"Aquí no se dan las circunstancias excepcionales de Italia y Portugal", aseguró el martes en el Senado el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá. Respondía así a la pregunta del senador de ERC Bernat Picornell, sobre una posible regularización de las personas migrantes en situación administrativa irregular a raíz de la pandemia. Es lo que demandan también centenares de colectivos de personas migrantes y organizaciones no gubernamentales como CEAR para garantizar los derechos de las personas extranjeras en España.

"Comparto la preocupación por la irregularidad", afirmó Escrivá, aunque quiso diferenciar entre las "situaciones excepcionales" por las que Portugal e Italia han emprendido sus regularizaciones. Según el ministro, el Pacto Europeo sobre Inmigración y Asilo de 2008 "no permite regularizaciones generalizadas". Fue claro. En Europa, "nadie lo ha hecho. No puede romperse este pacto".

Portugal anunció el pasado marzo la concesión exprés de permisos de residencia y trabajo para todos los migrantes que tuvieran su solicitud en curso, aunque no cubría a todos sus extranjeros en situación irregular. La intención del Gobierno luso era permitir el acceso al sistema sanitario gratuito para estas personas, además de posibilitarle la firma de contratos laborales, apertura de cuentas bancarias o solicitar subsidios por desempleo y otros.

En el caso italiano, la medida fue anunciada la pasada semana entre las lágrimas de emoción de la ministra de Agricultura. Se trata de una regularización de migrantes centrada en trabajadores jornaleros y de cuidados domésticos, permisos de trabajo y residencia por seis meses con posibilidad de prórroga y con un doble objetivo: paliar la falta de mano de obra en estos sectores y aflorar empleo sumergido tras décadas de hacer la vista gorda con el fraude y la explotación laboral en el campo italiano. Más de medio millón de migrantes indocumentados podrán beneficiarse de esta decisión, aunque sigue excluyendo a una gran parte de este colectivo.

"En España no se dan estas circunstancias. Con los temporeros disponibles estamos dando respuesta a la situación", alegó Escrivá, que recordó que los migrantes ya cuentan con atención sanitaria en nuestro país.

Parálisis por temor a Bruselas y a la extrema derecha

Escrivá llegó al cargo haciendo alarde de una política más pragmática y racional en cuanto a las migraciones. Es partidario de reformar la Ley de Extranjería para adaptar los flujos migratorios a las necesidades del mercado de trabajo y resolver las "situaciones injustas" de quienes ya están aquí. Siempre ha defendido la necesidad de "millones" de extranjeros para garantizar la buena salud de la Seguridad Social de una España envejecida. Quizás por eso, diferentes expertos consultados no comprenden que se mantenga inmóvil ante la excepción que ha generado la pandemia y las iniciativas italiana y portuguesa.

Para Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR, la postura de Escrivá busca tranquilizar a determinados Estados miembro de la UE, ya que los países "son soberanos" en cuanto a sus reglamentos de Extranjería, precisa. "Hay marco legal para una regularización amplia en nuestro reglamento", insiste esta abogada, que recuerda los precedentes de las regularizaciones de Zapatero en 2005 —más de medio millón de personas— y durante el mandato de Aznar —más de 450.000—.

Sin embargo, desde el pacto europeo de 2008, "las regularizaciones amplias unilaterales no gustan en la UE, defiende una política común ya que, con el paso del tiempo, estas personas regularizadas pueden desplazarse a otros países europeos", añade. La responsable de CEAR incede en que el artículo 127 de la Ley de Extranjería posibilita la regularización extraordinaria por razones de interés público o de seguridad nacional, aunque también es consciente de que siempre depende del visto bueno del Ministerio de Interior.

Suscribe esta visión Blanca Garcés, investigadora del CIDOB y experta en migraciones, que ve a Escrivá en medio de una pinza, entre la UE y el clima de polarización y crispación social y política, con una extrema derecha y una derecha embarcadas en una furibunda ofensiva contra el Gobierno.

"Hay miedo a lo que diga el norte de Europa que, una vez más, se impone a los países del sur; y a la reacción de extrema derecha nacional, que utiliza la inmigración como arma arrojadiza para ganar votos", opina Garcés.

Para esta investigadora, el pacto europeo en migración "no es tan explícito" en cuanto a la imposibilidad de procesos amplios de regularización, como afirma Escrivá, y pone en duda que no haya una necesidad económica y laboral para que España avance en un proceso similar al italiano.

"Hemos visto a temporeros irregulares en Lleida durmiendo en las calles y también en los asentamientos irregulares de Huelva o Almería. No es que no haya necesidad de mano de obra, es que ya están cubriendo parte fundamental del empleo agrario", sostiene. De igual forma ocurre con los trabajos domésticos o de cuidados, "empleos que se han demostrado esenciales para el funcionamiento del país", incide. Los propios agricultores también han denunciado la dificultad para encontrar mano de obra durante la emergencia sanitaria.

Más allá del utilitarismo

Tanto Garcés como Favieres son conscientes de que los procesos de Italia y de Portugal son "limitados", pero un punto de partida importante para mejorar las deplorables condiciones de vida a las que están relegadas más de medio millón de personas en España, tal y como denunció el relator especial de la ONU para la pobreza extrema el pasado febrero tras su visita a España.

Por otra parte, señalan el marcado carácter utilitarista de la medida italiana. "Si nos centramos en Italia como ejemplo nos quedamos en lo instrumental", apunta Garcés. "No se pueden poner en marcha políticas de salud pública para controlar una pandemia teniendo miles de excluidos del sistema que están durmiendo en la calle", insiste la investigadora del CIDOB.