Catalunya vive una fuerte tendencia hacia la privatización de caminos y otras vías de acceso a los entornos naturales. Entre ellos los populares caminos de ronda que transitan junto a la costa uniendo municipios, playas y calas. Pero también otros caminos que transitan por bosques o entre campos de cultivo. En algunos casos se han privatizado de forma ilegal, ya que la legislación preserva su uso público, especialmente en la costa. En otros, el camino puede formar parte de una propiedad privada, pero si hasta ahora se mantenía la permisividad en su uso para transitar por la naturaleza, cada vez se ha restringido más el acceso. Y ello conlleva mayor dificultad para acceder a entornos naturales de forma libre.

La explicación a una parte de estas restricciones tiene que ver con que la masificación de algunos parajes naturales de Catalunya ha despertado el recelo de propietarios de fincas, que han optado por poner trabas para acceder a determinados caminos de su propiedad. O en algunos casos se prohibe a pesar de ser caminos de acceso libre. Por ejemplo, la plataforma ecologista SOS Costa Brava alerta de la privatización de Can Juncadella, en Lloret de Mar (Girona), o de algunos tramos de caminos de ronda. Pero no es el único conflicto, ni un caso aparte. "Ha habido problemas de acceso toda la vida", asegura Marta Ollich, miembro de la entidad.

Buena parte del problema radica en que el acceso al medio natural en Catalunya "históricamente y con carácter general no ha sido restringido", detalla Joan Rovira, secretario general del Consorci Forestal de Catalunya. "La sobrefrecuentación de estos espacios es un fenómeno que va en aumento y obliga a la regulación", sostiene. El "boom de actividades al aire libre" y que el acceso al medio natural esté "poco regulado" es "un atractivo para amantes de la naturaleza", añade. Para Xavier Campillo, director y coordinador de la empresa Camí General, este fenomeno restrictivo puede venir a raíz de un cambio de mentalidad sobre la privacidad.

"El problema de fondo es que hay poca conciencia de que cuando estamos en el bosque casi siempre estamos en fincas de titularidad privada", prosigue Rovira, detallando que se trata del 80% de la superficie forestal de Catalunya. Recuerda que los titulares también se encargan del cuidado de muchos caminos y vías forestales que cruzan estos espacios. Esto ocurre tanto si son personas físicas privadas como entes locales, "que son los propietarios de la mayor parte de la superficie que no es privada".

"Por lo general, vivimos en un mundo cada vez más masificado, la gente se mueve cada vez más porque tiene capacidad de mobilidad, es normal", añade el director y coordinador de la empresa Camí General, que se dedica a inventariar caminos y realizar informes periciales para ayuntamientos y particulares. Paralelamente, las actividades tradicionales en el medio rural se abandonan y se producen cambios en las propiedades de las fincas: "Son gente que tiene dinero, pero no tienen vinculación histórica con las fincas, no proceden de la misma familia o no han trabajado allí", apunta. 

Aunque "pasa en todas partes", la privatización de caminos y vías de acceso al medio natural en Catalunya es especialmente preocupante en el litoral de Girona. Algunos ejemplos son el tramo del camino de ronda en Can Juncadella en Lloret, la cala del Golfet o los Jardins de Cap Roig en Palafrugell (Baix Empordà), o la playa de Garbet de Colera (Alt Empordà), según detalla SOS Costa Brava. Recientemente, la entidad ha realizado varias "caminadas reivindicativas" por caminos que reclaman que se abran al público y para poner de manifiesto que las administraciones "no están haciendo nada al respecto" ante "una ilegalidad flagrante".

Para el próximo 6 de octubre preparan un "gran acto" en defensa del camino de Colera. Ollich detalla que el camino lleva muchos años cortado por el propietario de una finca, "pero ahora están intentando cortar otro tramo, se van apropiando de trozos y cada vez van cortando más", lamenta. El caso más conocido es el del camino de ronda a su paso por Can Juncadella, una finca del expresidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbáyev. Hace un año, unos 150 manifestantes pidieron la apertura circulando por el camino, tras una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que ratifica la titularidad pública de la vía.

