En el cementerio de Santa Lastenia, en Santa Cruz de Tenerife, hay desde el pasado junio una quincena de tumbas más que no tienen ningún nombre esculpido en la lápida. Pertenecen a 15 de los 24 cadáveres que un avión del Ejército del Aire encontró por casualidad en abril, mientras hacía maniobras a casi 500 kilómetros de la isla canaria de El Hierro.

Era un cayuco a la deriva en el Atlántico que ya no vería más tierra hasta el continente americano. A bordo iban tres supervivientes que, según dijeron posteriormente, habían resistido 22 días en la barcaza. Perdidos, sin comida, sin agua, sin fuerzas siquiera para seguir tirando al mar los cuerpos de quienes iban pereciendo y ya sin ninguna esperanza de alcanzar Canarias, la puerta a Europa con la que soñaban cuando zarparon desde alguna playa de Nuakchot, en Mauritania.

Salieron más de 60 personas en el cayuco, según el testimonio de los supervivientes. Pero en los nichos de este camposanto, donde fue enterrada una parte de los muertos, solo hay 13 nombres en una pequeña placa de plástico que colocaron los miembros de la Asociación de Malienses de Tenerife después de un sepelio que en nada se podía parecer a lo que dicta el rito musulmán.

Mamadou Camara, Sacko, Aly, Sékou Sylla, Cissé, Alamason, Abache, Fadiala, N'famori, Fousseni, Djibril, Alou Coulibaly y Drissa Diallo. Son los nombres que pudieron recopilar con ayuda de organizaciones como Caminando Fronteras, gracias al relato de los supervivientes y a datos y fotografías que facilitaron los familiares, que querían llorar su pérdida desde los hogares que un día dejaron estas víctimas y a los que seguramente no podrán regresar nunca, ni siquiera para su descanso eterno.

Números en vez de nombres

Oficialmente ninguno de ellos yace ahí. El procedimiento judicial español solo conserva un número de expediente y una muestra de ADN que será difícil cotejar con alguien, si es que algún día ocurre. El interés gubernamental por estas identificaciones es más bien escaso, pese a las reiteradas peticiones de colectivos, oenegés y profesionales forenses. Pero como recordaba en su discurso durante el homenaje póstumo Buba Konate, presidente de la comunidad maliense de Tenerife, "todos nacieron con nombre y apellidos, no son números". Todos tienen a alguien que los recuerda o, peor, que aún siguen esperando a que suene el teléfono y sea su voz la que escuchen al otro lado diciendo que están vivos y que siente el mal trago de haberles dejado tantos meses sin noticias.

No es fácil creer sin más prueba que una sospecha que tu hermano está enterrado en Canarias o que tu hija yace en el fondo del mar. El duelo, explica el antropólogo forense José Pablo Baraybar, solo empieza cuando se asume la pérdida, y para eso suele hacer falta una certeza.

En eso trabaja este reconocido especialista junto al Comité Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Española. Desarrollan un proyecto piloto para poner nombre no solo a los cuerpos recuperados, sino también a los migrantes que desaparecen para siempre junto a sus historias. Aunque este trabajo implica "esfuerzos para que se ponga en común la información de todos los agentes que intervienen en el proceso migratorio, desde organizaciones sociales en origen y tránsito hasta organismos institucionales, como cuerpos policiales, fiscalías y poder judicial. Y en eso no estamos volcando ahora", comenta.

Se ha tardado en intentar mucho tiempo. El Estado español lleva enterrando cuerpos de migrantes anónimos desde hace más de 30 años, pero todavía sigue sin preocuparse de a quién pertenecen los cadáveres que llegan a sus costas ni de las familias que han dejado atrás. Mientras tanto, la lista de muertos que las fronteras se cobran no deja de crecer.

Desde que el periodista gaditano Ildefonoso Sena fotografió en 1988 la primera tragedia migratoria documentada en las cosas españolas, alrededor de 10.000 personas han perdido la vida intentando llegar a España, según el recuento de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA). De la crisis de los cayucos de 2006 todavía hay 1.600 tumbas sin nombre solamente en el cementerio de Fuerteventura, recordaba ya en 2017 Caminando Fronteras. En lo que va de año, casi 800 personas han muerto o desaparecido atravesando la peligrosa ruta hacia Canarias, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). Es el doble de víctimas que el año anterior, una media de 12 fallecidos al día. Por cada once migrantes que llegan a Canarias, uno muere o desaparece, y ya han llegado más 11.000 en lo que va de año.

Son, pese a todo, datos más que conservadores, apunta la OIM, que advierte de que no incluyen los naufragios invisibles, de los que ni siquiera hay constancia. Ni los cayucos fantasma que salen de África y acaban llegando cargados de cuerpos ya consumidos, meses después, a las islas del Caribe, empujados por los mismos vientos y corrientes que llevaron a Colón al Nuevo Mundo.

