España recibió en 2019 118.264 solicitudes de asilo, más del doble que en 2018, cuando pidieron protección internacional 54.075. De ellas, la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio de Interior ha resuelto 62.398, apenas la mitad de la recibidas, por lo que el número de solicitudes sin resolver que siguen acumulándose asciende ya a 133.015, cuando en 2018 había pendientes 78.710 expedientes, según datos publicados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en su publicación Más que cifras, donde se resumen los principales indicadores sobre el derecho de asilo en el país.

La organización denuncia que España sólo ofrece protección —estatuto de refugiado o protección subsidiaria— a uno de cada 20 solicitantes de asilo, muy lejos del 30% que hay de  media en Europa. En concreto, de las más de 62.000 solicitudes resueltas, sólo 3.156 han resultado favorables —1.653 estatutos de refugiado y 1.503 protección subsidiaria—, un 5% del total, cuando en 2018 se aceptaron alrededor del 20%.

No obstante, a casi 40.000 solicitantes (un 66% de los expedientes estudiados) se les concedió el permiso especial de residencia por razones humanitarias, una figura implementada durante el último año ante el aumento sin precedentes de solicitantes de asilo procedentes de Venezuela y les permite permanecer en el país durante un año con posibilidad de prórroga. Un "claro avance", según CEAR que, sin embargo, no significa ayudas públicas para la inserción y la inclusión en la sociedad.

De esta forma, el número de expedientes totalmente rechazados superó los 17.000, un 29%, aunque CEAR señala las dificultades para solicitar asilo que se está imponiendo a ciudadanos procedentes de países en conflicto como Palestina, Yemen o Siria. "Resulta indefendible que España imponga obstáculos como el visado de tránsito —para llegar a un aeropuerto español— a quienes que huyen de países que viven graves conflictos y no tengan otra forma de solicitar asilo en nuestro país que arriesgando sus vidas poniéndolas en manos de traficantes de personas", denuncia Estrella Galán, directora de CEAR.

Según la organización, sólo el 6% de las solicitudes se presentaron en puestos fronterizos (7.020), y únicamente 307 en Embajadas y Consulados, "una medida contemplada en la ley y que evitaría viajes con un infinito coste humano para miles de personas", recuerda Galán.

"Esto evidencia la falta de vías legales que permitan acceder a las fronteras españolas sea por vía marítima, aérea o terrestre, en particular a las oficinas de asilo de Ceuta y Melilla para las personas de origen subsahariano", asegura CEAR.

Para la organización, los datos generales no son buenos, "pero resultan particularmente alarmantes si enfocamos las denegaciones de asilo a las personas que huyen de Colombia o de los países donde impera la violencia de las maras, así como el no reconocimiento de algún tipo de protección a las personas que llegaron a nuestro país a través de los barcos Aquarius y Open Arms huyendo del infierno que vivieron en Libia".

Llegan de Venezuela y Colombia

Por nacionalidades, el 80% de los demandantes de asilo del pasado año proceden de Latinoamérica. Continúan siendo los ciudadanos venezolanos los que más piden protección en España, con casi 41.000 solicitudes, más del doble que en 2018. Les siguen los colombianos, con 29.000 solicitantes llegados a España, mientras que en 2018 fueron 8.650, un claro indicador del recrudecimiento del conflicto en el país. Después está los procedentes de Honduras (6.792), Nicaragua (5.931) y El Salvador (4.784).

"La política de visados impuesta por España está determinando el perfil de los solicitantes de asilo en nuestro país, dificultando enormemente la llegada de nacionales de Siria, Yemen o Palestina, entre otros, al imponerles un visado de tránsito. De este modo, estas decisiones se convierten en la práctica en una herramienta selectiva de control de fronteras", denuncia Galán.

CEAR destaca que una de las principales causas que han provocado este incremento de solicitudes es la ausencia de unas políticas migratorias adecuadas y añade que la falta de disponibilidad y flexibilidad de vías de migración ordenada, como recoge el Pacto Mundial para las Migraciones de Naciones Unidas, está provocando que la única vía disponible para poder acceder y permanecer en España sea a través del proceso de solicitar protección internacional.

Esto ha provocado una sobresaturación en el sistema de asilo que se está percibiendo con toda su claridad y dureza en la Comunidad de Madrid, que ha recibido prácticamente a la mitad de estas personas y donde la falta de recursos de acogida tanto por parte del Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social como del AYuntamiento de Madrid les está condenando a dormir en la calle en pleno invierno.