A este caso, además, se suma el hecho de que es un propietario "con mucho poder y cree que puede estar por encima de la ley", y que puede asumir "todos los juicios que quiera", detalla Campillo. "Los prepotentes suelen ser quienes tienen poder para ser prepotentes", añade. Destaca que el caso "se ha alargado mucho porque el recorrido jurídico ha sido muy complejo". "Hasta que no se han agotado todas las vías, el Ayuntamiento de Lloret no tenía la fuerza legal para hacer ejecutar las sentencias", añade.

Un "cambio de mentalidad" y "grandes magnates"

El Consorci Forestal de Catalunya destaca que el propietario ha sido tradicionalmente "muy permisivo con el tráfico de vehículos o de personas caminando", pero admiten que la masificación "nos trae problemas graves que tienen un impacto tanto en medioambental como económico". "Conlleva el deterioro de caminos, vías e infraestructuras: problemas por la presencia de perros o el contacto con los rebaños, hurtos, etc". En esto coincide Campillo, admitiendo "problemas de seguridad" y "muchos robos de productos en el campo, o en casas aisladas", tanto en la periferia de las ciudades como en las zonas de costa.

El responsable de Camí General señala que la "gente rica" que compra fincas es "celosa de su seguridad" y opta por "cerrar los caminos siempre alegando la privacidad". "Antes esto no ocurría, el agricultor que trabajaba la finca no tenía la idea de privacidad", detalla. Pero ahora no solo ponen trabas los más ricos, también los propietarios más pequeños ven "la presencia de visitantes como una intromisión". "Hay un cambio de mentalidad. Antes las fincas eran para explotar, no para descansar", destaca. Apunta que en los últimos diez años hay una tendencia clara de cerrar fincas, y más cuando son grandes, ya que suelen tener más caminos.

Desde SOS Costa Brava, Marta Ollich coincide en que "suelen ser grandes propietarios que tienen fincas cercanas al mar y no quieren que la gente se meta en su terreno". Insiste en que ha pasado históricamente, pero ahora estos "magnates" están comprando fincas en la Costa Brava y las cierran, aunque pasen por ellas los caminos de ronda de uso público. "La gente rica no quiere que les pase un camino de ronda por delante de casa, quieren toda la propiedad y llegar al mar sin que nadie pase por allí, es un tema de poder, no es que nadie les moleste", añade.

Por su parte, el responsable del Consorci Forestal de Catalunya admite que hay ocasiones en las que los propietarios ponen trabas o vallas de forma ilegal. Sin embargo, asegura que son "casos aislados y contados" porque supone "un dolor de cabeza" y "no tiene sentido" porque contraviene la normativa. Ollich pone el foco en el caso de la cala del Golfet de Palafrugell, asegurando que el propio chalet que se construyó ya es "ilegal" y que "invade" el dominio marítimo-terrestre. "Lo cierran con rejas y vallas, cámaras, vigilancia, seguridad privada… Es una situación muy irregular", lamenta. Asimismo, destaca otra problemática: tramos que están en mal estado por desgaste o desprendimientos, y que "es responsabilidad de las administraciones arreglarlos".

El perfil de los visitantes

Aunque admite que, "como en todas partes, hay de todo", Rovira sostiene que la mayoría de las personas son cuidadosas con nuestro entorno y que "el impacto de un volumen de visitantes es reducido o muy insignificante". Sin embargo, remarca que la cosa cambian cuando se habla de masificación: "Hay comportamientos de todo tipo y, aunque los visitantes se comporten de forma exquisita, la sobrefrecuentación amplifica los pequeños impactos y supone también un problema", argumenta.

Campillo coincide en que la mayoría de la gente sigue siendo respetuosa, si bien admite que "los gamberros hacen mucho trabajo". "Falta educación ambiental y normas básicas de civismo. Hay muchas líneas de trabajo", argumenta. En este sentido, cree que es necesario pedir a la gente que sea respetuosa con la propiedad privada mientras se encuentra un "punto de equilibrio".