Sin certeza no empieza el duelo

"Nadie está desaparecido si no es porque alguien lo está buscando", resume Baraybar, que ha trabajado en la identificación de víctimas de la represión y de desapariciones forzosas desde su Perú natal hasta los Balcanes. Lleva años intentando hacer más metódico un campo que desafía al quehacer forense, porque los muertos pueden decir muchas cosas siempre que alguien los encuentre, pero poner nombre a una ausencia de estas características requiere de suerte, mucho tiempo y "trabajar con nuevas metodologías que hasta hace poco ni teníamos ni habíamos imaginado", asegura. "Los muertos también tienen sus derechos", dice. Como mínimo, el que pueda dárseles por muertos. "Y las familias necesitan una respuesta, una confirmación", insiste.

"Lo llamamos pérdida ambigua, y el proceso psicosocial que implica puede dejar a los familiares en un limbo de angustia", afirma Carlos Chana, sociólogo, antropólogo y responsable de este proyecto en Cruz Roja España. Recuerda que la ONG lleva buscando desaparecidos y restableciendo el contacto con familias desde el siglo XIX en todo el mundo, aunque a los conflictos bélicos y los desastres naturales ya hace tiempo que se sumaron las víctimas de las fronteras.

"Hace años que acumulamos gran cantidad de solicitudes de búsqueda por parte de las familias, sobre todo del norte de África y países subsaharianos", sostiene. Por eso, este proyecto ha empezado a trabajar desde que sucede una tragedia, en lugar de esperar a que alguien pregunte por su familiar desaparecido, matiza.

Puesta en común de datos atomizados

Chana y Baraybar estuvieron la pasada semana en Canarias manteniendo reuniones con la mayoría de los actores con información valiosa pero que no se comparte porque falta un protocolo y un espacio. No son solo el ADN o las huellas dactilares, sino relatos, contactos, fotografías, números de teléfono o prendas de ropa que se encuentran. "Trabajamos en crear una plataforma colaborativa donde estén todos esos datos y poder cruzarlos mediante tecnología moderna y bases de datos para tratar de reconstruir escenarios, itinerarios y redes de personas. A veces podemos confirmar sospechas o testimonios y otras, aportar nuevas pistas de las que seguir tirando", resume Chana.

La metodología, al menos de la primera fase, está esbozada y ya está probándose. La ONG ha destinado a dos trabajadores específicos en las islas para centralizar el proceso. Y Baraybar pide paciencia, "porque es armar las piezas de muchos puzles al mismo tiempo. Puede parecer simple, pero es realmente complejo", reconoce. "La información, por pequeña que sea, aquí es clave. Y el tiempo juega muy en contra", afirma. Por eso trabajan como punto de partida con casos documentados en 2021.

"Cruz Roja es la entidad que está presente en la primera atención a todas las embarcaciones que llegan a costa. Y es fundamental saber cuántos llegan mientras intentas averiguar cuántos han salido. Después será muy útil la información compartida de los demás agentes, sean institucionales o no", puntualiza Baraybar. "En los últimos tiempos se han añadido muchos actores que está muy atomizados, pero con mucha información. Desde oenegés a grupos de activistas contra el modelo migratorio y el blindaje de fronteras. Todos recopilan datos que puede ayudar en una identificación", insiste Baraybar.

Las trabas del celo policial

La judicialización de los procesos o el celo policial no juegan especialmente a favor. "Veremos en qué medida este interés humanitario puede ser la cola que nos una a todos para agregar la información disponible de forma más articulada", confía el forense. Pero, aun así, ya han avanzado en la identificación de las víctimas de tres tragedias recientes.

Una de ellas es la de ese cayuco rescatado a 500 kilómetros de El Hierro, en el que el relato de uno de los supervivientes y el trabajo de organizaciones como Caminando Fronteras y la Asociación de Malienses de Tenerife ha arrojado mucha luz.

Una muestra de ADN del familiar de una de las víctimas localizada en Francia ayudaría a convertir en oficial un buen cúmulo de indicios. Pero el miedo de una persona en situación irregular a acudir a la policía gala para tomarse la muestra lo está dificultado. "Si fuera posible que acudiera al consulado o la Embajada Española no tendría este temor a ser detenido y deportado, pero por el momento no es posible", lamenta Chana.

También faltan entrevistas en profundidad con otros dos supervivientes, "pero aquí chocamos con un muro ético, sanitario y legal. Hablamos de menores de edad y en situaciones psicológicas y sanitarias muy delicadas", dice Baraybar, "pero hemos conseguido reconstruir una lista parcial de pasajeros con 58 nombres", defiende.

"Al final es ensayo y error. Será siempre así porque no hay una varita mágica para identificar a personas de las que ni siquiera tenemos un cuerpo", advierte el antropólogo peruano. "Pero hemos aprendido mucho del trabajo de identificación de las víctimas realizado con un pesquero naufragado cerca de Sicilia en 2015 con cientos migrantes a bordo", recuerda. Lo que parecían 700 víctimas aumentaron a más de mil después de utilizar estos métodos. "De ahí han salido cuatro identificaciones positivas, pero pudimos hacer una lista de personas que subieron con toda seguridad a ese barco. Eso ya es mucho", sostiene.

La idea, si las autoridades colaboran y las herramientas dan resultado, es exportar este piloto a otras zonas de costa españolas y quizás a todo el Mediterráneo. Trabajo, por desgracia, no les va a faltar si las condiciones para buscar un futuro mejor o ponerse a salvo de un conflicto sigue siendo un viaje clandestino en manos de las mafias que trafican con personas.