madrid
La radiografía de la dura realidad que afronta esta parte de la población es incontestable: el 32% de las mujeres asesinadas, entre 2003 y 2017 fueron extranjeras. Esto supone que los asesinatos afectaron a 30 mujeres por cada millón de mujeres extranjeras en el país mientras que los asesinatos de mujeres españolas afectan a cinco por cada millón de españolas.
Un duro día a día que conoce muy a fondo la Doctora en Derecho y Ciencias Sociales Raquel López Merchán, ya que ha trabajado con ellas y que ahora pone sobre el tapete con Revictimizadas, su primer libro. "Hay una problemática social muda a la que hay que dar voz. Se hace más que necesario acercarse a todas y cada una de las mujeres que son víctimas y supervivientes de un terrorismo machista que apenas se conoce y que requiere un tipo de intervención y de asistencia diferente al que se ha de establecer con una mujer que no viva con estas circunstancias", explica.
Una actuación diferente ya que los mitos en torno a la violencia de género se hacen aun más profundos en el caso de las migrantes. "Si el peso del hecho de la violencia se sigue poniendo sobre la víctima que soporta la revictimización, o victimización secundaria, por parte de las instituciones públicas, de los agentes sociales intervinientes y de la sociedad en general, en el caso de las migrantes "irregulares", a quienes los prejuicios y los estereotipos las persiguen todo esto aumenta más", añade Merchán.
"Debido a los prejuicios en torno a la migración, muchas personas consideran y tienen el discurso de que las mujeres inmigrantes en situación administrativa irregular denuncian para obtener la documentación y poder residir en España sin problemas. Es decir, acuden al argumento de las denuncias falsas. La realidad es otra bien distinta. Las mujeres que muchos profesionales ven en peor situación son las extranjeras que están con maltratadores españoles. Porque les cuentan unas películas, de que las van a deportar, de que si van al centro de salud la van a sufrir determinadas cosas".
Este tipo de victimización supone un choque frustrante entre las expectativas de la víctima y la realidad institucional. También se entiende como una segunda experiencia victimal que acaba siendo, en la mayoría de los casos, más negativa que la primera, pudiendo llegar a incrementar el daño causado por el delito con otros tipos de dimensión psicológica o patrimonial. "En el caso de sufrir violencia de género, por ejemplo, la red de apoyo se reduce aún más debido a la campaña de aislamiento que realiza el agresor, la cual es un medio de control y de dominio, una muestra de poder por parte de él. En la mayoría de los casos, la única persona con la que tienen contacto es con su agresor y, por ello, tienen una gran dependencia emocional con respecto a él", recalca dicha autora.
Además, hay que tener en cuenta que en muchas ocasiones estas mujeres vienen gracias a la reagrupación familiar, pudiéndose producir la situación de que no tengan documentación propia (al depender de la documentación de su esposo reagrupante), no esté en regla (por una irregularidad sobrevenida), carezcan de ingresos propios debido a la imposibilidad de encontrar empleo por diferentes motivos. "Esto se intensifica cuando la mujer sufre violencia de género, contribuyendo a dificultar su independencia. Otro motivo por el cual la mujer migrante es dependiente, es el chantaje al que es sometida por el agresor, incitándola y amenazándola para que no interponga la denuncia usando, entre otras estrategias de presión, el uso de las hijas e hijos".
Si a estas estrategias de presión se les suman las consecuencias psicológicas por haber abandonado su país, la situación de desprotección en la que se encuentran es aún más incisiva para todas ellas. "Deberíamos ponernos en su lugar. El duelo migratorio que, aunque podamos pensar que sólo afecta a lo emocional y psicológico, también influye en el día a día de la persona y en quienes la rodean. Al cambiar de país o lugar de residencia, soportan un choque cultural importante por dejar atrás a su familia y amigos (red social de apoyo), su casa, su cultura y llegar a un lugar donde no se conoce, en la mayoría de los casos, a nadie, junto con que la cultura y la forma de vida son totalmente distintas, incluso, a veces, también el idioma cambia", añade Merchán.
Las circunstancias estigmatizan
Como considera esta licenciada en Derecho por la Universidad de Salamanca, así como Máster en Malos Tratos y Violencia de Género y Derechos Humanos, es necesario visualizar las circunstancias por las que pasan estas mujeres para trabajar con ellas. "Metemos en el mismo saco todo y hay puntualizaciones, características y circunstancias que deben ser tenidas en cuenta. No es lo mismo recibir la denuncia y no hablo en dependencias policiales solamente de una mujer española de Caravaca de la Cruz, que de una mujer marroquí que lleva 20 años viviendo en España, pero que no ha tenido la oportunidad de aprender castellano porque no la han dejado. Las circunstancias que rodean a cada mujer son distintas y deben ser tenidas en cuenta", apunta.
