Miles de personas se han manifestado en los últimos días en Galicia contra la reforma de la Ley de Sanidad que ha preparado el Gobierno de Alberto Núñez Feijóo, y que según los sindicatos, la oposición, numerosos ayuntamientos y asociaciones en defensa de la sanidad pública, promoverá nuevos recortes asistenciales y un deterioro de la calidad de los servicios de atención primaria y en los hospitales.

La reforma, que el PP presentó en pleno verano y cuyo período de exposición pública tuvo que prorrogar en su día ante las protestas del sector por falta de transparencia, reduce de once a siete las áreas sanitarias de Galicia para sustituirlas por catorce distritos nucleados en torno a los hospitales comarcales y de las grandes ciudades. El Servicio Galego de Saúde (Sergas) asegura que no habrá cambios sustanciales para los pacientes y que la nueva ley mejorará la coordinación entre la atención primaria y las especialidades hospitalarias, pero, según los afectados, la nueva regulación tendrá un doble y pernicioso efecto: los hospitales comarcales tendrán menos personal y menos recursos y se verán obligados a dejar de atender numerosas especialidades, ahondando en las carencias que ya sufren por los recortes. Y los de las grandes ciudades, que deberían asumir a los enfermos que no puedan ser atendidos en los anteriores, se verán desbordados (ya lo están, según los afectados), por lo que el Sergas tendrá que derivar a miles de pacientes a centros privados.

La semana pasada se manifestaron entre 5.000 y 6.000 personas ante el hospital de O Barco de Valdeorras, en Ourense; y otras tantas frente al hospital de O Salnés, en Vilagarcía (Pontevedra). También ha habido protestas en Burela, en la costa lucense, y en Monforte de Lemos, también en Lugo. Varios ayuntamientos de las comarcas afectadas han debatido mociones en contra de la nueva ley y en defensa de sus hospitales. Y la oposición en el Parlamento de Galicia también ha mostrado su rechazo a la reforma.

“Hasta ahora todas las áreas sanitarias daban una atención integral. Pero la nueva ley reduce en la práctica la categoría de algunos hospitales”, asegura Manuel Martín de la Plataforma SOS Sanidade Pública. Subraya que el problema será de especial gravedad en el caso de los centros que atienden a la población de las zonas rurales, “más envejecida y con más dificultades, también económicas, para desplazarse, y que además tendrá que asumir de su bolsillo los costes del transporte”. También en la atención primaria, que lejos del compromiso de la Xunta de destinar a ella el 25% del presupuesto sanitario, recibe menos de la mitad. “En teoría se hace para ahorrar, pero lo que se persigue en realidad es favorecer a los hospitales de las grandes compañías privadas. Le pongo un ejemplo: un 75% del negocio de Quirón proviene de los recursos públicos”, explica.

La Asociación de Hospitales de Galicia (Ahosgal), que agrupa a buena parte de los centros privados de la comunidad, niega que sus asociados se estén lucrando con el presupuesto sanitario, afirma que los convenios para la derivación de pacientes representan 137 millones de euros de los más de 3.000 con los que contaba el Sergas en el 2015, y destaca que esa cantidad apenas ha crecido con respecto a los 133,7 millones del año 2010.

La oposición política, sin embargo, coincide con las asociaciones que defienden la sanidad pública en la vertiente privatizadora de la nueva normativa. “Se confirma el recorte de las áreas sanitarias a favor de los hospitales de las ciudades, que están infrautilizados o no tienen capacidad y que derivarán más pacientes a la sanidad privada”, augura Luis Villares, portavoz parlamentario de En Marea, la segunda fuerza más votada en Galicia tras el PP. “La situación de la sanidad gallega ya era dramática, pero si esta ley se aplica el problema se va agravar”, añade.

Villares explica que la reforma plantea un cambio sustancial que se recoge en el artículo 68 del anteproyecto de ley de la Xunta. “La anterior normativa definía a las áreas sanitarias como las responsables de satisfacer ‘las necesidades sanitarias’ de la población. Pero en la redacción actual se omite esa referencia y se las define como las responsables de ‘la gestión de los recursos públicos disponibles’. Es decir, se deja de prestar atención a las necesidades sociales”, matiza.

El portavoz de En Marea rememora con varios ejemplos los problemas que ya padecen muchos centros y que, a su juicio, se agudizarán: “En Lugo no hay un servicio de hemodinámica abierto veinticuatro horas al día, en Burela ya no se operan cataratas, en O Salnés se han desmantelado especialidades como cardiología y neurología y se cierra seis meses al año la tercera planta mientras se derivan pacientes al Quirón Miguel Domínguez de Pontevedra... En algunos centros sólo hay atención días alternos, no se cubren las bajas ni las vacaciones del personal de algunos servicios ni se reemplaza a los médicos que se jubilan... Quieren que algunos hospitales se conviertan en ambulatorios”, detalla Villares, quien razona la contestación social que ha tenido la reforma: “Este es un campo donde Feijóo no puede engañar a nadie porque todos los ciudadanos, incluidos los que votan al PP, saben cómo funciona la sanidad con el PP”.

Además, quienes se oponen a la reforma destacan que hay otros puntos “peligrosos” en el texto, como la previsión de fondos para investigación mediante un programa, la Compra Pública Innovadora, mediante la que “las empresas reciben dinero público para investigación aunque las patentes se las reservan para su comercialización, siguiendo la estrategia del Gobierno de Feijóo de considerar la atención de la salud como un negocio”.