Los principales contaminantes de las ciudades mantienen niveles alarmantes en España

El Ministerio para la Transición Ecológica ha publicado este jueves los datos sobre calidad de aire que enviará a Europa en los próximos meses. Las estadísticas, que recogen los resultados de 2022, revelan una ligera mejora respecto a 2021, aunque se han registrado varios incumplimientos de los valores límites anuales de determinados contaminantes como el dióxido de nitrógeno (NO2) o el del material particulado.

Des esta forma, el 51% del territorio nacional registró valores anuales de NO2 que superaban las indicaciones europeas y el 72% del territorio superó los valores diarios permitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS)

Especialmente preocupante los datos del material particulado PM10, con un elevado impacto en la salud humana. Tanto es así, que el 88% del país respiró valores anuales por encima lo que marca la OMS. Si se toman como referencia los valores diarios, el porcentaje de territorio afectado se eleva al 92%.

En cuanto al PM 2,5, el valor anual establecido por la OMS se superó en el 93% del territorio nacional. Todos estos datos se han calculado antes de realizar los descuentos por la "intrusión de polvo sahariano", informa Transición Ecológica.

El ozono troposférico (O3) también mantiene niveles elevados, en parte, debido a la alta radiación solar y a las emisiones de otros contaminantes que permiten su permanencia en la atmósfera, como es el caso del NOx (óxido de nitrógeno).

La contaminación del aire causa anualmente 25.500 muertes prematuras en el Estado español, según los últimos datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA). De todas las muertes que se producen al año por la mala calidad del aire, al menos 10.000 se registran durante episodios de contaminación urbana, según el Instituto de Salud Carlos III.

Los ecologistas denuncian la inacción por parte de la Administración y señalan que la mayor parte de los gobiernos municipales siguen incumpliendo la Ley de Cambio Climático, la cual obliga a todos las ciudades de más de 50.000 habitantes a disponer de zonas de bajas emisiones que restrinjan el tráfico, la mayor fuente de contaminación urbana.

El incumplimiento sistemático de las normativas de calidad atmosférica no traen solo muertes, también costes económicos a cargo del gasto sanitario, así como multas cuantiosas por parte de Bruselas. En 2022, de hecho, el Tribunal de justicia de la Unión Europea (TJUE) sancionó al Estado por quebrantar de manera sistemática, desde 2010, los valores legales de dióxido de nitrógeno en Madrid y Barcelona. Además, el Tribunal Supremo ya ha emitido sentencias en la misma línea contra Castilla y León, navarra, Catalunya o País Valencià.