MADRID.- El Tribunal Supremo ha impuesto una sanción de cinco días de suspensión a un sargento de la guardia civil que se negó a pagar la entrada a un prostíbulo de un polígono de Noain (Navarra), al que acudió en enero de 2012 acompañado de otros guardias, un policía local y un agente del CNI.

La sentencia relata cómo un subteniente de la Guardia Civil, otros dos agentes de este cuerpo, un sargento del mismo, junto a un miembro del CNI y un policía local, acudieron a un prostíbulo en el que algunos de ellos ingresaron pagando mientras que varios quedaron fuera y se negaron a abonar la entrada.

"El sargento N.C., que evidenciaba signos de consumo excesivo de bebidas alcohólicas", otro guardia y el miembro del CNI "pretendieron entrar sin pagar, lo que no permitió el portero del establecimiento", dice la sentencia.

El incidente fue cobrando mayor tensión lo que hizo salir a la encargada del local, quien "pidió al portero que se disculpara, pero no llegó a hacerlo porque el sargento", mostrando su tarjeta profesional y secundado por otro guardia, "le dijo que sabía cuál era su domicilio y que si quisiera se lo llevaba en ese momento".

"El sargento dijo entonces a la encargada que estaba trabajando en un operativo, a lo que esta última respondió que ellos también estaban trabajando", relata también la sentencia.

El incidente se libró con invitaciones a copas y nuevas amenazas, en voz alta, del sargento, lo que llevó a la encargada a llamar a una patrulla de la guardia civil, que cerró el asunto.

La sentencia señala que la conducta sancionada "es contraria al recto comportamiento que cabe esperar de un sargento de la guardia civil", y confirma la sanción.

El fallo se produce con dos votos particulares, uno de ellos firmado por cuatro magistrados, quienes sostienen que se debió denunciar a los implicados. Como no se hizo en su día, piden deducir ahora testimonio para actuar en el ámbito penal contra el sargento.

Concretamente, los miembros de la sala que firman el voto particular contrario al parecer mayoritario entienden que se debería dar traslado del caso a la fiscalía militar.

El segundo voto, apoyado por el presidente de la Sala de lo Militar Ángel Calderón, se opone a esta iniciativa. El presidente responde que "no existen antecedentes" de una deducción de testimonio al ámbito penal a partir de un recurso de casación y que es inviable jurídicamente "tal iniciativa novedosa", que supondría una "doble sanción".

Se da la circunstancia de que el sargento N. C. denunció en 2015, a través de un medio de comunicación digital, episodios de corrupción en la Guardia Civil, lo que le llevó a acercarse al partido Ciudadanos, aunque finalmente no figuró en sus listas.