Sandra y Lucía (nombres ficticios a petición de las afectadas) no se esperaban que el último trámite para obtener la nacionalidad española de sus hijos acabaría con una humillación por parte de los agentes de Policía y con una propuesta de multa de 501 euros para la primera y con la apertura de un expediente de expulsión por estancia irregular en España para la segunda. Pero eso fue lo que sucedió recientemente en la comisaría de Policía Nacional de Paterna, en València.

Ambas son de Colombia, un país que no reconoce como nacionales a los niños nacidos fuera de su territorio. Pero ninguna de las dos conocía este detalle, como tampoco sabían que, en su caso, podían solicitar la nacionalidad de sus hijos por valor de simple presunción, una fórmula recogida en el artículo 17 de Código Civil que busca proteger el interés superior del menor. En este caso, evitar que se queden sin nacionalidad, convertirse en apátridas.

Después de reunir los documentos, iniciar el trámite en el Registro Civil y con la resolución favorable del juez, solo tenían que acudir a la comisaría con todos los papeles para expedir el DNI de los hijos. Pero algo no debió de gustarle a los agentes que las atendieron, tal y como denuncia València Acull (València Acoge), la organización que las ha asistido en este duro proceso en el consideran haber recibido un trato xenófobo por parte de los policías.

A Sandra, de 33 años, ese trámite le supuso la propuesta para sanción por estancia irregular en España de 501 euros. Llegó hace dos años al país junto a su marido, ambos procedentes de Medellín. Él es solicitante de protección internacional, ya que es un desplazado por el conflicto entre el Estado colombiano y las guerrillas. Ella no pidió asilo, "no era mi caso", explica a Público por teléfono. Por eso no tiene permiso de residencia y ha sobrevivido durante este tiempo cuidando de personas mayores. A los pocos meses de llegar, se quedó embarazada de su segundo hijo, que ahora tiene ocho meses. Es el tiempo que ha tardado en tramitar su nacionalidad.

Cuando acudió a comisaría y pidió expedir el DNI, un Policía le pidió que saliera de la cola. "Me dijo que mi hijo no tenía derecho tener el DNI, que no era español, que era colombiano", relata la mujer. Cuando el agente comprobó que Sandra estaba en situación irregular, se lo advirtió a otro funcionario que la condujo a una sala y comenzó a hacerle preguntas sobre su trabajo, su domicilio y el tiempo que llevaba en España.

"Me dijo que no me iba a hacer el DNI ese día porque ya era tarde, pero que me iba a dar una carta de expulsión", relata la mujer. Según denuncia, el funcionario afirmó que podía detenerla por no tener permiso de residencia, pero que sabía que no tardaría mucho en tener sus papeles. "Es una tontería que te haga una orden de expulsión cuando, de aquí a un día o dos o una semana, tu hijo va a tener la nacionalidad y me vas a pedir el [permiso de residencia] familiar comunitario. Entonces, te vamos a poner una multa", le dijo el funcionario, según dos fragmentos de la conversación que la mujer pudo grabar con su teléfono móvil.

Sandra intentó explicar su situación, que contaba con una resolución favorable del juez, que ahora se encontraba sin empleo y recibiendo ayuda de Cáritas y que su marido era solicitante de asilo. "Como todos, como todos", le responde el agente, que le recrimina que ambos intentan aprovecharse de la legislación. "Ley española dice que no debería ser así, que tu hijo sea español, pero tú te aprovechas una vez más de la ley de tu país. Pues es lo que hay, ahora tienes que pagar una multa", se escucha al funcionario, que le informa de que puede presentar alegaciones y buscar un abogado, aunque le recomienda que no lo haga porque "le va a costar dinero" y la razón de la sanción es clara.

"Has estado trabajando, no has estado cotizando, no has estado pagando una Seguridad Social, si te has puesto enferma has ido al médico... Al final es lo que hay, tú te vas aprovechando de las cosas, no te juzgo, pero te has estado aprovechando de unos beneficios. Pues oye, ahora te toca pagar 500 euros. Después de todo lo que has recibido, pagar 500 euros tampoco es tanto. Llora todo lo que quieras, di que esto es racismo, que es xenofobia, lo que tú quieras, pero te has estado aprovechando de aquí durante equis tiempo y es lo que hay", se escucha en la grabación con el llanto de Sandra y de su bebé de fondo.

"Me sentí tan humillada y asustada que no quise volver otro día a por el DNI. Pero al final fui y lo conseguí, por que es un derecho. No pueden tratarte así por ejercer tus derechos", argumenta la mujer.

"Tu hijo es colombiano, no puede tener DNI español"

Pocas semanas antes, Lucía, de 25 años, vivió un episodio similar en la misma comisaría, aunque a ella no se le ocurrió grabar la conversación. Nunca logró expedir el DNI en esa comisaría, tuvo que ir a otra después de que le incoaran un expediente de devolución por estancia irregular. Ya le costó iniciar los trámites en el Registro Civil, donde amenazó con poner una queja cuando le dijeron en repetidas ocasiones que el trámite que pedía no existía. Había tardado cerca de una año en conseguir el visto bueno del juez para la nacionalidad de su hijo, que ahora tiene un año y medio. "Yo desconocía todos los aspectos legales. Tuve que asesorarme en el consulado de mi país aquí", comenta a Público también por teléfono.

"Me hicieron ir dos veces porque el primer día tenían dudas", subraya. Cuando llegó el segundo día a la ventanilla, la mujer que la atendía le dijo que dos policías querían hablar ella. Lucía asegura que la llevaron a una sala aparte y que le dijeron: "No te voy a dar el DNI porque tu hijo no es español. Tu eres colombiana, el padre es colombiano y no puedes venir a otro país para hacer documentos españoles cuando estas en situación irregular". Lo recuerda bien, dice, porque se lo repitieron varias veces.

"Me decía que los documentos que tenía del Registro Civil no era válidos. Y eran documentos de un juez", sentencia la mujer. Afirma que primero le dijeron que estaba detenida, luego que podían ponerle una multa y después le dijeron que le abrían una expediente de expulsión. "Me fui de allí asustada, me pasé toda la tarde llorando y toda la noche sin dormir", relata.

Volvió al Registro Civil, donde le recomendaron ir a otra comisaría. "Es que no se que creían que hubiera ido a realizar este trámite y que me hubieran hecho esto. En la otra comisaría me dijeron que no tenían derecho a tratarme así. Al final me dieron el DNI de mi hijo", relata. "He pasado mucho miedo pero he querido denunciar esto porque sé que hay muchas madres como yo, que tienen miedo de que les pase algo así", dice Lucía. Ahora está más tranquila, ya que su abogada ha conseguido que se archive el expediente de expulsión.

No es la primera vez que se dan circunstancia parecidas en esta comisaría. Paco Simón, portavoz de Valencia Acoge, recuerda que en el calabozo de esta misma comisaría fue encerrada en febrero de 2019 para ser deportada de forma exprés  Carmen Leigue, una mujer boliviana de 63 años que llevaba 17 viviendo en València, en situación irregular y trabajadora de cuidados, como estas dos denunciantes. Fue la presión ciudadana la que logró paralizar su deportación.

La organización exige que cesen este tipo de prácticas en la comisaría de Paterna y en cualquier otra dependencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se permita que cualquier persona pueda acudir a denunciar como víctima de un delito o a realizar trámites administrativos sin miedo a represalias. También pide que se adopten "medidas disciplinarias contra los agentes implicados en las irregularidades cometidas en estos dos casos".