MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido prisión incondicional y sin fianza para los líderes de Manos Limpias y Ausbanc, Miguel Bernard y Luis Pineda, respectivamente, detenidos el viernes y acusados de extorsionar a bancos a cambio de publicidad o de retirar acusaciones.

El fiscal Daniel Campos ha hecho esta petición al juez Santiago Pedraz tras tomar declaración a ambos, los dos primeros en pasar esta mañana a disposición judicial, y esta tarde el magistrado decidirá si acuerda su ingreso en prisión incondicional, han informado fuentes jurídicas.

También ha comparecido ya ante el juez el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría, quien ha quedado en libertad con retirada de pasaporte, tal y como ha pedido el fiscal. Además de Bernard, Pineda y Garay, también han sido interrogados el director de Comunicación de Manos Limpias, Francisco Castro Villacañas, y el tesorero de Ausbanc,

Los cinco han sido conducidos a la Audiencia Nacional desde el complejo policial de Moratalaz, en el que han estado arrestados todo el fin de semana, a las 06.30 horas, dado que a esas horas vencía el plazo de detención, y desde entonces han aguardado su turno de declarar en los calabozos del tribunal.

El juez Santiago Pedraz ha empezado a las 11.40 horas a interrogar a los 5 responsables de Manos Limpias y Ausbanc detenidos desde el viernes. Los cinco han sido conducidos a la Audiencia Nacional desde el complejo policial de Moratalaz, en el que han estado arrestados todo el fin de semana, a las 06.30 horas, dado que a esas horas vencía el plazo de detención, y desde entonces han aguardado su turno de declarar ante el juez en los calabozos del tribunal.

En el marco de la llamada operación Nelson fueron detenidas el viernes once personas y el sábado la Policía Nacional detuvo a otras tres -María Manual Mateo, María Isabel Medrano y Hermenegildo García- por su supuesta implicación en la trama de extorsión de las organizaciones Ausbanc y Manos Limpias. Estos tres últimos arrestados quedaron en libertad posteriormente junto a otros seis de los detenidos el viernes y los nueve siguen sujetos a la causa en calidad de investigados con la advertencia de que pueden ser citados por el juez.

Los seis detenidos el viernes que han quedado en libertad antes de comparecer ante Pedraz son: la esposa de Pineda, María Teresa Cuadrado; el delegado de Ausbanc en Sevilla José Marín; y el abogado de Manos Limpias José María Gómez de León; el director de Publicaciones de Ausbanc, Luis Suárez; la directora del Gabinete de Presidencia y responsable de eventos de esta asociación, Rosa Isabel Aparicio Fernández, y Ramón Perfecto Rodríguez Martínez.

Las dos organizaciones están siendo investigadas por haber tejido supuestamente una red de extorsión a bancos a cambio de darles publicidad favorable y de retirar acusaciones en las que se personaba el sindicato, como fue el caso de la infanta Cristina, cuando supuestamente llegaron a pedir 3 millones de euros a dos entidades para dejar de acusarla en el caso Nóos.

Miguel Bernard y Luis  Pineda, que se conocen de la juventud, habrían colaborado en estas prácticas fraudulentas que comenzó practicando Ausbanc, una asociación que afirma tener como objetivo la protección de los consumidores frente a los bancos, a finales de la década de los 90.

Extorsión a entidades bancarias

Las investigaciones apuntan a que entidades bancarias -cuatro han denunciado los hechos- eran extorsionadas y pagaban dinero a Ausbanc en concepto de publicidad en sus publicaciones, cuando en realidad lo que se garantizaba con esos pagos era que la organización hablara bien de ellas, no interfiriera en sus consejos de administración y retirara acusaciones en procesos judiciales.

Entre estas extorsiones estaría el presunto chantaje a La Caixa y al Banco Sabadell, a los que se habría solicitado un total de 3 millones de euros para que Manos Limpias retirase su acusación contra la infanta Cristina, la única que se ejerce contra ella en el caso Nóos.

Los abogados de la infanta Cristina reconocieron el viernes que existió una conversación que, tanto en el ámbito profesional como deontológico, les incomodaba y que pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales y de la Policía.

La Policía cree que ambas organizaciones trabajaban de forma coordinada y no eran realmente asociaciones sin ánimo de lucro, sino que su objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes, para lo que utilizaban como pantalla la protección de los consumidores y las iniciativas judiciales.

De hecho, una de las entidades bancarias llegó a pagar alrededor de un millón de euros en un año en concepto de publicidad, cuando en realidad estos pagos respondían a un chantaje.

La Policía detuvo en esta operación a once personas y practicó seis registros, incluyendo las sedes de las dos entidades.