Las reservas de agua subterránea de España entran en la UCI: el 44% de los acuíferos está en mal estado

Las reservas de agua subterránea de España entran en la UCI, con al menos el 44% de los acuíferos en mal estado, según los datos presentados este martes por Greenpeace y Datadista a partir de los planes hidrológicos de tercer ciclo (2022-2027) publicados por las Confederaciones Hidrográficas. 

La publicación revela que al menos el 30% de las masas de agua subterránea presentan problemas químicos derivados de la contaminación agropecuaria e industrial. De hecho, esta problemática ya ha llevado a España a enfrentarse a denuncias y sentencias condenatorias por parte de los tribunales europeos. Además, el 27% de los acuíferos están muy por debajo de su capacidad, con niveles de extracción de agua muy superiores a la velocidad de regeneración. 

"No es algo coyuntural que se deba a la escasez de lluvias en verano, sino un problema de largo recurrido", ha analizado Eva Saldaña, directora ejecutiva de Greenpeace, que ha señalado a la industrialización del campo y el expolio ilegal de agua para regadío como una de las principales causas del problema.

La radiografía de los recursos hídricos españoles no deja un buen diagnóstico, pero tampoco arroja esperanzas para el futuro a corto y medio plazo. Con los datos en la mano, el Estado habría incumplido los objetivos ambientales europeos fijados para 2015 y 2021, además de estar en claro riesgo de fallar con las metas de conservación para 2027 marcados por la Directiva Marco del Agua. La organización conservacionista y Datadista calculan que el 19% de las masas de agua no conseguirán restablecer sus valores cualitativos y cuantitativos para finales de década. 

"España cuenta con un recurso anual disponible en sus acuíferos de 29.400 hectómetros cúbicos de agua, según los documentos de los planes de tercer ciclo. Es la cantidad de agua total de la que podría disponer al año si se respetase en todas y cada una de las masas de agua subterránea su capacidad de regeneración. Sin embargo, este país ha descuidado sus aguas subterráneas. Ha permitido la sobreexplotación por encima de la regeneración que permite el ciclo del agua y las ha contaminado pese a estar llamadas a ser una fuente de abastecimiento humano cada vez más importante conforme la emergencia climática avance y los periodos secos se prolonguen", dice la publicación de Greenpeace.

Destaca el mal estado cuantitativo de la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, con el 55% de sus masas de agua en mal estado debido a las décadas sucesivas de extracción para regadío. El caso más ilustrativo es la situación crítica de Las Tablas de Daimiel, absolutamente secas, además de la desaparición de los Ojos del Guadiana. En esta misma cuenca, al menos el 80% de las masas subterráneas presentan un mal estado químico, en parte, debido a la proliferación de macrogranjas. Ello ha repercutido negativamente al consumo humano, con algunas comarcas y localidades sin acceso a agua potable.

La investigación realizada revela deficiencias en el control, pues cerca del 22% de las masas subterráneas de agua no disponen de sensores piezométricos para medir la evolución y el nivel freático de los acuíferos.

Desde la organización ecologista alertan de la grave situación de las reservas hídricas españolas y señalan un panorama difícil para el futuro. Si el modelo de gestión de agua no cambia, dicen los conservacionistas, el problema podría agravarse aún más debido al contexto de crisis climática, que reducirá las lluvias en la península ibérica paulatinamente y elevará los termómetros del país.

Al menos el 30% del agua que se utiliza en España para el consumo humano, lo que deja algún indicio de que la contaminación por nitratos, arsénico o pesticidas también podría estar contaminando el agua del grifo. De hecho, Greenpeace recuerda que un análisis del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) que entre 2016 y 2021 se incumplieron hasta en 100.000 ocasiones los criterios sanitarios sobre calidad del agua para consumo humano establecidos en la legislación española.