La ley de protección a la infancia frente a la violencia entra en vigor este viernes, norma que prevé que, en los casos de violencia de género, se suspenda el régimen de visitas de los presuntos maltratadores si se dicta una orden de protección para la madre y existen indicios de que los menores han presenciado el maltrato.

Con esta ley habrá más tiempo para denunciar los abusos a menores, ya que empezará a contar la prescripción de los delitos cuando la víctima tenga 35 años, y no 18 como ahora, y cualquier persona que conozca un caso deberá comunicarlo. Cuando los casos lleguen a los tribunales, los niños menores de 14 años solo tendrán que declarar una vez durante la investigación.

La ley se publicó en el Boletín Oficial del Estado el pasado 5 de junio para entrar en vigor veinte días después, aunque la propia norma fija otros plazos para la puesta en marcha de algunas medidas, ya que reforma más de quince leyes, como el Código Civil y Penal. Así, en seis meses todos los colegios deberán tener un coordinador de bienestar y protección; las entidades que realizan actividades deportivas o de ocio, un delegado de protección y protocolos; y tanto los centros escolares como de menores deberán garantizar la información a los menores. También antes de finales de año se debe completar la formación a abogados y procuradores en infancia y adolescencia, y se deberá garantizar la asistencia jurídica gratuita, con la designación de un abogado de oficio para la defensa del menor víctima de delitos graves.

La ley otorga un plazo de un año al Gobierno para enviar a las Cortes las reformas legales necesarias para especializar juzgados en la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos cometidos contra niños y adolescentes, con una fiscalía y equipos técnicos también especializados. El Ejecutivo también dispone del mismo tiempo desde la aprobación de la ley para reformar el procedimiento de determinación de edad de los niños extranjeros que llegan solos a España y eliminar los desnudos integrales, exploraciones genitales u otras pruebas médicas especialmente invasivas que se venían practicando para establecer la edad del menor.