La ministra de Sanidad, Mónica García, ha anunciado que la ley de gestión e integridad del Sistema Nacional de Salud, que este lunes sale a consulta pública, "pondrá freno a las comisiones", los "lucros indecentes" y los "beneficios obscenos" de las empresas.

En declaraciones a los medios, la ministra ha insistido en que el Gobierno quiere que "cada euro de los impuestos de los españoles se destine a garantizar la protección a la salud y no las cuentas de resultados de las empresas privadas".

García ha explicado que la ley de gestión pública dará un "carpetazo" a la ley 15/1997 sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud que "abría la puerta a modalidades de gestión que lo que han hecho es deteriorar el sistema" y pondrá freno al "lucro incesante": "La sanidad ya no se venderá al peor postor".

Ha reiterado además que la evidencia científica ha demostrado que de esas nuevas fórmulas de gestión no han salido mejoras para la salud de la población: "Todo lo contrario, lo que ha supuesto han sido mejoras en los beneficios obscenos de algunas empresas mientras que han ido detrayendo el presupuesto del sistema sanitario público".

Así quiere Sanidad blindar la pública

Esta iniciativa supone el primer proyecto normativo íntegramente orientado a la regulación de la gestión pública del SNS, convirtiéndose en la primera norma, desde la ley de habilitación de nuevas formas de gestión del SNS de 1997, que se dedica en su totalidad a legislar sobre los modelos de gestión.

Y nace, según subraya el texto, de "la necesidad de establecer de forma clara la prioridad absoluta de la gestión pública en la prestación de servicios sanitarios", así como el alcance, los procedimientos, la transparencia, la rendición de cuentas y el tipo de entidades que podrían optar a la participación contractual con las administraciones públicas y bajo qué condiciones.

Además, aspira a incorporar al marco legislativo "elementos relacionados con la integridad" de la gestión del SNS y la prevención del fraude en el mismo y atender la necesidad de reforzar normativamente diferentes aspectos relacionados con las garantías, el control y el seguimiento en materia de contratación, "aspectos que han tomado especial relevancia tras algunos casos de irregularidades ocurridos en los últimos años".

La entrada de empresas privadas en la gestión de la sanidad pública, argumenta Sanidad, ha traído consigo "lógicas de funcionamiento relacionadas con el funcionamiento comercial y la necesidad de obtener beneficios empresariales".

En los contratos entre ambos sectores "han abundado elementos no deseables" para el sistema sanitario público, como la pérdida de la capacidad de control en la gestión por parte de las administraciones públicas y el "blindaje diferencial" de los contratos con el sector privado, lo que ha redundado en la "necesidad de repercutir doblemente" las restricciones presupuestarias sobre los hospitales de gestión pública.

También la "creación de sistemas paralelos" de derivación entre centros sanitarios en aquellas regiones en las que una empresa "ha copado una parte significativa del mercado", así como la "incapacidad" de las administraciones públicas de revertir decisiones en materia de privatización de la gestión o la falta de transparencia en la liquidación de los pagos.