La investigación judicial por las muertes producidas en residencias de mayores en la Comunidad de Madrid continúa. El juez de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Leganés ha admitido a trámite una querella contra la residencia Vitalia de Leganés tras la muerte de más de un centenar de ancianos en la primera ola de la pandemia.

Más de 50 familiares denunciaron en julio del año pasado a la residencia por delitos de homicidio imprudente y omisión del deber de socorro por la muerte de alrededor de 20 residentes, explica la portavoz de los afectados, Laura Espallardo.

La querella se acumula a otra interpuesta por Mareas de Residencias, según ha apuntado la abogada que lleva a los afectados, en la que se investiga la gestión en otras tres residencias de esta localidad.

Sin asistencia sanitaria y sin medios para atender correctamente a los residentes, denuncian los familiares, que temían que sus seres queridos estuvieran sufriendo sin poner ningún remedio.

José María, uno de los querellantes, cuenta cómo le negaron el traslado a un hospital a su madre, de 87 años, diez días antes de fallecer el 31 de marzo de 2020, cuando la pandemia estaba en el pico de su primera ola. "A mí me notificaron unos días antes de su muerte que había cogido la covid, pero otros familiares conocían el mismo día del fallecimiento que estaban enfermos sus mayores", lamenta.

La madre de Pilar, de 86 años y con Alzheimer, sobrevivió a la covid y lleva seis años en el centro de mayores, pero critica que la relación con la residencia ha sido muy ardua. "Ha habido una falta de transparencia con los familiares, ha sido muy angustioso el no saber nada", destaca.

Una situación, que los ha llevado a unirse para que todo sobre lo que no les informaron salga a la luz. "Estamos seguros de que muchos de nuestros familiares podrían haber sobrevivido y hoy estaríamos disfrutando de ellos", señalan.

Protocolos de actuación remitidos por la Comunidad

Así, el auto solicita que se aporten "los protocolos de actuación remitidos por la Comunidad de Madrid durante los meses en que se produjeron los hechos y, en particular, los criterios de derivación de los residentes a centros hospitalarios".  Una documentación requerida por el juzgado de oficio el 26 de noviembre, reiterado el 19 de enero y al que no se ha dado cumplimiento.

El juez también reclama los informes por escrito de cuáles eran los medios de protección individual y personal de los que disponían en esas fechas, así como las medidas de seguridad adoptadas. De los que tampoco se ha obtenido respuesta.

Las residencias de la Comunidad de Madrid han sido uno de los mayores focos de la epidemia en toda España por ser uno de los lugares de concentración de población de riesgo. Desde el inicio de las crisis sanitarias más de 6.000 mayores han muerto por coronavirus en las residencias en la comunidad.

Un drama inolvidable que, se espera, abra la puerta a un aluvión de pleitos en los juzgados españoles tras una primera sacudida a la que nadie parecía responder.