"Metemos en el mismo saco todo y hay puntualizaciones, características y circunstancias que deben ser tenidas en cuenta"
Y es que Merchán considera que la desprotección de este grupo de mujeres por el hecho de no contar con papeles no solo les hace todo más difícil, sino que además las estigmatiza socialmente. "Tener la documentación en regla te reporta tranquilidad, dejando a un lado toda la incertidumbre a lo desconocido, a la soledad, a la ausencia de red de apoyo en la mayoría de los casos, etc. Sólo tienes que pensar qué te sucedería a ti si pierdes tu documentación en un país que no es el tuyo cuando estás de viaje, de vacaciones o por trabajo. Las mujeres que se encuentran en nuestro país y que el de origen es distinto, viven con la losa del estigma a cuestas prácticamente toda la vida", dice.
La escritora añade a esta radiografía cómo "el no tener la documentación en regla, por los motivos que sean (se ha caducado el visado, no has podido renovar la documentación, te la han robado, has entrado en el país clandestinamente…), la hace aumentar su desprotección. Porque siempre tienes miedo a que te pillen y te manden de nuevo al país que dejaste atrás, donde lo más seguro que no quieras volver por los motivos que sean. Dicen que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Pero las personas migrantes que llegan a España desconocen la información que les allanaría el camino".
Además, si los estereotipos de género están presentes en la sociedad, las mujeres migrantes los sufren multiplicados porque a esos añaden los de tener otra nacionalidad, ser de otra raza o etnia o venir de otro lugar. "Lo primero que piensa la gente es que vienen a aprovecharse de la sociedad española. Al ser extranjeras, tienen más facilidades para optar a ayudas sociales, por ejemplo. Pero si hablas con las y los profesionales de los servicios sociales, este mito lo desmienten y desmontan. También se nos olvida que la mayoría de los puestos de trabajo a los que acceden son aquellos que las personas autóctonas han rechazado y, en muchos casos, la persona que contrata lo hace a precios muy bajos por horas de trabajo eternas. Vergüenza, miedo, culpabilidad…, son sentimientos que tienen y les hacen dudar de si contar lo que les está sucediendo y denunciar, pues no quieren tener represalias. Estos sentimientos se acrecientan si se encuentran en situación irregular. Desconocen que no se les abrirá un expediente sancionador por su situación de residencia irregular, sino que se les facilita la obtención de una autorización provisional que se hará definitiva si el resultado de la denuncia es una sentencia condenatoria. Es una de las vías para regularizar su situación".
La desprotección en cifras
Según el estudio Mujeres migrantes y violencia de género esta desprotección es patente. "Si cruzamos, por ejemplo, las variables de nacionalidad, denuncias y regularidad documental, entre las españolas asesinadas entre 2006 y 2015, el 75% no había interpuesto denuncia y el 24% sí. En el caso de las extranjeras, el 71% no había denunciado y el 29% sí. Entre estas, la mayor tasa de denuncia la tienen las africanas (58%), seguidas de las latinoamericanas, con el 33%. Estos datos podrían estar indicando que las mujeres migrantes que denuncian la violencia de género sufren mayor desprotección, ya que, pese a ello, presentan tasas de asesinato mayores. La mayoría de las mujeres extranjeras asesinadas se encontraba en situación de regularidad jurídica. Solo el 2,5% no lo estaba (21 mujeres)".
"Quizás el motivo sea que son más vulnerables por la situación personal que viven en un país al que se tienen que adaptar"
Estadísticas que según la autora de Revictimizadas demuestran la soledad y la poca ayuda social con la que se encuentran. "Quizás el motivo sea que son más vulnerables por la situación personal que viven en un país al que se tienen que adaptar, donde iniciar una nueva vida. O quizás es la sociedad de acogida quien las considera vulnerables y así se lo demuestran. Suelen venir con unas expectativas que en pocas ocasiones se asemejan a la realidad. Los sueños chocan de lleno con la realidad del país de acogida. Tenemos que tener en cuenta que el factor emocional es clave. El cambio de país, dejar a la familia allá hace que emocional y psicológicamente sea complicado y te muestres más vulnerable".
