El presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, ha decidido no entregar a Vox los datos solicitados por este grupo este lunes en el Parlament, que incluían las ayudas concedidas a colectivos y asociaciones LGTBI, así como datos pormenorizados de todas las personas de ese colectivo que imparten cursos a menores, incluidos sus antecedentes penales, nombres y apellidos, su formación y los contratos firmados. Por el contrario, afirmó Morera, esta petición del grupo ultraderechista será enviada este miércoles a la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación por si fueran constitutivos de delitos. 

Pare Morera, tramitar estos datos solicitados podría iniciar "una causa general contra un colectivo de personas y entidades por una cuestión de orientación sexual y afectiva, protegida constitucionalmente, por la legislación vigente y por los tratados internacionales adoptados por el estado español".

Tanto el president del Parlament, como el president de la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, han negado que vayan a trasladar la información solicitada por el grupo de ultraderecha, tal como lo había solicitado este lunes la diputada Vox, Ángeles Criado, que en su escrito se cuestiona "en manos de quién dejamos a nuestros pequeños y el adoctrinamiento al que pueden haber sido sometidos".

"Estos son los disparates que Vox hace para darse publicidad a golpe de titular", afirma Público Toño Abad, director del Observatorio valenciano contra los delitos de odio. Esta entidad está estudiando, también, elevar un escrito a la Fiscalía contra delitos de Odio de Valencia que dirige desde hace un par de meses Susana Gisbert.

Para este activista asociar a las personas LGTBI que se dedican a atender a los menores en el ámbito escolar con la afirmación de que "no se nos puede dejar cerca de los menores, es una forma de discriminación y de estereotipo gravísimo". "Que le pregunten a la iglesia católica con cuantos menores están y que cuántos casos ocultan. Que se preocupen de eso que sí son casos reales donde ha habido abusos y daños a personas a menores a los que les han hecho la vida imposible", afirma Abad.

"Lo que está claro es que hacer listas de personas nos retrotrae a esos tiempos en que ser LFTBI te suponía pena de cárcel e incluso la muerte. eSta extrema derecha, que ha tenido acceso a esas instituciones, qu eva a usar esa informacón para dañarnos, no nos cabe duda.

Este martes, Ximo Puig, afirmó que "no vamos a seguir el juego a esta situación de barbarie que se está transmitiendo, es muy peligroso". "No hay que dar ni un paso atrás. El problema es que esos derechos que se habían asumido por la sociedad, en este momento, están otra vez poniéndose en cuestión".

Violencia de género y derechos LGTBI

La petición de información de Vox en el Parlament Valencia, así como las declaraciones de Rocío Monasterio, que este lunes relacionaba las fiestas del Orgullo con "un espectáculo que denigra la dignidad de las personas",  hacen hincapié en dos de los temas preferidos de la formación de ultraderecha: la violencia de género y las derechos de las personas LGTBI.

Otra de las peticiones realizadas por la formación ultra en el Parlament ha consistido en exigir datos sobre la "violencia intrafamiliar". Entre otras cosas pedía estadísticas pormenorizadas sobre violencia de hombres hacia mujeres y de mujeres hacia hombres y que todos los datos estuvieran desagregados por sexo, edad, nacionalidad de los agresores o país de origen. Vox ha hecho bandera en lo que considera que la mayoría de las agresiones de genero están perpetradas por extranjeros, cosa que desmienten las estadísticas.

En este sentido Puig afirmó esta martes que "de la ultraderecha solo puede esperarse medidas de ultraderecha. El problema es que hay otros partidos de la derecha democrática que hacen seguidismo de estas actuaciones", ha expresado en referencia a PP y Ciudadanos. "Por tierra mar y aire vamos a combatirlo", ha afirmado.