"No nos basta hablar de volúmenes promedio disponibles de agua, tenemos que estar preparados para los dos excesos: años de extrema sequía y periodos de inundaciones enormemente duros". Así resumía la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la coyuntura hídrica de España a principios de año. El país afronta uno de los mayores retos de Europa en cuanto a los impactos de la crisis climática. Las sequías, que de por sí predominan en la climatología mediterránea, se están volviendo cada vez más recurrentes e intensas y la gestión de los recursos –acuíferos, ríos o embalses– no está todavía orientada a los nuevos tiempos.

En el Día Mundial del Agua, España no tiene buenas noticias que contar. De hecho, la mayor parte del territorio lucha por salir adelante de una de las mayores sequías de la última década. A día de hoy, en la recta final del invierno, el agua embalsada se ubica en el 51%, mientras que la media de la última década para estas alturas del año está en un 64%, datos de Transición Ecológica. En 2022, las estadísticas fueron aún peores, pues la primavera asomaba con los pantanos al 44%. 

La situación, aun siendo algo mejor que la del pasado año, es complicada para algunos territorios. En Catalunya, sin ir más lejos, la Generalitat ha tenido que decretar la excepcionalidad por sequía, con pantanos al 42%, lo que implicará medidas de racionamiento de agua destinadas a garantizar el consumo humano por encima del resto de usos (regadío o generación de energía). En Andalucía y Murcia, los embalses están en una situación aún más crítica y los niveles marcan un 29%, lo que anuncia problemas para el campo en la próxima primavera y el verano.

La sequía de estos dos últimos años es propia del ecosistema peninsular, pero su intensidad y duración es lo que revela hasta qué punto la crisis climática empieza a acechar a España. Sin embargo, no todo tiene que ver con el calentamiento acelerado del planeta. La gestión de los recursos hídricos, según expertos y ecologistas, no ha sido la mejor y los sucesivos planes hidrológicos que se han ido renovando no han introducido la variable climática en sus líneas de actuación, otorgando consumos desmesurados. De hecho, son los planes aprobados este mes de enero los primeros en poner límites de extracción de agua que aseguren los caudales de los ríos.

Los humedales son quizá el enclave natural qué mejor define el uso intensivo del agua en España. Las extracciones de agua para regadío han esquilmado las capacidades de acuíferos y masas de agua y dejado en la UCI a buena parte de los parajes húmedos del país. Según las estimaciones del Ministerio para la Transición Ecológica, entre 1970 y 2015, los humedales se han reducido un 35%, una tasa tres veces superior a la reducción de las superficies forestales españolas. Hoy día, sólo el 12% de estos espacios está catalogado como "bien conservado", el 24 se categoriza como "estado pobre" y el 30% como "muy pobre".

Doñana o el Mar Menor son dos ejemplos nítidos de hasta qué punto la mala gestión está empujando a los ecosistemas de agua a desaparecer. El primero de ellos está en el punto de mira por los planes del Gobierno andaluz de amnistiar decenas de hectáreas de regadío ilegal que extraen agua de las masas subterráneas. Bruselas ha amenazado con emprender sanciones si las políticas autonómicas siguen adelante. En el caso del segundo, los vertidos generados por la agricultura y ganadería, además de la contaminación derivada de la expansión urbanística en el Campo de Cartagena lo han llevado al colapso y, ahora, el Gobierno central pelea con el autonómico para tratar de revertir la situación.

El combo parece explosivo. Una crisis climática que, según la Oficina Española de Cambio Climático, ya ha reducido la disponibilidad de agua entre un 10% y un 20% se une a unas políticas hídricas y agrarias que permiten el uso intensivo de agua y la plantación de cultivos exóticos y tropicales, como el aguacate o el mango en Málaga. España se ve abocada así a un futuro de escasez y estrés hídrico sin precedentes.