A esta difícil situación se suma otra no menos importante. La de la protección a sus menores. "Deberían ser protegidos igual que quienes tienen nacionalidad española ya que el Estado tiene el deber y la obligación de protección de la infancia. Yo soy de la idea, que supone mucho más trabajo y tiempo, de que hay que valorar y estudiar el caso concreto; no generalizar. Hay que conocer las circunstancias personales y familiares, hacer un acompañamiento, que no prime, por encima de todo, los derechos que tienen las madres y los padres; que se escuche a estas y estos menores y se tenga en cuenta lo que dicen. El interés del menor, explicado simplemente, significa tenerle en cuenta en todo el proceso".
Así mismo Merchán apunta a la necesidad de desagregar datos por origen, nacionalidad, edad (tanto de las víctimas como de los agresores) para poder actuar de forma más efectiva. "Cuanta más información se tenga, más posibilidades existen de adoptar medidas que sean buenas, eficaces y efectivas. La interseccionalidad es importante porque ella nos permite conocer todas las características particulares que tiene cada mujer. Se tiene en cuenta el origen, la orientación sexual, la etnia, el bagaje de su vida… Son circunstancias a tener en cuenta para entender un poquito mejor su historia y cómo se ha llegado a esa situación. La violencia de género no la vive de la misma manera una mujer blanca y española que una mujer negra africana o una mujer con rasgos latinos y nacida en Reino Unido y con un poder adquisitivo elevado, por ejemplo", declara.
Mejorar la cooperación internacional
A esto, dicha experta añade la necesidad de apoyarse en la cooperación y la colaboración internacional. "Lo idóneo sería que existiera un protocolo para los casos de mujeres migrantes que retornen a su país de origen y que han sido víctimas de violencia de género. Hay un protocolo de actuación para las mujeres españolas que han residido en el extranjero y han sido víctimas de violencia de género. Pero no existe lo mismo para aquellas mujeres que han residido en España y regresan a su país de origen. Sería bueno que la cooperación internacional se diera de verdad en todos los aspectos humanos y legales. Es muy difícil firmar convenios de colaboración o protocolos cuando cada país parece que rema en una dirección en cuanto a la violencia que sufren las mujeres se refiere".
"Mientras en América Latina se habla de feminicidios, en España este término aún se usa clandestinamente"
Además de esta dificultad Merchán resalta otra segunda: la de carecer de un consenso en la terminología. "Mientras en América Latina se habla de feminicidios, en España este término aún se usa clandestinamente. Así mismo si a nivel internacional, en el Convenio de Estambul, se recoge un concepto amplio de violencia de género; en España conceptos iguales al de Estambul lo recogen leyes autonómicas y a nivel nacional aún no se ponen de acuerdo. Si esto sucede en nuestro país, ¿cómo nos vamos a poner de acuerdo con otros países para establecer un protocolo?", se pregunta.
Por otro lado, y volviendo a mencionar las conclusiones del informe de AIETI también hay que señalar para esta coordinación lo necesario que resulta permitir el acceso de las mujeres a los servicios de atención, protección y ayuda especializados, sin necesidad de denuncia previa. "Hay que dar validez a los informes técnicos de las asociaciones de mujeres que ofrecen atención integral a las víctimas de violencia de género migrantes. Estos deberían ser valorados de igual forma que los informes presentados por los equipos de los propios juzgados. También es necesario que los equipos especializados que acompañan los procesos de recuperación de la salud integral de las mujeres víctimas tengan formación en psicología o psiquiatría transcultural".
Otras recomendaciones que habría que seguir son que "a lo largo de todo el proceso se garantice la presencia de intérpretes con acreditación profesional, y especializados en violencia de género e interculturalidad, para aquellas mujeres que no hablan la lengua del lugar de residencia o que las víctimas de cualquier tipo de violencia de género puedan acceder a una prestación económica. También coordinar y establecer cauces de colaboración con los consulados de origen para superar las barreras administrativas que pudieran derivarse de la situación nacional y migratoria de la víctima y de sus hijos e hijas". Por último, se señala la necesidad "de mejorar la cooperación internacional con un protocolo de derivación en caso de retorno para que las víctimas de violencia de género que regresen a sus países de origen mantengan reconocidos sus derechos y no se archiven sus expedientes".
Tal y como dice Merchán no se trata sólo de que las mujeres inmigrantes conozcan los pasos judiciales que siguen a la interposición de la denuncia, sino que "hay que mostrarles que determinadas conductas que para ellas son normales por la cultura originaria, en realidad son perjudiciales, se tratan de delitos y vulneran una serie de derechos que les corresponden a todas las personas, incluidas las mujeres. La información tiene que ser otorgada por profesionales, pues muchas veces el mensaje del boca a boca está distorsionado y no se adecua a la realidad. Además, si este mensaje viene facilitado por el presunto agresor, es otra forma más de manipular y de someter a la mujer", finaliza.
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