SOS Costa Brava también se fija especialmente en el caso de los jardines de Cap Roig, donde existen "muchísimas ilegalidades". Ollich señala que la propiedad, en manos de La Caixa -que adquirió el recinto con la absorción de Caixa Girona- "se pasó por el forro" la intención de los anteriores propietarios, unos ingleses que querían que fuera un jardín botánico, y han "cortado el camino de ronda". "¿Por qué se lo permiten? Porque es la Caixa y son poderosos. Es un tema de poder", admite.

Regularizar, inventariar y actuar

Ante esta problemática, el Consorci Forestal de Catalunya considera que es necesaria una regulación que "racionalice" la situación actual. "Las propuestas que hacemos son compartidas por un amplio abanico de actores, desde ayuntamientos hasta entidades vinculadas con la organización de actividades en el medio natural", asegura Rovira. "Siendo así, no creo que podamos hablar de que la propiedad es demasiado restrictiva o, si me permites la expresión, tiquismiquis", añade.

Por su parte, Campillo insiste en la importancia de que los ayuntamientos tengan los caminos inventariados, ya que la defensa es más sencilla. Asegura que los datos revelan que en Catalunya solo el 15% de los municipios tienen el inventario hecho, cifra similar a la de España: "Cuando cierran un camino, defenderlo es mucho más complicado", insiste. Celebra que en la Costa Brava la mayoría lo tienen, y que también se han ido inventariando los caminos de ronda. "Hay conflictos, pero los ayuntamientos han defendido los caminos y han salido airosos", citando casos como Tarragona, Vilanova, Tossa de Mar o Lloret.

SOS Costa Brava lamenta a su vez que los ayuntamientos "no hacen nada" con respecto a los casos "más graves" como los de Colera o Lloret, donde han pedido que actúen ante "una irregularidad flagrante". En cuanto a la vía judicial, destacan que los juicios "son procesos largos y que cuestan dinero": "Saben que es ilegal, pero van poniendo recursos y lo van alargando. Por agotamiento, las entidades tienen que dejar de luchar y ellos se valen de eso", sostiene.

Desde la plataforma defienden su labor para visibilizar que están "vulnerando la ley", ya que los caminos de ronda son públicos y "todo el mundo tiene derecho a pasear". "Exigimos que los abran, es su competencia, lo dice la ley de costas, que es muy clara", sostiene. Cita el caso de una casa entre Port de la Selva y Llançà, donde hace unos 20 años se hizo un nuevo camino de ronda y se "obligó a abrirlo" después de que los propietarios de una casa que lo bordeaba lo hubiesen cerrado. "Se puede hacer, tiene que haber la voluntad política, pero esa gente tiene mucho poder y está bien conectada, y frena a los ayuntamientos", lamenta.

Concentración en la costa, pero no solamente

Aunque Lloret es un caso paradigmático, ni mucho menos es el único ni tiene casuísticas particulares, más allá del largo recorrido judicial. Según el Consorci, donde más pasa es en zonas cercanas a grandes núcleos de población, espacios de referencia o puntos singulares por su atractivo, popularidad o zonas de baño. Campillo coincide en que la tensión se centra en las zonas "más pobladas y frecuentadas", como puede ser toda la costa, la Zona Volcánica de la Garrotxa o el Parque Natural del Montseny. "Todos los sitios que se acaban masificando es donde tienes los problemas más evidentes por el nivel de presión que hay", apunta.

"El mar tiene un gran atractivo porque todo el mundo quiere ir a la costa", lo que crea "conflictos", según Campillo. "El crecimiento en la zona de la costa ha sido espectacular, quienes no han urbanizado tienen una presión mucho más fuerte. Si tienes una urbanización detrás, te conviertes en el jardín de todos", destaca. Y pone Lloret como ejemplo, pese a ser el municipio turístico por antonomasia, con montaña y bosque: "Ordenó este espacio, y ha señalizado caminos para que la gente vaya a pie". Sin embargo, Campillo insiste en que el problema no es exclusivo de las zonas de costa, sino de las fincas en general, lo que pasa es que la gente tiene claro que tiene derecho a acceder a una playa".