Rectores, profesoras, estudiantes y oposición se levantan para frenar el golpe final de Ayuso a la universidad pública

La enseñanza superior pública de la Comunidad Madrid lleva años enfrentando un asedio calculado y constante. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha sacado la motosierra presupuestaria contra las seis universidades públicas de la región, condenándolas a una asfixia financiera que amenaza su existencia. Con un incremento presupuestario para 2025 de apenas un 0,9% –ínfimo frente a la inflación y las necesidades crecientes–, estas instituciones se enfrentan al colapso de su capacidad para educar, investigar y garantizar la igualdad de oportunidades. La intención parece clara: abrir camino a un modelo elitista donde solo unos pocos podrán acceder a estudios superiores de calidad. 

Los números no mienten. El proyecto de presupuestos generales, presentado por el Gobierno de Ayuso de cara a 2025, apenas amplía en 5,4 millones de euros la financiación para las universidades públicas. Esto, como han advertido los rectores, no solo es insuficiente para enfrentar las necesidades acuciantes, sino que además se produce en un contexto en el que el presupuesto real destinado a estas instituciones "es inferior al de 2009, si se descuenta la inflación acumulada de más del 30%", explica a Público Esteban Álvarez, portavoz de Educación del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Ayuso propone a los rectores mejorar la financiación un 3,8%, por debajo del 4% que habían calculado como mínimo imprescindible

Esto equivale a más de una década de infrafinanciación crónica que ha dejado a las universidades públicas en una situación de precariedad estructural. Algo que contrasta mucho con otros ámbitos como la tauromaquia, que Ayuso tiene previsto regar con 4,5 millones.

Las cifras evidencian la estrategia del Gobierno regional: priorizar la creación y el impulso de universidades privadas mientras las públicas literalmente se hunden. "En una de las universidades públicas se ha llegado a hundir el techo de una instalación docente, afortunadamente sin víctimas, pero con un coste incalculable en términos de seguridad y dignidad académica", relata Álvarez. "Estamos ante un ataque sistemático a la universidad pública. Ya no se trata de escasez, sino de un plan deliberado para su demolición", continúa. 

Acepta el dinero del ministerio a regañadientes

En un gesto sin precedentes, los rectores de las seis universidades públicas madrileñas publicaron el pasado 28 de noviembre una carta abierta dirigida a la presidenta madrileña, alertando sobre la "insostenibilidad económica" del sistema. Señalaron que, sin un plan de financiación plurianual y una ampliación presupuestaria mínima del 4%, no podrán garantizar la calidad ni la continuidad de sus servicios. También se dirigió a Ayuso la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant. Lo hizo este lunes mediante un escrito en el que le instaba a rectificar su postura sobre el Programa María Goyri y a "sumarse a la senda de la colaboración y el entendimiento en defensa de las universidades públicas".

Según datos oficiales, cerca del 50% del profesorado en las universidades públicas madrileñas es temporal

A raíz de la presión pública, Ayuso ha aceptado a regañadientes –siendo la última comunidad del Partido Popular en hacerlo– los 160 millones de euros ofrecidos por el Ministerio de Universidades, destinados a reducir la temporalidad del profesorado y estabilizar las plantillas, en cumplimiento con las directivas europeas. La presidenta ha ofrecido a los rectores, asimismo, mejorar la financiación de las universidades públicas un 3,8% para el curso que viene, tras haberse reunido con ellos este martes después de comer.

Sin embargo, aunque parecen dos pequeñas victorias, como ha advertido en sus redes sociales el diputado de Más Madrid Antonio Sánchez, se trata de medidas paliativas que no resolverán el recorte de una financiación marco que, incluso con estos fondos, seguirá siendo insuficiente. 

La falta de recursos no solo afecta a los edificios que se deterioran sin posibilidad de reparación, sino también al personal. Según datos oficiales, cerca del 50% del profesorado en las universidades públicas madrileñas es temporal, un porcentaje muy superior al 8% máximo permitido por la legislación europea. Sin un aumento significativo de los presupuestos, muchas universidades se verán obligadas a despedir a docentes, reducir grados y aumentar el precio de las matrículas, dejando fuera a quienes no puedan costearse una educación privada. 

Esteban Álvarez: "Ayuso pone en riesgo la función investigadora y social de las universidades públicas"

"Esto no solo atenta contra la calidad educativa, sino que también pone en riesgo la función investigadora y social de las universidades públicas", añade Esteban Álvarez. "Tampoco se corrige que los salarios en ellas sean los más bajos de España si se cruza con el coste de la vida", ha recordado en X (antes Twitter) Antonio Sánchez.

En medio de este panorama sombrío, profesores, estudiantes y personal administrativo han comenzado a organizarse, proponiendo actuaciones que van desde asambleas hasta concentraciones frente a la Asamblea de Madrid. "No puede sobrevivir ninguna universidad en estas condiciones", alerta en declaraciones para este medio Rommy Arce, de CGT. El sindicato ha convocado junto a CCOO la protesta que tiene previsto celebrarse este miércoles frente al hemiciclo autonómico, mismo día en el que se debaten los presupuestos. La unión de fuerzas en estos momentos –consideran– es crucial para revertir este "ataque directo a uno de los pilares de la igualdad social". De hecho, el objetivo es crear una plataforma en defensa de la universidad pública. 

La universidad privada se dispara

La universidad pública languidece, pero las privadas florecen como nunca antes. Aun sin cumplir siempre con los estándares académicos necesarios, estas instituciones crecen al amparo de políticas que favorecen su expansión, erosionando el concepto de educación como un derecho y "transformándolo en un negocio". Según el último informe publicado por la Fundación Conocimiento y Desarrollo (organización poco sospechosa, pues la preside Ana Botín), en Madrid hay el doble de universidades privadas que públicas, con 13 frente a seis respectivamente.

De hecho, la región se ha convertido en la autonomía con más centros de estudios superiores privados de todo el Estado. Las últimas designaciones bajo la categoría de universidad han sido para la Universidad de Diseño, Innovación y Tecnología, que empezará a ejercer como centro de estudios superiores independiente en el curso 2023-2024, y la UNIE Universidad, que ha entrado este curso 2022-23. Además de la CUNEF Universidad, del año 2021-2022, y la Universidad Internacional de Villanueva, del curso 2020-21.

Una ley universitaria que podría profundizar el desastre

No obstante, el abismo presupuestario no es el único problema que enfrenta la universidad pública. En julio de este año, los rectores recibieron un avance de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades con las líneas generales de la nueva ley universitaria que prevé aprobar el Gobierno de Ayuso, donde se abría la puerta a una mayor mercantilización de los estudios superiores, a la firma de conciertos y financiación pública de las universidades privadas o a la sanción de la protesta estudiantil. 

El documento, al que tuvo acceso Público en su momento, establecía una "corresponsabilidad en la obtención de recursos", donde las universidades públicas tendrían que asumir el 30% de sus presupuestos mediante recursos propios. Es decir, a través de ingresos derivados de la oferta de títulos propios, el precio de las tasas y acuerdos con empresas, principalmente. Además, el escrito mencionaba el objetivo de "combatir la ocupación ilegal de espacios públicos y el vandalismo", mediante sanciones leves, graves y muy graves.