República EspañolaLos proyectos republicanos perdidos con el estallido de la Guerra Civil

"La libertad no hace ni más ni menos felices a los hombres; los hace, sencillamente, hombres". Con esta frase inauguraba Manuel Azaña su mandato como presidente de la II República. Unas palabras que no fueron sino la antesala de las aspiraciones políticas de uno de los procesos de modernización más profundos que han tenido lugar en la historia de España.

Con sus reformas, la República fue capaz de situar al país a la vanguardia europea en cuanto al otorgamiento de derechos y libertades a la ciudadanía. Y, a pesar de que el viejo modelo tradicionalista se volvió a imponer durante la dictadura de Francisco Franco, el legado de avances en política social, educativa, laboral y sanitaria ha llegado hasta nuestros días.

Un modelo de educación pública y gratuita

Uno de los proyectos más ambiciosos durante el periodo republicano fue el de constituir un modelo institucional de enseñanza pública, gratuita, laica y mixta. Para ello, se crearon 23.435 escuelas y 7.000 plazas de maestros que conformaron la infraestructura material y humana de la nueva arquitectura educativa. 

Gracias a la instauración de la escuela pública, el analfabetismo se redujo un 11,3%

"En ningún momento, bajo ninguna condición, en ningún tiempo, ni mi partido ni yo, en su nombre, suscribiremos una cláusula legislativa en virtud de la cual siga entregado a las órdenes religiosas el servicio de la enseñanza", afirmaba Azaña. Entre otros, uno de los fines republicanos era educar a la sociedad española en los valores democráticos y concienciar a los ciudadanos de que eran sujetos de una serie de derechos naturales inalienables directamente relacionados con su libertad. En este sentido, apartar el dogmatismo propio del pensamiento religioso de las instituciones públicas se convirtió en una prioridad.

Por aquel entonces, el porcentaje de analfabetos en España era del 44,3%, en su mayoría mujeres, que ni tan siquiera tenían derecho a recibir educación más allá de aprender a ejercer de amas de casa y ocuparse adecuadamente de las tareas del hogar que, por descontado, recaían exclusivamente bajo su responsabilidad. La cifra de escolarización de niños de edades comprendidas entre los cinco a los 14 años pasó del 55,8% en 1930 al 69% en 1935 y el analfabetismo se redujo un 11,3%.

Igualdad entre hombres y mujeres

La Constitución de 1931 reconoció por primera vez en la historia la igualdad jurídica entre ambos sexos

Pero si alguien experimentó en sus propias carnes los avances sociales asociados al nuevo sistema político, fueron especialmente las mujeres, que lograron abrirse paso hacia el camino de la igualdad en una época que se caracterizó por las reivindicaciones feministas.

Así, por primera vez en la historia constitucional del país, la carta magna reconoció explícitamente la igualdad jurídica entre ambos sexos: "No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce distinciones ni títulos nobiliarios", prometía el artículo 25, dotando a las mujeres de una posición de igualdad que nunca antes habían alcanzado.

Durante este tiempo, sobre todo mientras duró el gobierno del Bienio Reformista (1931-1933), las mujeres ocuparon espacios de poder que hasta entonces habían estado restringidos exclusivamente a los hombres. La Constitución reconoció su derecho al sufragio pasivo, es decir, su derecho a postularse como candidatas para ocupar un cargo en la política institucional: Clara Campoamor, Victoria Kent (que fue nombrada directora general de Prisiones) y Margarita Nelken fueron quienes estrenaron este nuevo escenario. 

Posteriormente, gracias al insistente debate liderado por las feministas, se logró aprobar el derecho al voto femenino, que pudieron ejercer todas las mujeres por primera vez en las elecciones generales del 1933, 64 años más tarde de que se instituyera el sufragio masculino. 

En 1931 se aprobó el derecho al voto de todas las mujeres

También se le reconoció a la mujer igualdad en derechos laborales y el igual acceso al empleo. A diferencia de lo que ocurría en tiempos de la Restauración borbónica, se estableció el derecho de las mujeres a tener un salario propio a su nombre y poder registrar una cuenta propia en los bancos. Antes, el salario lo cobraban a nombre de sus maridos, padres o tutores legales y para poder abrir una cuenta propia debían tener su aprobación y amparo.

