MADRID.- Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, afirmó la semana pasada en el programa El Balcó de la Cadena SER Catalunya que su partido está a favor de regular la prostitución. Con estas declaraciones, ponía el foco del debate público en una cuestión para la que ni si quiera hay acuerdo dentro del movimiento feminista: regulación o abolición.

Pero Rivera aludía principalmente al aspecto económico, y no al humano, a la hora de argumentar esta posición. Ciudadanos no defiende la regulación de la prostitución por una cuestión prioritaria de protección social de las mujeres, ni de sus derechos, sino que el peso de sus argumentos reside en la economía del país: “Hay cálculos que dicen que la tercera actividad económica de Europa podría ser esta, dijo recurriendo a los 600.000 euros que se estima que recauda esta actividad, según un informe elaborado por los inspectores de Hacienda, y defendiendo que es una cuestión de país y no de partido, ya que la regulación traería grandes beneficios económicos a las arcas públicas.

El debate de la prostitución genera posturas encontradas. Por un lado, los defensores del abolicionismo afirman que para acabar con la prostitución hay que legislar para penar a clientes y proxenetas y no criminalizar a las prostitutas. Y por otro, los que están a favor del reglamentarismo (éste sería el caso de Ciudadanos) defienden la legalización de esta actividad para equipararla a otros trabajos.

Sin embargo, Cristina Garaizabal, portavoz del Colectivo Hetaira, que pretende esto último, no está de acuerdo con la propuesta de Rivera porque "no tiene en cuenta los intereses de las mujeres", cuenta a Público. "Su iniciativa se basa en lo económico y se parece mucho a la propuesta de la Asociación Nacional de Empresas de Locales de Alterne, que quiere la legalización de los locales, pero no entra en las Relaciones Laborales", señala. Según ella, la idea es que las prostitutas trabajen en estos locales como autónomas, es decir, pagándose su Seguridad Social. El problema, sigue, es que "acabarían convirtiéndose en falsas autónomas porque, dada su relación laboral con el local, deberían tener un contrato corriente", afirma.

Los grupos parlamentarios del PP, PSOE e Izquierda Plural también han expresado su rechazo a la propuesta de Ciudadanos, pero no por ese motivo, sino porque consideran que "el objetivo debe ser combatir la explotación sexual".

Carmen Quintanilla, diputada del PP y presidenta de la Comisión de Igualdad, explica a Público que “el 95% de las mujeres que ejercen la prostitución son esclavas sexuales y muchas de ellas vienen de la trata con fines de explotación sexual", por lo que "regular la prostitución es regular la esclavitud y eso es una vulneración de los derechos humanos”. Sin embargo, no aclara si está a favor del abolicionismo y sólo destaca el trabajo de la Subcomisión de estudio de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. “Yo creo que el debate hay que cerrarlo ya, y en un determinado momento, ser valientes y tomar decisiones sobre esta gran lacra social”, añade sin precisar.

Nuño: "¿Por qué los hombres consumen algo que deshumaniza, que es desigualdad y pobreza, como si fuera ocio?”

El PSOE sí se posiciona abiertamente en la postura abolicionista. Ángeles Álvarez, diputada por Madrid del grupo socialista, es secretaria Segunda de la Comisión de Igualdad y considera las declaraciones de Rivera “una ocurrencia muy poco pensada”. “Y si lo está planteando desde la reflexión es todavía más preocupante”, señala. “Proponer legalizar prácticas de explotación del cuerpo de las personas me parece una barbaridad”, continúa Álvarez, que deja claro que la postura abolicionista no tiene las mismas consecuencias que la ilegalización, ya que ésta última implica el castigo de las víctimas (las prostitutas). “No se puede hacer ninguna acción política” en esta línea, “no estoy a favor de la ilegalización, estoy a favor de trabajar en la línea del Gobierno sueco, que tiene que ver con desincentivar la demanda”, afirma la diputada.

Garaizabal, defiende, en cambio, que la prostitución debe ser considerada un trabajo como cualquier otro. "No hace falta tocar el Código Penal para legalizarla o ilegalizarla [ahora es una práctica alegal] sino reconocer a las trabajadoras del sexo en las leyes laborales para que tengan derechos, autonomía y libertades", explica a Público.

Garaizabal (Hetaira): "Hay que reconocer a las trabajadoras del sexo en las leyes laborales para que tengan derechos, autonomía y libertades"

Laura Nuño, directora del Observatorio de Igualdad de la Universidad Rey Juan Carlos, duda, sin embargo, de que "regular una forma de esclavitud como ésta lleve a buen puerto". “No creo que la prostitución sea un trabajo como otro cualquiera, y en este marco, soy abolicionista” señala Nuño, que resalta los componentes de género y clase social del debate e insta a poner la mirada en el putero, en el cliente. "¿Qué les pasa a los hombres para que consuman algo que deshumaniza, que es desigualdad y pobreza, como si fuera ocio?”, se pregunta.

Un aspecto que también se cuestiona Lidia Falcón, abogada, periodista, feminista y gran defensora de abolir la prostitución. “El debate debería ser qué clase de moral queremos en nuestra sociedad, qué clase de ética queremos difundir entre las ciudadanas y ciudadanos de nuestro país, ¿qué clase de sexualidad masculina es esa que se satisface utilizando el cuerpo de una mujer por una miseria de dinero?, ¿queremos un Estado proxeneta?, ¿eso es lo que puede defender Rivera? ¿Por dinero cualquier cosa? ¿Este es el partido que viene a regenerar la política española?", se pregunta la fundadora del Partido Feminista de España.

Álvarez también lamenta que “no se haya abierto un debate serio sobre esta cuestión" , pero cree que no se ha hecho, ente otras cosas, "porque las posturas abolicionistas no han tenido voz”. Un problema que la diputada atribuye a que “las grandes corporaciones de los medios de comunicación tienen intereses económicos porque los periódicos que anuncian prostitución se llevan millones de euros”.

Debates al margen, Garaizabal celebra que Rivera haya puesto la prostitución en la agenda política, pero insiste en criticar que su propuesta sólo piensa en el dinero y que, además, "discrimina" a las prostitutas que trabajan en la calle. "Nosotras pensamos que hay que negociar los espacios de captación de clientes en la calle, pero no prohibirla", añade. 

Falcón es muy crítica con los colectivos que defienden la regulación: "Cobran de los proxenetas, hay una mafia de la prostitución que está haciendo campaña a favor de legalizarla y que es cómplice de estos grupos”, insiste para acabar sentenciando que el problema es que "la mayoría de los hombres de los partidos políticos son puteros, son clientes de prostíbulos y otros deben de recibir beneficios de su relación con los proxenetas". Para ella, “lo que hace falta es penalizar a los clientes, perseguir y detener a los proxenetas y ayudar y reinsertar socialmente a las víctimas”.