Salvatierra, el pueblo extremeño que lucha contra la construcción del mayor vertedero tóxico de España

En Salvatierra de los Barros, Badajoz, no dan crédito. Este pueblo de 1.600 habitantes podría convertirse en el centro neurálgico de los residuos industriales y peligrosos de España, al proyectarse allí la construcción de un vertedero privado que, de salir adelante, abarcaría 89 hectáreas de una dehesa y superaría al polémico basurero tóxico de Nerva (Huelva) de 30 hectáreas. Los vecinos se enteraron el pasado 5 de octubre, al ver la información del proyecto publicada en el Diario Oficial de Extremadura (DOE) y solo dos semanas han conformado una plataforma ciudadana para hacer ruido y frenar lo que consideran un "absurdo".

Carmen Baztán, portavoz de la plataforma, considera que este plan es una "contradicción" que choca contra el discurso de la Junta de Extremadura en la lucha contra la despoblación. "¿Así quieren que la gente se quede en el pueblo? Que nos digan quién va a querer vivir aquí, respirando aire contaminado y con impacto visual importante", dice la vecina, a la que asusta pensar en el "ir y venir" de camiones cargados de residuos tóxicos y contaminantes. Según la información pública, el complejo contará con una capacidad para el tratamiento de cerca de 300.000 toneladas de residuos, de los que 68.500 toneladas serían peligrosas.

Salvatierra es un municipio pequeño, dedicado desde hace siglos a la alfarería, además de basar su economía en la producción de corcho y la ganadería extensiva de cerdo ibérico. La falta de industrialización del entorno es  precisamente lo que más duele a los lugareños, que consideran que la Junta de Extremadura y el propio alcalde se están prestando a ubicar en esta dehesa pacense un estercolero para importar residuos de otras zonas del Estado donde se asientan las grandes industrias.

De hecho, en 2020, último año del que se disponen de datos, Extremadura generó 40.622 toneladas de residuos peligrosos, es decir, 28.000 toneladas menos de la capacidad del vertedero proyectado en Salvatierra. Además, la Junta ya dispone de empresas gestoras que llevan años desarrollando labores de tratamiento, por lo que algunos vecinos sospechan que este centro sólo servirá para atraer más inmundicia tóxica desde otras zonas de España o Europa. "Creemos que este movimiento puede tener que ver con el probable colapso del vertedero de Nerva, que está al límite de capacidad", opina Baztán.

Agresión al alcalde y querella contra el técnico municipal

El ambiente está tan caldeado que este mismo sábado, dos personas agredieron al alcalde de la localidad, Francisco José Saavedra, a quien muchos acusan de ocultar el proyecto a los ciudadanos desde hace meses. El político, no obstante, ha pedido disculpas a los vecinos por no haber ofrecido explicaciones y ha anunciado que el Consistorio ya ha contratado servicios jurídicos para presentar alegaciones e impedir que la planta de tratamiento no llegue a asentarse en el territorio municipal. "No voy a firmar ese proyecto, antes dejo la alcaldía", ha dicho en rueda de prensa. Público se ha puesto en contacto con el regidor de Salvatierra para conocer desde cuándo se tenía conocimiento en el Gobierno municipal de la planta de residuos, pero este no ha hecho declaraciones al respecto.

Ecologistas en Acción, por su parte, ya ha empezado a trabajar en sus propias alegaciones, de modo que el plan de vertidos ya contará con tres impugnaciones: la del Ayuntamiento, la de los vecinos y la del grupo ambientalista. Ángel García Calle, coordinador de la organización en Extremadura, hace hincapié en los daños ambientales que traería para el pueblo un centro de tratamiento que como que se ha diseñado: "La cantidad de toneladas de residuos que se quieren traer son un despropósito. En el proyecto no queda claro qué va a pasar con ellos, como se van a gestionar y, sobre todo, qué va a pasar con todos los lixiviados que se van a generar. Es decir, los vertidos líquidos tóxicos van a terminar contaminando los acuíferos de la zona".

García Calle señala directamente al técnico municipal que firmó la compatibilidad urbanística, contra quien su organización va a presentar una querella por prevaricación y por un delito contra la ordenación del territorio. "El documento es raquítico", denuncia. Público ha accedido al escrito y ha constatado que la declaración favorable viene acompañada de varias notas en las que se reconoce que el texto del proyecto "no detalla en qué consistirá la actividad de forma concreta". Además, el funcionario reconoce que los promotores no hacen mención a la ley autonómica de protección ambiental en los documentos presentados.

"Si ese informe es declarado nulo, todo el proyecto se caería legalmente, porque es el primero en ser aceptado. Nos hemos quedado pasmados al ver que se reconoce que no se sabe qué tipo de actividad se realizará en esa parcela y aun así se declare favorable. Es algo que no he visto en mis 30 años de carrera", dice García Calle, que también ejerce de abogado de la formación ecologistas en Extremadura.

Un problema que salpica a la Junta 

Lejos de convertirse en un problema local, el proyecto también atañe a la propia Junta de Extremadura. Irene de Miguel, diputada de Podemos en la Asamblea de Extremadura asegura que "todo huele muy mal" y denuncia al Gobierno de Fernández Vara que, "en lugar de mostrar su rechazo, traiga los residuos industriales de otras partes de España". "Estamos hartas de ser la tierra del sacrificio", lamenta la política. "Ellos no van a impedir nada, se van a ceñir a la Ley y si el proyecto se ciñe a la ley saldrá adelante", agrega.

Desde la Consejería de Transición Ecológica, de quien depende la tramitación del la Declaración de Impacto Ambiental, rechazan hacer declaraciones sobre la polémica y se remiten a las declaraciones que realizó la consejera Olga García el pasado jueves en el pleno, cuando garantizó a los vecinos que el Gobierno "hará cumplir la ley" a la promotora. También se posicionó esa semana el portavoz del Ejecutivo autonómico, Juan Antonio González, quien se negó a rechazar la planta de residuos: "Nosotros no nos podemos oponer a ningún proyecto que quiera instalarse. Nosotros lo único que podemos hacer es tramitar ese expediente y ver si cumple con la legislación vigente".