Otro gran progreso que vino de la mano de las políticas republicanas fue la promulgación de la primera Ley del Divorcio, el 11 de marzo de 1932: "El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges", versaba la norma.

En 1937, ya en plena Guerra Civil, por iniciativa de la ministra de Sanidad, Federica Montseny, que además fue la primera mujer en la historia de España que ocupó una cartera ministerial, se aprobó la primera Ley del Aborto que llegó a aplicarse en Catalunya. Todos estos derechos quedaron abolidos con la proclamación de la dictadura franquista y, aún entrada la democracia, tardaron varios años en recuperarse. Recordemos que no fue hasta 1981 cuando se restauró la Ley del Divorcio y 1985 cuando se volvió a decretar la Ley del Aborto.

Avances en derechos laborales

Las reivindicaciones de las organizaciones sindicales y el movimiento obrero se vieron por primera vez materializadas durante el gobierno republicano. Desde el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Derechos Sociales se preparó un maquete de medidas con el objetivo de "mejorar las condiciones laborales de los trabajadores", en palabras de Fernando de los Ríos.

Durante la II República, se limitó la jornada laboral a ocho horas y se legisló contra la explotación infantil

Fue la primera vez que se reconocieron y garantizaron derechos sociales como asistencia a los enfermos y ancianos, protección a la maternidad y a la infancia, o la garantía a los trabajadores y trabajadoras de una "existencia digna" mediante protección en casos de accidente, paro forzoso, vejez, invalidez y muerte. El ministerio dirigido por Francisco Largo Caballero estableció la jornada laboral de ocho horas y la obligatoriedad de seguros por maternidad y enfermedad. Además, prohibió el trabajo en menores de 14 años de edad.

Desde los gobiernos progresistas republicanos, se trató de implementar un sistema sanitario público y gratuito, similar al proyecto educativo. Sin embargo, el acceso al gobierno de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), una organización reaccionaria y contrarreformista, impidió el desarrollo y la efectividad de las políticas más transgresoras del Bienio Reformista.

Un nuevo modelo de organización territorial

La novísima y joven Constitución estableció un modelo de organización territorial muy distinto al Estado centralizado que caracterizaba el reinado de Alfonso XIII: se trataba, por primera vez, de un Estado Integral (algo cercano al federalismo). 

Esta nueva forma territorial respondía a las demandas del nacionalismo catalán y vasco, fundamentalmente, que habían surgido a principios del siglo XIX, y establecía la posibilidad de la existencia de autonomías con sus propios gobiernos e instituciones regionales. No obstante, debido a la breve vigencia de la República, sólo se lograron aprobar el Estatuto de Catalunya y el Vasco, impulsados por Esquerra Republicana y el PNV.

Un programa de justicia social

Fernando del Rey: "Millones de españoles vivieron la proclamación de la II República como un tiempo de esperanza"

Las aspiraciones políticas y sociales de los gobiernos progresistas trataron de traer a España una serie de reformas basadas en la justicia social. "El objetivo no es otro que la supresión de injusticia", declaraba Alcalá Zamora en su primer discurso como nuevo jefe del jovencísimo Estado republicano. 

Sus reformas y cambios sociopolíticos supusieron un cambio en el sentido común de muchos ciudadanos. Por primera vez, en España había triunfado la democracia por encima de cualquier otro principio y así lo recogió y representó la Constitución de 1931. Las transformaciones fueron tan profundas y su calado fue tal, que se la considera la madre de nuestra Constitución actual. 

Muchos historiadores han reflexionado sobre si la democracia actual se reconoce como heredera de la de entonces. "Muchos millones de españoles, sobre todo en las grandes y medianas ciudades e incluso en algunas zonas agrarias, vivieron la proclamación de la II República como un tiempo de esperanza, que abrió muchísimas ilusiones", declaraba el catedrático de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos, Fernando del Rey Reguillo en una entrevista para Efe. Si la Transición Española tuvo algún referente en materia de derechos sociales no fue otro que la legislación promulgada desde los gobiernos de la II República.