A principios de julio, el Gobierno presentó su Plan de Acción Estatal de la Garantía Infantil Europea ante las cifras de los menores que viven en hogares bajo el umbral de pobreza, calificadas por el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, como "insoportables". Este proyecto pretende reducir la situación en riesgo de pobreza y exclusión de los niños y niñas con pocos recursos en España hasta 700.000 en 2030 de los 2,4 millones de menores que viven en estas circunstancias en la actualidad. Se trata de cifras que aumentan cada año y que posicionan al territorio como el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de pobreza infantil con un 29,6% lejos del 21,1% que registran los países europeos.

Si bien, pese a que organizaciones y asociaciones consideran que el nuevo Plan del Ejecutivo es un "primer paso" para luchar contra la brecha de pobreza infantil en la región, también recuerdan los siguientes frentes abiertos a implementar dentro de este programa y reducir estas cifras que afectan a los menores con pocos recursos. "A España le queda mucho recorrido por hacer y, además, la situación lejos de mejorar, pues va empeorando poco a poco", lamenta el especialista en pobreza de Save The Children, Alexander Elu Terán.

1. Ayudas "universales" a las familias en la crianza 

Elu considera que el nuevo plan de Garantía Infantil Europea es "una iniciativa muy importante" porque marca la "primera hoja de ruta contra la pobreza infantil", pero explica a Público que le hubiera gustado "algo más de ambición en algunas medidas específicas". Desde la organización apoyan una ayuda a la crianza a las familias con hijos e hijas que sea universal: "En primer lugar, porque es mejor prevenir la pobreza que repararla, es más eficiente, es menos costoso", indica.

"En segundo lugar, porque también en la mayoría de los países europeos el apoyo a la crianza se entiende como una cuestión universal a la que tienen que tener acceso todas las familias con hijos e hijas; y porque se trata de corregir una de las principales disfunciones de nuestro sistema de apoyo a las familias y a la infancia", señala Elu.

La ONG Educo también defiende la implementación de esta ayuda a la crianza desde los cero hasta los 18 años, edad que establece Naciones Unidas en la que finaliza el periodo de infancia. "Es una medida que impactaría en la economía de las familias más vulnerables; y, además, por los datos de pobreza, tener hijos e hijas penaliza, las familias con niños y niñas son más pobres que los que no lo tienen", apunta Macarena Céspedes, directora de Incidencia e Investigación de esta organización.

Céspedes señala que esta prestación no entra en la Garantía Infantil Europea y explica que este programa estatal debería llevarse al plano autonómico. Asimismo, la directora de Incidencia de la plataforma añade dos medidas que pide el programa europeo y que no atiende el Ejecutivo de Pedro Sánchez: "Pedimos que los niños y niñas más vulnerables accedan al comedor escolar; y que todos los niños y niñas de cero a tres años puedan acceder a una plaza en una guardería pública".

2. Derecho a una alimentación saludable: Becas comedor

Un estudio señala que el 13,3% de los hogares españoles experimentan inseguridad alimentaria. Estas cifras se traducen en más de 2,5 millones de familias y más de seis millones en toda España. A esta espiral de pobreza se suma el aumento de las colas del hambre con más de un millón y medio de personas tras el impacto de la pandemia. Se trata de otra de las cuestiones olvidadas que se suman al cajón de tareas pendientes por abordar del Gobierno.

Por ello, desde la plataforma de Educo indican que "el comedor escolar es una herramienta, un espacio enclave de derechos". "Hace falta asegurar que los niños y niñas más vulnerables accedan al comedor escolar como una medida para garantizar que una vez al día comen saludable; para que las familias puedan conciliar mucho mejor sin un coste elevado que supone el comedor escolar y para que el niño o niña permanezca en un entorno con compañeros y siga aprendiendo", agrega Macarena Céspedes.

En el caso de Laura (nombre ficticio) sus ingresos económicos no le alcanzan para llegar a final de mes y llenar la cesta de la compra. Ella, víctima de violencia de género, es madre de dos hijos, uno de tres años y otro menor de apenas un mes. Con 33 años, es madre soltera y no recibe ninguna ayuda del Gobierno. "Solo recibo de los asistentes sociales y alguna vez me hacen un ingreso de 250 euros al año, pero con 630 euros que pago de alquiler, con mi madre viviendo y los dos niños, no me llega", explica la joven.

Laura cuenta a Público que es "horrible" criar a dos hijos con pocos recursos y recalca que es muy difícil salir adelante por la falta de ingresos económicos y una orden de alejamiento contra el progenitor de su segundo hijo, que agrava aún más su situación. La madre recibe protección oficial por esta orden, pero la cobertura en el tema económico brilla por su ausencia: "Es muy difícil vivir de ayudas, me da vergüenza".

La situación de Laura se vuelve más vulnerable. La joven vive de alquiler, pero sus ingresos económicos por su empleo no mantienen su familia con cuatro personas en su hogar. A este hilo, la madre relata que su contrato de alquiler vence este septiembre y se encuentra a la espera de que su asistente social le comunique noticias sobre su nuevo hogar el próximo mes o que al menos, al contar con un recién nacido, se prolongue el contrato un año más.

Con la voz temblorosa, detalla que tiene que pedir ayuda a varias asociaciones respecto a las necesidades de comida y cuidados de sus hijos. La joven considera que tiene suerte porque "si te conocen, pueden ayudarte un poco más con la comida". La madre sobrevive con las donaciones de comida de varias asociaciones: "Me dan tres botes de leche al mes, no te llega en un mes, no". Además, respecto a la cobertura de los pañales, explica "que no te llega, solo te dan dos paquetes al mes" e indica que ha notado un descenso en las ayudas: "Siempre te dicen que es por lo de Ucrania".

