirán las residencias, tiene como objetivo que "los fondos buitres y grandes empresas del sector" hagan "grandes negocios a costa de la calidad de vida de residentes y de las personas trabajadoras".

"Sabemos que, durante la pandemia, la mortalidad fue del 7,4% en las residencias públicas, mientras que en las concertadas fue del 21,9%. Esto demuestra el fracaso del modelo", han lanzado.

Por su parte, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales, Ana Dávila, justificó esta decisión de construir bajo el formato de colaboración público-privada por ser, según ella, "un modelo de éxito que se ha puesto en marcha en otras ocasiones y que tiene unos índices de satisfacción muy elevados con las familias".

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A la concentración también han acudido representantes políticos de PSOE y Más Madrid para apoyar la petición de gestión pública de las residencias. Por parte de los socialistas, la portavoz en el Ayuntamiento, Reyes Maroto, ha pedido que "se dote de los recursos suficientes para que los residentes tengan los mejores servicios a su disposición".

"Hemos presentado una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Cibeles, que el martes se debatirá, para exigir que no se dé ninguna parcela mientras no se conozca el modelo residencial que la Comunidad de Madrid quiere implantar", ha mencionado Maroto, respaldada por la portavoz del partido en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, y del secretario de Mayores y Calidad de Vida, José Ángel Gómez Chamorro.

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De parte de Más Madrid ha acudido la diputada Diana Paredes, que ha denunciado "la falta de información". "No sabemos en base a qué criterios de territorialidad se va a hacer la construcción de estas residencias, ni en base a qué necesidades de los municipios de Madrid la va a hacer", ha espetado.

La secretaria de Políticas Sociales de UGT Madrid, Laura Muñoz, ha puesto el acento en las condiciones laborales de las personas trabajadoras. "Es imprescindible que estas sean buenas para que los mayores tengan una calidad de atención adecuada y suficiente", ha concluido.

Las organizaciones Amnistía Internacional Madrid, Asociación de vecinos Puerto Chico Aluche, CCOO Madrid, Coorpen Madrid COESPE, Ecologistas en Acción, FRAVM, Izquierda Unida Madrid, Marea de Residencias, Más Madrid, Podemos C.M., Mayores en acción, Pladigmare, PSOE Madrid, Mats, UGT Madrid, Unión de jubilados y pensionistas UGT Madrid, VV.BB., PP. Madrid y 7.291 Verdad y Justicia son las convocantes de la concentración.