Amadou D. llegó a Barcelona en marzo de 2017. No tenía pasaporte "pero se le veía un chavalito", cuenta Albert Parés, abogado y fundador de la Asociación Noves Vies que asiste a los llamados MENA, los menores migrantes no acompañados. Como no tenía documentación que acreditara que efectivamente era menor, la Fiscalía de Barcelona sometió a Amadou a pruebas óseas para determinar su edad  y decretó que tenía más de 18 años. Cuando el pasaporte en el que se reconocía que era menor por fin llegó a Barcelona, la Fiscalía lo rechazó, entre otros motivos, por no existir convenio entre España y Senegal sobre la "eficacia probatoria de los pasaportes senegaleses".

Noves Vies, la principal asociación encargada de velar por los derechos de los MENA en Catalunya, denuncia que la Fiscalía y la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA) de la Generalitat de Catalunya están recurriendo sistemáticamente a esta vía para no hacerse cargo de los menores llegados de países subsaharianos.

El caso de Amadou no es excepcional. Cuando los casos eran dos o tres no aparecían en las portadas, pero desde que los menores migrantes no acompañados se agolpan en las comisarías de Barcelona las imágenes rompen la barrera de la agenda mediática e inundan las cabeceras de los informativos. Sin embargo, lo que arrastra la emergencia no deja ver el mar de fondo: ¿Está Catalunya respetando los derechos de los menores?

La ley de extranjería dispone que cuando un menor llega al Estado español se le realizarán pruebas de edad si se trata de un "extranjero cuya minoría de edad no pueda ser establecida con seguridad". Pero Noves Vies denuncia que la Fiscalía está practicando esas pruebas en todos los casos de menores subsaharianos, tengan o no documento identificativo.

Parès lleva años recurriendo y luchando contra estas prácticas. Asegura que una vez llegan hasta la Audiencia Provincial, siempre gana el pasaporte sobre las pruebas de edad. Pero en el proceso, los menores siguen creciendo y pierden sus derechos además de sufrir un calvario burocrático que agrava su situación de vulnerabilidad como menores, solos y que no hablan el idioma en la mayoría de casos.

En esa vía judicial, el Tribunal Supremo acabó pronunciándose en 2014 para establecer que cuando un inmigrante lleve consigo un pasaporte del que "se desprenda su minoría de edad, no puede ser considerado un extranjero indocumentado para ser sometido a pruebas complementarias de determinación de su edad sin una razón que lo justifique".

El problema principal de las pruebas de edad es que tienen un margen de error considerable. La sentencia del Tribunal Supremo venía a corregir esa arbitrariedad que ven las asociaciones dictando que había que dar más credibilidad al pasaporte que a la prueba, salvo que generara dudas sustanciales.

Pero en la práctica, Noves Vies estima que la situación de los MENA ha cambiado poco. En 2017, la Fiscalía de Barcelona abrió 1.455 expedientes a supuestos menores, de los que acabó decretando que 145 eran mayores de edad. Se trata del 10%, en base a pruebas de edad óseas con un margen de error de dos años y que no contemplan la madurez psicológica. Tampoco se entrevista al menor para que explique su caso.

La fiscalía niega que rechace pasaportes subsaharianos de forma sistemática, sin embargo su portavoz, José Miguel Company, asegura: "Los países subsaharianos tienen menos capacidad que los del Magreb para hacer pasaportes reales". Company reconoce que analizan "caso por caso" la documentación. Además, añade que las dudas sobre los pasaportes se plantean sólo cuando se las trasladan los cuerpos policiales que identifican a los migrantes. "Si la policía no duda, nosotros tampoco", zanja.

Parés no está de acuerdo y cree que la jurisprudencia del Tribunal Supremo "dice que hay que hacer un juicio de proporcionalidad, y que, como mínimo, se dé por válido el pasaporte". Cifra casos como el de Amadou como "bastante frecuentes" y va más allá: "Sucede porque son negros, africanos, sin familia, sin nadie que los defienda".

A Parés le molesta especialmente que se considere la palabra de los médicos forenses "como si fueran peritos", cuando en los juicios afirman de los presuntos menores que la mayoría de edad es "muy probable o casi segura".

Las quejas de Parés han llegado hasta el Comité de los Derechos del Niño en Naciones Unidas. El 1 de noviembre este comité emitía una respuesta en la que establecía que "aunque la determinación de la edad ósea es común, no es fiable, afecta a la dignidad y a la integridad física de los niños" y recordaba que el Parlamento Europeo ya condenó "el carácter inadecuado e invasivo de las técnicas médicas" porque pueden ser "traumáticas, presentan amplios márgenes de error y se practican en ocasiones sin el consentimiento del niño".

Varios estudios demuestran, según la ONU, que existen diferencias de desarrollo óseo entre los distintos orígenes étnicos y las condiciones sociales y económicas de las personas. El Comité del Niño valora que esas pruebas son "inaptas para determinar la edad de la población no europea". Las asociaciones pediátricas europeas han señalado, también de acuerdo con la ONU, que "la madurez de los dientes y los huesos no permite determinar con exactitud la edad de un niño, si no es con un amplio margen de error entre dos y tres años". El Defensor del Pueblo recomienda que las pruebas médicas se usen como último recurso.

La DGAIA se ha visto sobrepasada en los últimos meses por el aumento masivo de llegadas de MENA. La secretaria de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Generalitat, Georgina Oliva, niega las acusaciones y aclara que atiende a todos los que llegan y dicen ser menores hasta que Fiscalía diga lo contrario, caso en el que se les redirige a otro servicio social.

Oliva también es crítica con las pruebas de edad, aunque tiene las manos atadas. "Yo tengo que comunicar siempre a quién atiendo a la Fiscalía y luego es la Fiscalía quien me reclama a un menor sobre el que tenga dudas", explica. Puede entender que se tengan que hacer pruebas de edad, pero está de acuerdo con otra de las reclamaciones del Comité del Niño: que se haga una entrevista al menor para entender mejor su situación. Tampoco está de acuerdo en que en las pruebas de edad se aplique el mismo baremo a un marroquí que a un senegalés, que por su físico puede parecer mayor.

"El menor tiene que llegar y ser localizado, porque aquí nadie nos avisa", explica Oliva, que critica que Catalunya tenga que actuar en muchos casos como territorio de acogida, cuando la llegada no se produce en las costas catalanas sino en las andaluzas. Oliva asegura que han recibido incluso a niños con sarna y se pregunta cómo no se les detectó al desembarcar. 2.964 menores no acompañados han llegado en lo que llevamos de 2018. La cifra es espectacular comparada con la de años anteriores. En 2015 fueron sólo 377 niños. A día de hoy, la DGAIA atiende a 3.033.

Oliva recuerda que en otras legislaturas se abrían dos o tres centros de acogida, mientras que en la situación actual se están inaugurando dos o tres a la semana. Es su respuesta a las críticas por la falta de previsión, aunque sí admite que les ha cogido "un poco por sorpresa" la llegada masiva. "Cuando llegan 200 menores al día se tarda un poco más de lo normal en que los equipos de traslado los atiendan", comenta.

No basta con la sentencia del Tribunal Supremo para que haya un cambio de criterio a la hora de tomar como válidos los pasaportes de los MENA. Sería necesario un cambio del Protocolo Marco que establece el Estado con las Comunidades Autónomas. Mientras tanto, no todos los menores que llegan a Catalunya verán protegidos sus derechos.