El presidente del Banco de Alimentos Infantiles, José Antonio Abad, también concuerda con este aspecto. Abad también se ha percatado de una caída en las cantidades del suministro de alimentos a las familias vulnerables desde hace dos años, cuando llegó la pandemia a la Península y a todos los rincones del mundo. Respecto a este aspecto, aclara que ocho potitos de recién nacidos son los alimentos que recibe al año una familia, y se distribuyen en los dos semestres. "Nosotros pedimos este semestre para diez bebés y 70 adultos, pero nos dieron 48 potitos", indica Abad, quien lamenta que no toca ni a una persona por tarro.

3. Violencia de género, el rostro de la pobreza

Mayte Pocero de la Cruz también es víctima de violencia de género. Tiene 53 años y es madre de Ruth —de 23 años— y de Irene, que tiene 13 años. Su situación con el progenitor de su segunda hija la arrastró a una con apenas recursos para hacer frente a la crianza de las dos menores, sin una pensión alimenticia, sobreviviendo a base de subsidios y "capotes" de su tía. "Más o menos levantamos ahora un poco la cabeza y tampoco lo hacemos, te siguen dando mazazos", confiesa la madre, mientras fija su mirada en el suelo.

Mayte empezó a llamar a la policía cuando nació Irene ante las amenazas de quien fue su marido: "Ella tenía apenas un mes y me dijo que iba a saltar de un quinto con la niña", explica. Años más tarde, la situación continuaba por el mismo hilo: "Era acoso en el colegio, acoso en la puerta de la casa, acoso por teléfono, acoso en todos lados". La respuesta de los agentes policiales: "nada". "No tomaban medidas, nada, nada, nada", insiste.

Hasta que consiguió dos órdenes de protección social —con la característica lentitud burocrática— y el Ayuntamiento le concedió una vivienda social de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). Pero, en desempleo y con disponibilidad inmediata, pregunta a Público: "¿Cómo yo me pongo a trabajar? ¿quién te va a contratar?". 

"Siempre de una forma u otra he ido saltándome a piquitos y a la familia, pero, con 400 euros de una pensión no contributiva una familia no vive, lógicamente", recalca Mayte. Pocero de la Cruz se siente abandonada. "Tú no puedes estar esperando un ingreso mínimo de carácter urgente para personas que no tienen nada o tienen muy poquito", confiesa de manera tajante.

Es más, se califica a ella misma como "el mejor ejemplo del abandono por parte de las administraciones". "Las administraciones públicas no sirven para nada ni el Estado ni las comunidades autónomas, al final de quien tiras es de asociaciones vecinales y de otras historias", continúa.

4. Primer ciclo escolar

Ambas organizaciones coinciden en la implementación del Gobierno por incorporar más plazas e instalar más guarderías públicas para abordar el primer ciclo escolar al que muchos niños y niñas no acceden. "El plan de acción contempla un aumento de las plazas, pero queda por ver si ese aumento va a ser suficiente para que la educación de cero a tres años sea realmente un derecho al que tengan acceso todos y todas los niños y niñas, particularmente los que están en situación de pobreza", explica el especialista en pobreza de Save The Children.

"Tenemos que hacer el esfuerzo de no tratar la pobreza como un todo, de ponerle cara; nadie nace pobre, estamos hablando de desahucios, de pérdidas de empleo, de situaciones de monomarentalidad, es importante explicar estos puntos de inflexión", añade Elu.

La directora de Incidencia de Educo alerta sobre las pocas plazas en el primer ciclo escolar: "Se tienen que redoblar los esfuerzos, se tiene que garantizar la calidad". Céspedes indica que un 95% de los niños y niñas acuden a la educación infantil, "pero el gran problema está entre los niños de cero a tres años que no accede a estos servicios y atención".

"Creemos que es fundamental que los niños desde pequeños estén en entornos educativos, en entornos de desarrollo, en entornos protectores que les ayuden a desarrollarse y además está demostrado que en estas primeras etapas de vida, la herencia transgeneracional de la pobreza tiene un mayor impacto. El eje prioritario tiene que poner en el centro a aquellos que lo están pasando francamente mal, que necesitan un cambio ahora, que no pueden esperar, que lo necesitan ahora", continúa Céspedes.

Una cuestión a la que se suma también el director de Programas Benjamín Ballesteros de la Fundación ANAR. "Es verdad que los menores de edad no pueden votar, pero son sin duda nuestro futuro, tenemos que prestar una mirada muy atenta; un niño que crece con déficit de recursos va a tener problemas en su etapa adulta", alerta Ballesteros. Por ello, el director de programas de la organización recalca la importancia de proteger a los menores de estos entornos de vulnerabilidad.

Ballesteros ha puesto la alerta sobre la inseguridad que sufren los menores en España, sobre todo, por el aumento de las peticiones de ayuda en el Teléfono ANAR y en su Chat ANAR que atiende a todo el territorio. Cada año los informes de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística reflejan una brecha que no parece reducir su expansión a lo largo del territorio y que se recrudece bajo las consecuencias del impacto de la pandemia. 

"De los 16.500 casos que atendimos el año pasado, el 6,6% padecía pobreza infantil dentro de su entorno familiar, en concreto, son 1.083 casos que pudimos identificar", explica el director. "Decimos que somos la puerta de entrada al sistema de protección porque mucha gente no sabe a dónde acudir, qué ayuda solicitar y nosotros les redirigimos —independientemente del lugar geográfico— a aquel recurso que existe al que pueden solicitar ayuda".

Ballesteros mira con ilusión el nuevo plan presentado por el Ejecutivo, lo considera un "gran paso", pero señala atentamente que "el interés superior de los menores tiene que estar por encima de otro tipo de interés": "Tenemos que evitarlo, tenemos que protegerlos".