El movimiento estatal por la regularización extraordinaria de personas migrantes busca medio millón de firmas. Es el objetivo requerido para para llevar al Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fuerce un debate enterrado durante años y que solo la dramática precariedad desatada por la pandemia consiguió llevar al Parlamento, aunque sin ninguna trascendencia política.

En septiembre de 2020, el Congreso votó una Proposición No de Ley (PNL) que recogía las reclamaciones del movimiento #RegularizaciónYa, compuesto por 1.500 organizaciones, colectivos y asociaciones. Instaban al Gobierno a iniciar un proceso de regularización "urgente, amplia y sin condiciones" para que alrededor de medio millón de personas migrantes sin papeles no se quedaran totalmente desprotegidas, fuera de las medidas de protección social que el Ejecutivo puso en marcha.

La demanda llegó al calor de las regularizaciones emprendidas por Italia y Portugal con la pandemia como mar de fondo. Y en el Congreso, la iniciativa corrió a cargo ERC y contó con el apoyo de otra siete formaciones políticas, pero fue rechazada con los votos en contra de Ciudadanos, PNV, PSOE, PP y Vox. Fracasó, para sorpresa de nadie, aunque el debate en sí mismo ya fue considerado como un hito en la incidencia política del movimiento antirracista en España.

Ahora, tras un largo debate y estudio, el movimiento ha decidido dar de nuevo la pelea en forma de ILP para "obligar a los políticos a debatir sobre la necesidad de dotar de derechos a los sin derechos", resume Edith Espínola, portavoz del colectivo impulsor. Llevan recogiendo firmas desde diciembre, aunque aún no llegan a las 30.000.

"No podemos recogerlas por internet, tiene que ser de puño y letra en un proceso muy minucioso", explica esta activista antirracista. Por eso, este fin de semana llevarán a cabo acciones informativas y concentraciones en 16 ciudades del país, donde se sacarán a la calle nuevos puntos de recogida de la firmas que darán impulso a los puntos fijos que ya están funcionando en diferentes ciudades.

El camino hasta este punto no ha sido fácil. Primero se agruparon en la plataforma Esenciales y encontraron el apoyo de organizaciones del tercer sector como Ciudadanía Global, Fundación Por Causa, REDES, Alianza para la Solidaridad y el Partido Por un Mundo Más Justo. Por el camino han tenido que renunciar a históricas reivindicaciones como el cierre de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) o una mayor laxitud de la norma que regula las reagrupaciones familiares de ciudadanos extranjeros, ya que la ILP no permite la modificación de materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional.

"Hemos tenido que presentar el texto de la ILP tres veces a la mesa del Congreso", asegura Espínola. Pero ya está registrada. Se limita a modificar, en un artículo único, la disposición transitoria primera de la Ley de Extranjería, que no tiene naturaleza orgánica y estable los procesos de regularización extraordinaria que se han llevado a cabo en los gobiernos de José María Aznar y de José Luis Rodríguez Zapatero. "Simplemente queremos flexibilizar determinados requisitos para solicitar permisos de residencia por arraigo social. Fundamentalmente, entendemos que se requieren plazos más cortos de permanencia en España y que no sean necesarios contratos de trabajo indefinidos de 40 horas semanales", resume la activista.

La plataforma recuerda que la irregularidad supone "estar en una condición de vulneración permanente" además de la "pérdida de un gran aporte económico y fiscal", ya que muchas personas en situación irregular trabajan en la economía sumergida porque no tienen más alternativa. Pero sobre todo, estar indocumentado "impide contribuir dignamente con capacidades que son esenciales para el sostenimiento de la sociedad y de la vida", alegan. Como quedó demostrado en la pandemia, por ejemplo, con la falta de mano de obra para la agricultura o los cuidados.

390.000 y 470.000 migrantes indocumentados

Es imposible saber el número exacto de personas sin papeles en el país, aunque tampoco hay un esfuerzo denodado de la Administración por cuantificar este fenómeno. El informe más reciente, realizando por la fundación Por Causa en colaboración con la Universidad Carlos III de Madrid, hablaba de entre 390.000 y 470.000 personas en situación administrativa irregular en España a finales del 2019.

El mismo informe estimaba que este contingente de personas fuera del radar administrativo haría una aportación neta media de unos 3.250 euros por personas y año. O lo que es lo mismo, explicaba en un entrevista el investigación de Por Causa Gonzalo Fanjul,  la regularización de migrantes metería en las arcas públicas más de 1.500 millones al año.

Aunque más allá de razones económicas, las organizaciones impulsoras hacen hincapié en la necesidad de "construir una España con derechos para todos y que no deje a nadie atrás realmente".